Imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio Público (MP), a las que Prensa Libre tuvo acceso, revelan una supuesta vinculación de amistad y trabajo entre Ronald Otto Valvert Mejía, esposo de una de las juezas que absolvieron al ex presidente Alfonso Portillo, con Telésforo Guerra, defensor de este
En la filmación también transmitida ayer por el noticiero Guatevisión se observa cuando el 6 de abril último Guerra ingresa en el MP y luego lo hace Valvert, a las 8.25 horas. Valvert es esposo de la jueza vocal del Tribunal Undécimo, Patricia Anabella Veras Castillo —quien leyó la sentencia absolutoria—. La otra juzgadora que absolvió a Portillo es Coralia Contreras; la jueza presidenta, Morelia Ríos, razonó su voto al juzgar que Portillo sí era responsable.
También se ve cuando los abogados ingresan en el elevador para trasladarse al séptimo piso del edificio, en donde se encuentra la Fiscalía de Delitos Económicos.
Los registros de ingreso y egreso de visitas de esa unidad establecen que ambos se dirigieron a una de las agencias, donde aseguraron ser los abogados defensores de una persona a quien se le sigue un proceso por defraudación. Después de 22 minutos salieron de la Fiscalía.
Esto es parte de las dudas que existen sobre la imparcialidad del tribunal que absolvió a Portillo, ya que la jueza Veras, si sabía que su esposo litigaba junto a Guerra, debió inhibirse del caso.
Prensa Libre intentó comunicarse ayer con Valvert y Veras a los números registrados en la guía del Colegio de Abogados, pero no hubo respuesta. También se le esperó en el Tribunal, pero no llegó por ser el Día de la Madre.
Guerra tampoco contestó su teléfono celular ni los números de su oficina, y tampoco se presentó a los tribunales.
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Las cámaras de seguridad disparan el debate acerca de del derecho a la intimidad, protegido por la Constitución y el Código Civil, que castiga a quien “se entrometiere arbitrariamente en la vida ajena”.
Su utilización creció fuertemente en todo el mundo, especialmente en países que fueron víctimas del terrorismo internacional, como Estados Unidos, España y el Reino Unido. Otros países son más cuidadosos: en Nueva Zelandia, antes de instalar una videocámara se realiza una consulta a la comunidad.
En la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, a través de su Centro de Protección de Datos Personales, examinó la aplicación de la ley 2602, que autorizó al Estado a instalar las cámaras. Uno de los requisitos ineludibles es que los ciudadanos deben ser advertidos con cartelería acerca de la presencia de una cámara, pero no siempre se cumple. Además, la Defensoría pidió al Gobierno porteño –sin éxito– que le informe cuáles son los estudios previos que se realizaron para elegir la ubicación de las cámaras.
Entre los abogados penalistas hay opiniones encontradas. “El tránsito de una persona por un lugar público no implica una renuncia total a su intimidad. Existen formas más eficaces de prevenir el delito”, dijo Pablo Slonimsqui. Para Adrián Tellas, “las cámaras cumplen el mismo rol que antiguamente cumplía el policía de la esquina. Su validez como prueba está aceptada”.
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Son las que el Gobierno porteño tiene en calles, plazas y parques. Con las imágenes han detectado robos, casos de punguismo y venta de drogas. Así, aportan evidencias para cinco causas por día.
omo varias ciudades del mundo, Buenos Aires se está convirtiendo en un lugar vigilado . Sin el traspaso de la Policía Federal, y con las limitaciones presupuestarias y de tiempo para ampliar más rápidamente la Metropolitana, el Gobierno porteño está apostando fuerte a la tecnología . En las calles porteñas ya funcionan 750 cámaras de seguridad, para fin de mes serán 1.000 y a fin de año el doble. Mientras muchos cuestionan que las cámaras violan el derecho a la intimidad, el Gobierno asegura que gracias a la tecnología logró aportar imágenes como pruebas en más de 2.000 causas judiciales por delitos .
Es que las cámaras, literalmente, ven todo. Los delitos más vistos van desde un robo a un auto hasta un punguista metiendo la mano en un bolsillo ajeno, pasando por agresiones físicas o venta de drogas. También permiten identificar al culpable de un accidente vial, seguir a un sospechoso a medida que camina por la calle, o ver quién viaja en un auto.
Ya hubo casos concretos. Las cámaras porteñas detectaron punguistas en la peatonal Florida, ladrones en la plaza Retiro y hasta permitieron obtener información para realizar un operativo antidrogas en la villa 31. En el Conurbano, donde también hay cada vez más cámaras, hasta las usan para detectar a quienes sacan la basura fuera de horario.
La decisión de aumentar las cámaras en las calles se tomó al inicio de la gestión de Macri, como respuesta al permanente reclamo de los porteños de más seguridad . La idea es que las cámaras permitan atender también otras emergencias, como incendios o derrumbes. Por eso, el sistema funciona con dos centros. El Centro de Monitoreo está en una de las dependencias la Policía Metropolitana, en Barracas. El segundo es el Centro Unico de Coordinación y Control (CUCC), inaugurado el lunes.
La licitación fue ganada por la empresa Indra, que le cobra a la Ciudad US$ 5.000.000, en 48 cuotas por las cámaras (cuestan hasta US$ 1.000 cada una) y el software. Los equipos pueden captar imágenes hasta 300 metros de distancia, a 360 grados en dirección horizontal y 180 en vertical. Por ley, el Gobierno está obligado a guardar las grabaciones durante 60 días , por si la Justicia las pidiera. De hecho, la Ciudad responde unos cinco escritos judiciales por día.
La ubicación de las cámaras se decide en base a diferentes criterios. Por un lado, las zonas más transitadas, como la peatonal Florida, la esquina de Córdoba y Callao, el área turística de La Boca, Once, Retiro, Constitución, la General Paz o la Avenida de Mayo. También se las instala en los grandes espacios públicos, como los parques Lezama, Thays, Centenario o la Plaza de Mayo. Además las colocaron en algunos lugares que la Ciudad quiere controlar especialmente, como el Distrito Tecnológico de Parque Patricios o los alrededores de la estación Núñez, donde hubo varias violaciones.
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En el Conurbano, la mayoría de las cámaras de seguridad comenzaron a instalarse hace casi dos años, a partir del Programa Nacional de Protección Ciudadana. Los 21 distritos relevados ayer por Clarín suman 2.784 cámaras en funcionamiento, que se monitorean desde los Centro de Operaciones Municipales. Trabajan en red con la Policía, las fuerzas municipales, bomberos y Defensa Civil para intervenir antedelitos y emergencias . Pero también existen casos como el de San Martín, donde aprovechan las 140 cámaras para multar a los vecinos que sacan la basura fuera del horario permitido.
Tigre había empezado un año antes con un plan municipal, y en la actualidad es el más monitoreado, con 550 cámaras instaladas y el plan de llegar a 800 este año. “Nos permite resolver una gran cantidad de delitos, porque las imágenes quedan grabadas durante 30 días. Pero también tener una mirada integral sobre la seguridad vial, los siniestros”, describe Diego Santillán, secretario de Protección Ciudadana. Y agrega: “En 2010, el CESVI informó que el robo automotor en Tigrebajó en un 32% ”.
En Almirante Brown, con 100 cámaras en funcionamiento y el plan de llegar a 205, la mirada está puesta en una tarea preventiva . “Acá están prohibidos los trapitos, y las cámaras nos sirven para actuar cuando los detectamos. En los Centros Comerciales hemos encontrado mecheras (mujeres que roban ropa), o gente vendiendo marihuana en la esquina de un colegio”, describe Marcelo Fila, subsecretario de Seguridad y destaca que cuentan con la asistencia de un helicóptero para hacer patrullaje aéreo.
En San Miguel tienen 75 cámaras instaladas, y el objetivo de sumar 30 más. “Tenemos una cantidad sensiblemente menor a la de Tigre, por eso trabajamos con un objetivo estratégico que aprovecha las barreras naturales de nuestro partido, que son Campo de Mayo y el río Reconquista, y nos concentramos en las entradas y salidas para evitar secuestros o robos a viviendas ”, explica Max Perkins, secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano. Y aprovechan las cámaras instaladas sobre la calle Tribulato, donde se concentran bares y boliches, para controlar el cumplimiento de la ley de nocturnidad y el tope de horario de ingreso a los locales.
Morón es uno de los pocos municipios con sistema, software, cableado y red propia. “No contratamos a ninguna empresa y el estado municipal es el único dueño de las imágenes”, resume Diego Spina, secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana.
FUENTE: www.clarin.com
En las imágenes de las cámaras de seguridad de la joyería “Diamante Perú” se observa como tres delincuentes asaltaron el último jueves el establecimiento ubicada en la tercera cuadra de la avenida La Paz, en el distrito de Miraflores.
Los delincuentes ingresaron con gorros, chullos y lentes para no ser identificados. Se llevaron collares, anillos, pulseras y relojes de oro y plata, que estarían valorizadas en más de 35 mil dólares, según el noticiero América Noticias.
También se observa cuando el dueño del establecimiento se quedó sorprendido por el robo y dio aviso al serenazgo del distrito.
FUENTE: trome.pe