En el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, Martín Faz Mora documenta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doce agravios en su contra al acusar a los diputados, entre otras cosas, de manipular el proceso y de no cumplir con la sentencia emitida por ese Tribunal.
En el recurso promovido, señala a los diputados de violar además, preceptos contenidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del estado de San Luis Potosí, la Ley Estatal Electoral, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la convocatoria para elegir a los consejeros.
El juicio contenido en 27 cuartillas, desarrolla cada uno de los agravios sufridos y hace énfasis en el hermetismo y opacidad en que actuó la Comisión Especial para la Reforma del Estado, lo que permitió el manipuleo de los expedientes de los aspirantes.
Señala que los diputados eligieron a personas que no cumplieron con el perfil idóneo y emitieron calificaciones absurdas e inequitativas.
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Un informe técnico concluyó que la sentenciacondenatoria contra C.A. EL UNIVERSO, sus directivos y el exeditor de Opinión,Emilio Palacio, en el juicio que por injurias calumniosas sigue el presidente Rafael Correa, no fue elaborada en la computadora del Juzgado de primer nivel, sino en otro equipo, y que luego fue copiada desde un dispositivo de memoria externa, como un pen drive, CD o disco duro externo.
Los resultados son parte del análisis que se hizo a la copia del disco duro del computador del Juzgado 15º de Garantías Penales del Guayas que tramitó la causa en primera instancia. La labor estuvo a cargo de un consultor privado contratado por la defensa de este Diario.
El procurador judicial, Joffre Campaña, divulgó ayer su contenido y manifestó que, aunque se trata de un informe preliminar, “nos lleva a conclusiones graves y espeluznantes”.
Campaña repasó las siete conclusiones del documento: 1) que el archivo con la sentencia no fue creado en el computador del Juzgado 15º de Garantías Penales del Guayas, 2) que dicho archivo fue creado en un sistema operativo ilegal diferente al que posee el equipo de ese despacho, 3) que fue redactado en una versión de Microsoft Word (programa) distinta a la que está instalada en la máquina del Juzgado, 4) que el autor del archivo no es el usuario registrado en el computador, 5) que el único archivo del disco duro que tiene a un usuario diferente es el que creó la sentencia, 6) que una unidad de almacenamiento externo fue conectada a la máquina, y 7) que la creación de tal archivo se registró cuatro minutos después de que se cargara el dispositivo de memoria externa en mención.
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La Secretaría de Cultura, Artes y Deportes (SCAD), durante el gobierno interino gastó más de 120 millones de lempiras, suma que rebasó los ingresos de la institución que correspondían en ese entonces a 115 millones 560 mil 617 lempiras.
Lo anterior es parte de las conclusiones que se desprenden de una investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en donde sus autoridades hasta hace unos días reveló el informe en poder de LA TRIBUNA. Las investigaciones se realizan desde hace un año y una vez concluido el informe informaron a las actuales autoridades de la SCAD.
“Hemos auditado la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 27 de enero de 2010, y los correspondientes a los años terminados a diciembre de 2009, cuya auditoría cubrió el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 al 27 de enero de 2010 y de la cual emitimos nuestro informe”.
Así se lee en la nota oficial enviada al actual ministro de Cultura, Bernard Martínez por la jefe del departamento de auditoría del TSC en el Sector Social, Martha Cecilia Rodríguez.
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Compañeras y compañeros universitarios
Honorables miembros del Consejo Universitario General
Apreciados invitados especiales; agradezco, sinceramente, que estén con nosotros.
Señoras y señores:
Éste es el momento de cumplir con mi obligación establecida en la Ley Orgánica de la Universidad, de rendir el Segundo Informe de mi gestión ante este Honorable Consejo Universitario General. Lo hago de manera respetuosa y aprovecharé la ocasión para plantear algunas consideraciones sobre la situación de la Universidad Veracruzana, las cuales someto a su análisis y discusión, con el fin de que encontremos las razones para seguir el camino que juntos hemos compartido a lo largo de estos años.
En virtud de nuestra responsabilidad social, deseo que con la misma actitud crítica de los universitarios, los diferentes sectores de Veracruz, los gobiernos federal y estatal, otras instituciones y organismos públicos y privados, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, examinen y valoren con objetividad el esfuerzo de la comunidad universitaria y el momento de desarrollo que vive nuestra casa de estudios.
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Las promesas electorales de Arnaldo Samaniego van cayendo en un barril sin fondo. Había dicho que mejoraría las áreas verdes de la Capital “con recursos propios” en los primeros cien días. Sin embargo, los espacios verdes de Asunción son poco menos que sitios que parecen bombardeados y están convertidos en vertederos de basura.
Durante su campaña, acompañado de un equipo que prometía muchísimo y con materiales rimbombantes que hacían alarde de la última tecnología, Arnaldo Samaniego había prometido dar un “sello ambiental” a su gestión. Dijo que se iban a mejorar las áreas verdes en los seis distritos de Asunción con “recursos propios”.
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Pasaron ocho meses y las plazas de la Capital dan vergüenza ajena: bancos sin pintura, basura, hamacas rotas, veredas destrozadas, nula iluminación y jardines abandonados.
Samaniego no ha cumplido aún con su promesa de potenciar las plazas y parques, hasta alcanzar los 7,5 metros de espacio verde por habitante que aseguró se tendrían a sus primeros 100 días de gobierno.