En el marco del Primer Informe del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán, el diputado Manuel Antúnez Oviedo dio a conocer que el Congreso del Estado pasó de un 72% en 2009 a un 100% en 2010 de porcentaje de cumplimiento de las obligaciones relativas a la publicación de información de oficio en el sitio de internet oficial.

El presidente del Comité de Atención de Asuntos de Acceso a la Información Pública, Antúnez Oviedo, indicó que en la construcción y consolidación de toda democracia la transparencia juega un papel toral, “es por esa razón que en esta legislatura hemos apostado a la consolidación de la transparencia, derecho de los ciudadanos y obligación de los servidores públicos”.

Al dar la bienvenido a los asistentes y al los miembros del presídium, integrado por Iván Madero Naranjo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ricardo Villagómez Villafuerte, Consejero Presidente del ITAIMICH (Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán), Martha Patricia Acevedo García, Consejera del  ITAIMICH, Miguel Castillo Martínez, Presidente COMAIP (Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública) y Javier Rascado Pérez, Coordinador de la Región Centro Occidente de la COMAIP, Manuel Antúnez precisó que el sitio Web del Congreso tiene actualizados al día los rubros de Marco Jurídico Estatal, Iniciativas de ley, Dictámenes, Acuerdos Legislativos, Decretos, Actas de Sesión, Gaceta Parlamentaria, Diario de Debates y Listas de Asistencia al Pleno, “lo que nos permite cumplir a cabalidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al mismo tiempo reducir considerablemente las solicitudes de información” acotó.

A causa de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el pasado 23 de diciembre, una empresa puede ser penalmente responsable, no sólo de los delitos cometidos por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho, sino también por sus empleados como consecuencia de no haberse ejercido sobre ellos el “debido control”. Ahora la duda es cómo ejercer ese control sin perjudicar la privacidad de los trabajadores.

Por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico se prevé la posibilidad de que una persona jurídica sea responsable de determinados delitos, y no sólo cuando son cometidos por las personas que ostenten representación legal, sino por el personal sometido a su autoridad en los supuestos en los que no se haya ejercido del “adecuado control”. Se trata de una extensión de la “culpa in vigilando” propia del ámbito civil al “ámbito penal”. Este hito marca un antes y un después para las empresas, a la hora de definir sus políticas de control y vigilancia de sus trabajadores. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal lo que antes era un derecho para las empresas, ahora es una obligación.

La duda principal es cómo dotar de contenido al concepto jurídico indeterminado “debido control”, sin perjudicar la privacidad del trabajador. Para ello, las empresas deberían diseñar un plan de prevención,-que en los ordenamientos jurídicos de ámbito anglosajón se denomina “corporate compliance”-, que permita ejercer su derecho y deber de control del empleado y que, a su vez, no vulnere lo previsto en la leyes que regulan la privacidad, en especial la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), que vela por la protección de datos de los consumidores en Francia, anunció hoy que investigará a Sony para esclarecer el intento de robo informático de datos de usuarios de sus sistemas PlayStation Network (PSN) y Qriocity.

PSN es un entorno interactivo en línea al que se accede con las consolas PlayStation3 y PSP, en el que múltiples usuarios pueden utilizar videojuegos en red, navegar por internet o descargar contenidos multimedia, mientras que Qriocity es un sistema de descarga y reproducción de películas y música.

Sony afirmó hoy que los datos bancarios de los usuarios de la plataforma de videojuegos en línea están encriptados e insistió en que, por ahora, no hay pruebas de que hayan sido robados.

Según datos acumulados por el gigante tecnológico hasta marzo, hay en torno a 75 millones de cuentas de PSN abiertas en todo el mundo, a las que habría que sumar las de Qriocity, lanzado en 2010.

El CNIL francés tiene potestad para imponer desde advertencias públicas hasta sanciones financieras que pueden alcanzar los 150.000 euros, recordó el diario.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos también ha abierto una investigación de oficio sobre Sony.

Según la organización de consumidores FACUA los datos de 300.000 españoles podrían estar comprometidos.

FUENTE: www.google.com

Como parte de su reestructuración interna, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) creó la Secretaría de Protección de Datos Personales y seis nuevas direcciones generales.

Lo anterior tras aprobar cambios a su Reglamento Interior, lo que representa un cambio en su estructuración orgánica y operativa, para responder a las nuevas atribuciones que le otorgó el Congreso de la Unión en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.

El IFAI informó que las modificaciones fueron aprobadas por el Pleno del Instituto el 25 de abril pasado y entraron en vigor este viernes 29 de abril, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con estos cambios, se crea la Secretaría de Protección de Datos Personales que tendrá atribuciones de coordinación, supervisión, sustanciación, participación, colaboración, coadyuvancia y vigilancia, entre otras, todas ellas detalladas en 25 fracciones del artículo 24 BIS del Reglamento Interior.

La nueva Secretaría coordinará y supervisará los proyectos normativos en materia de protección de datos personales derivados de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, los cuales someterá a consideración del Pleno.

El senador DC Jorge Pizarro hizo un llamado a las autoridades para que respalden el proyecto de reforma constitucional “que consagra en la Carta Fundamental el resguardo y la protección de los datos personales” y crea una agencia que se encargue del tema.

El legislador y autor de la iniciativa señaló que dicho cuerpo legal se encuentra listo para su estudio en la comisión de Constitución del Senado y establece que “toda persona tiene derecho a controlar la información que le concierne, de modo de obtener un adecuado resguardo a sus derechos fundamentales”.

En tanto, respecto a la tramitación de la reforma, el senador comentó que existen diversas fuentes que muestran que la actual legislación “necesita modificarse, y ser adaptada a las reales necesidades nacionales e internacionales de protección de datos personales”.

“Tanto la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, han expresado que Chile debe mejorar la protección del tratamiento de datos personales, explicitando su protección y creando una Agencia de Protección de Datos, entre las principales modificaciones”, añadió.

El senador indicó que en la iniciativa este derecho a la protección de datos personales se define como Habeas Data, que es un derecho que asiste a toda persona a solicitar administrativamente y judicialmente la exhibición de registros o bases de datos -públicos o privados- en los cuales estén incluidos los datos personales o de su familia, para tomar conocimiento de su exactitud, solicitar su rectificación, superación, complementarlos o solicitar su reserva.