Empresas de seguridad privada que trabajan en Jaén colaborarán estrechamente con la Guardia Civil para prevenir y resolver delitos que ahora asolan viviendas, negocios e infraestructuras. El Instituto Armado ha puesto en marcha en la provincia de Jaén el Programa Coopera, un sistema «de comunicación operativa» en el que se establece un modelo de relación entre la Comandancia, los puestos y las empresas del ramo, con canales de comunicación estable «que aseguren la relación en los diferentes niveles, así como los contenidos de las informaciones que deben intercambiarse, además de otros instrumentos que garanticen la continuidad y eficacia del apoyo mutuo», según ha explicado el comandante jefe de Operaciones de Jaén, Antonio García Reyes.
Cuestiones tan sencillas como que las empresas de seguridad o responsables de seguridad de las entidades que disponen de ese departamento informen a las autoridades de los robos que sufren, el 'modus operandi' de los ladrones, las rutas que siguen los delincuentes en sus fechorías y otros aspectos. A su vez, la Guardia Civil puede prevenirles ante delitos que están sufriendo negocios similares, informarles de las últimas innovaciones de los ladrones y ayudarles en tareas preventivas tanto contra delincuentes organizados como para evitar ponérselo fácil a chorizos eventuales.
La preocupación de las empresas del seguridad es evidente. Con la delincuencia disparada por la crisis, nada está a salvo. Por muy atornillado que esté. Un ejemplo está en las vías del tren: se han convertido una mina de cobre para los delincuentes. «Saben dónde tocar y dónde no, saben cómo sacar el metal. Y hacen muchos destrozos. Hasta llegan a interrumpir servicios por los sabotajes que causan en sus robos», dicen las fuentes consultadas. Se trata de auténticos especialistas.
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El conseller de Interior, Felip Puig, ha anunciado hoy la apertura de un expediente sancionador que podría comportar sanciones de entre 300 y 30.000 euros a los organizadores de la manifestación antisistema del pasado 1 de mayo en Barcelona, que según ha dicho, "no cumplió la ley".
"Se ha acabado la impunidad de los que atentan contra la propiedad privada o el orden público sin ningún tipo de consecuencia" ha afirmado Puig en Figueres, tras reunirse con el alcalde de esta ciudad para hablar de seguridad ciudadana entre otros temas.
El Departamento de Interior quiere que la cantidad final, que será impuesta tras el estudio pertinente de los expedientes durante dos o tres meses por parte de un funcionario público, sea equiparable a los desperfectos ocasionados y al gasto que supuso la operación del orden público durante la manifestación.
Puig ha considerado que durante la manifestación del pasado 1 de mayo no se garantizó el orden público, ni se organizó la protesta de manera ordenada para que estuviera dentro de la legalidad ni tampoco siguieron el itinerario acordado.
"Algunos de los manifestantes no estaban de broma, el Departamento de Interior tampoco", ha dicho el conseller, que ha anunciado que se aumentará hasta en mil efectivos el número de agentes policiales en las calles de toda Cataluña a partir de finales de junio.
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La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra ha expresado su "preocupación por la reducción de los servicios de protección a personas amenazadas por la banda terrorista ETA" y ha explicado que tiene información de que la Delegación del Gobierno en Navarra "se habría puesto en contacto con diversas personas amenazadas para comunicarles que los servicios de escolta se reducirían de manera drástica".
Así, según ha asegurado la asociación en un comunicado, desde el día 1 de junio "prácticamente todos los servicios de protección compuestos por dos escoltas y vehículo pasarán a ser realizados por un escolta".
La organización ha advertido de "los problemas de seguridad derivados de este tipo de iniciativas, además de la inquietud que se está generando en los profesionales de la seguridad privada en relación a su futuro profesional".
La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra ha defendido que "los escoltas privados han sido una pieza fundamental para el establecimiento de las libertades en el País vasco y Navarra, y han posibilitado que miles de cargos públicos pudieran desarrollar con normalidad las labores asignadas a sus cargos políticos".
En esta línea, ha subrayado que, "al igual que otros cuerpos policiales, los escoltas privados han sido la única barrera que existía entre los amenazados y sus verdugos".
La Feria de Abril es una gran oportunidad laboral para los cerca de 244.500 desempleados de la provincia de Sevilla que buscaban trabajo al término del primer trimestre del año. El maná soñado da para poco: salarios mileuristas por siete días de trabajo extenuants en las muchas ocupaciones que precisa la fiesta.
El Ayuntamiento de Sevilla cifra el impacto económico de la Feria de Abril en 675,5 millones de euros, lo que equivale al 3,42 por 100 del PIB de la capital andaluza. Sin embargo, bajo las grandes cifras macroeconómicas se esconde otra realidad menos llamativa. Asalariados y asociaciones de consumidores se quejan de la falta de inspecciones de calidad y trabajo.
Según las cifras facilitadas por la Consejería de Empleo, la Feria de Abril de 2010 generó 11.255 puestos de trabajo, cuota que se espera, como mínimo, igualar este año ya que aún no se tienen los datos definitivos de esta edición. La mayoría de esos empleos temporales se concentra en la hostelería, donde el año pasado encontraron hueco 2.397 personas entre camareros y asimilados. Muy de cerca le sigue el personal de limpieza, con 2.282 personas, incluyendo el refuerzo en la plantilla de la empresa municipal de limpieza de 205 operarios.
El Ayuntamiento de Vilafranca ha puesto en marcha un servicio privado de vigilancia nocturna coordinado con la Guardia Civil.La iniciativa ha entrado en funcionamiento después de los robos que padeció el municipio a lo largo de los meses del pasado invierno y tiene como finalidad reforzar el control y vigilancia tanto en las calles del casco urbano como en el término municipal.
El consistorio ha llevado a cabo la contratación de personal para poder desempeñar esta labor. Y es que el objetivo que se ha marcado el equipo de gobierno es prevenir la presencia de desconocidos y sospechosos en la localidad, sobre todo en las horas nocturnas, para intentar frenar que se produzca cualquier incidente. El plan de trabajo es que los encargados del nuevo dispositivo de control que operarán en Vilafranca alerten a los agentes de la Benemérita en el caso de que detecten algún movimiento que sea sospechoso.
Asimismo, se pretende garantizar la tranquilidad de los vecinos y comerciantes de la localidad. “Creíamos que este servicio era necesario”, declaró el alcalde, Óscar Tena, quien también recalcó que en durante los meses de invierno y primavera, se ha reforzado la presencia de la Guardia Civil tanto en Vilafranca como en los municipios de la comarca.
UN REFUERZO DISUASORIO // De hecho, esta acción ha posibilitado que en los últimos meses no se hayan producido actos delictivos en la localidad. La presencia de agentes de la Benemérita se ha hecho patente en los municipios de la zona y en Vilafranca, al incrementarse un 40% la dotación que operaba hasta entonces.
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