Hace más de un año que fue rechazado por cuarta vez. El proyecto para implantar un sistema de videovigilancia en Puerto Banús impulsado por el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella seguía presentado deficiencias, a juicio de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Tras el enésimo revés, el colectivo empresarial descartó corregir una vez más la documentación y apostó por elaborar una nueva propuesta que cumpliera todos los requisitos demandados por la Administración central. El objetivo era comenzar a trabajar en el nuevo proyecto una vez pasada la temporada estival, pero nueve meses después la iniciativa de instalar una decena de cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad en el recinto portuario se mantiene en pausa.
«Estamos estancados» reconoce el presidente del CIT, Juan José González. La asociación busca financiación para acometer la redacción del proyecto, así como una empresa que asuma los trabajos. La mercantil que elaboró la anterior propuesta, que se remonta a 2005 -cuando Marisol Yagüe era alcaldesa de Marbella-, no se encuentra ya entre los asociados del colectivo. «Por el momento no hay ninguna entidad dispuesta a realizar el proyecto de manera gratuita, a pesar de que no tendría un coste muy elevado», apunta González, que destaca que el problema esencial no radica en los gastos, sino en la disponibilidad de los asociados del CIT. «Es más una cuestión de tiempo que de dinero», señala el representante empresarial.
El colectivo, en cualquier caso, no se plantea renunciar a la iniciativa. «Seguimos pensando que se trata de un proyecto importante que resultaría muy beneficioso para que un enclave como Puerto Banús no tienda a degradarse», asegura González. La asociación mantiene que la puesta en marcha de un sistema de videovigilancia contribuiría a reforzar la seguridad de un recinto que recibe al año más de cinco millones de visitantes. «No cejamos en nuestro empeño», señala el presidente del CIT, que explica que, «aunque la situación de Banús ha mejorado mucho en los últimos años, consideramos que no hay que relajarse y seguimos apostando por este proyecto, que ayudará a que no se reproduzcan tendencias anteriores».
El exalcalde de la Vall d’Uixó, el socialista Josep Tur, aseguró que se muestra “satisfecho” después de que la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules haya decretado el archivo del caso de la cámara oculta que se instaló en la primera planta del ayuntamiento a finales del 2004.
La publicación de unos datos de carácter personal de un miembro de la Policía Local que solo constaban en su expediente personal originó la colocación de la cámara de videovigilancia en el hall del ayuntamiento.
Para Tur “la jueza ha sido contundente porque no se había cometido ningún delito”. El ex alcalde del PSOE añadió que la jueza ha entendido que la cámara “enfocaba solo la puerta y en ningún momento se ha atentado contra la intimidad de nadie”.
La propia sentencia explica que “tras la publicación de unos datos de carácter personal de un policía local de la Vall d’Uixó, se inició por parte del alcalde, la concejala de Interior y el intendente, con el conocimiento del oficial mayor, una investigación interna, a fin de aclarar lo que estaba sucediendo con los expedientes personales que fueron desvelados”.
El auto apunta que “no es posible afirmar que la voluntad de los acusados estuviera caracterizada por el deseo o la intención de vulnerar la intimidad de nadie”.
La sentencia aclara que la cámara se instaló “en sitio público”, se enfocó directamente a la puerta del despacho donde se encontraban los expedientes y el horario de conexión era de ocho de la tarde a ocho de la mañana. Por ello, “no concurren elementos para tipificar la conducta de delito de descubrimiento y revelación de secretos y procede decretar el archivo”.
FUENTE: www.elperiodicomediterraneo.com
El manejo de los datos personales de las grandes empresas de telecomunicaciones, las grabaciones en la vía pública por cámaras de vigilancia y la privacidad de los usuarios se consolidaron en 2010 como principales campos de actuación de la Agencia Española de Protección de Datos. Durante el año pasado, este organismo llevó a cabo 4.302 investigaciones, ya fuese a raíz de denuncias privadas o iniciadas de oficio. Entre estas, se iniciaron 767 procesos sancionadores de los que 591 finalizaron con la imposición de multas, que en su conjunto sumaron 17,4 millones de euros. Además, la Agencia recibió 1.642 solicitudes de ciudadanos para la tutela de sus derechos de acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos.
Los ámbitos de actividad que recibieron un mayor número de reclamaciones fueron las telecomunicaciones, con 1.170 investigaciones, la videovigilancia (819), las entidades financieras (691) e Internet (168). Este último campo es uno de los que más se ha visto incrementando en los últimos años, una tendencia que continuará en aumento, según alerta el director de la Agencia, Artemi Rallo, dados los continuos avances tecnológicos que experimenta el sector. Las redes sociales, la difusión de datos en foros o blogs, vídeos subidos a plataformas sin permiso de los protagonistas o la suplantación de identidades en portales de contactos personales son algunos de las infracciones que han crecido en Internet a lo largo del año pasado.
Rallo ha querido destacar, igualmente, la vigilancia que se ha mantenido desde la Agencia a algunas de las grandes compañías del sector, como Google -en base a los datos personales que capta sin conocimiento del ciudadano mediante su servicio Street View- o Facebook y MySpace, ambas por la supuesta transmisión de datos de perfiles a anunciantes y otras empresas. Igualmente, el director ha avanzado la intención del organismo estatal de investigar el robo de datos que ha sufrido Sony en sus servicios online, y que según admitió la compañía podría haber afectado a 300.000 españoles, algunos de los cuales incluso habrían visto expuesta la información de sus cuentas bancarias.
La empresa catalana Artificial Intelligence Technologies (AITECH), spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y la multinacional japonesa Mitsubishi Electric Europe han desarrollado una plataforma de video vigilancia inteligente que incorpora importantes novedades respecto a los sistemas actuales.
El proyecto, bautizado con el nombre de Security, ha contado con el apoyo de ACC1Ó, la agencia para la competitividad de la empresa catalana del Departamento de Empresa y Empleo, a través del Programa de Núcleos de Innovación Tecnológica y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.
Una de las principales innovaciones de la plataforma Security es que permite contar y detectar el porcentaje de ocupación de personas o vehículos de un espacio en tiempo real.
Para la multinacional japonesa, el sistema se ha convertido en el estándar para controlar los sistemas de seguridad a nivel mundial
Además, el sistema permite determinar con una fiabilidad superior al 90% el flujo de movimiento de las personas y vehículos que se desplazan en un escenario concreto, como una gran superficie comercial o una vía para el tránsito de vehículos.
Otra novedad es que la plataforma incorpora un módulo de detección de caras en tiempo real. A partir de varias secuencias de vídeo tomadas por diferentes cámaras, Security utiliza parámetros biométricos para permitir la identificación de una persona en concreto, ya que explora, recupera y compara rostros con parámetros similares que se encuentran en una base de datos.
Gracias a este sistema de detección de caras, Security es capaz de localizar secuencias de vídeo grabadas donde aparezca un individuo, y de extraer la trayectoria global que ha seguido. Todo ello garantizando la protección de la intimidad de las personas cuando se encuentran en la vía pública mediante técnicas de encriptación avanzadas.
FUENTE: www.empresaexterior.com
El manejo de los datos personales de las grandes empresas de telecomunicaciones, las grabaciones en la vía pública por cámaras de vigilancia y la privacidad de los usuarios se consolidaron en 2010 como principales campos de actuación de la Agencia Española de Protección de Datos. Durante el año pasado, este organismo llevó a cabo 4.302 investigaciones, ya fuese a raíz de denuncias privadas o iniciadas de oficio. Entre estas, se iniciaron 767 procesos sancionadores de los que 591 finalizaron con la imposición de multas, que en su conjunto sumaron 17,4 millones de euros. Además, la Agencia recibió 1.642 solicitudes de ciudadanos para la tutela de sus derechos de acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos.
Los ámbitos de actividad que recibieron un mayor número de reclamaciones fueron las telecomunicaciones, con 1.170 investigaciones, la videovigilancia (819), las entidades financieras (691) e Internet (168). Este último campo es uno de los que más se ha visto incrementando en los últimos años, una tendencia que continuará en aumento, según alerta el director de la Agencia, Artemi Rallo, dados los continuos avances tecnológicos que experimenta el sector. Las redes sociales, la difusión de datos en foros o blogs, vídeos subidos a plataformas sin permiso de los protagonistas o la suplantación de identidades en portales de contactos personales son algunas de las infracciones que han crecido en Internet a lo largo del año pasado.
Según explicó Rallo, los españoles reclaman cada vez con mayor intensidad la posibilidad de ejercer un control sobre su información privada que se publica en la Red, incluido el de no aparecer en ella. El origen de estas situaciones se encuentra en la publicación de datos personales en boletines oficiales, medios de comunicación digitales, sentencias y diversos sitios web que luego los motores de búsqueda mantienen en su memoria y a los que se puede acceder a lo largo del tiempo.
FUENTE: www.hoy.es