Forman parte del mundo de la seguridad privada, pero su figura está todavía poco definida por la legislación española, que apenas diferencia entre los directores de seguridad y los jefes de seguridad en una compañía. Los primeros estarían sobre todo al cargo de la puesta en marcha de los sistemas que garantiza la protección de las personas, de los bienes, los valores, el negocio de la empresa, y el normal funcionamiento de los servicios. Los segundos, tendrían sobre todo la responsabilidad directa de la gestión del personal encargado de estas tareas. La falta de claridad en la normativa que regula en España la seguridad privada provoca de que los técnicos con titulación de director de seguridad vean como otras personas sin la formación concreta para este cargo ocupan puestos similares, en ocasiones con otro nombre, pero que llevan a cabo las mismas funciones.
Cuestión de ahorro
Los directores de seguridad establecidos en Castilla y León han creado a principios de este año la asociación regional «preocupados como estamos por el desarrollo de esta profesión y por la repercusion que las empresas y las instituciones públicas y privadas deberían dar a esta figura», explica el presidente de esta organización, Óscar Álvarez de Castro. «Esta profesión, que está recogida en la Normativa sobre Seguridad Privada dictada por el Ministerio del Interior se encarga de diseñar, planificar, implementar y controlar la seguridad personal y patrimonial de aquellas personas que así lo soliciten», agrega.
La seguridad, reitera Álvarez de Castro, no puede verse como un coste. En numerosas ocasiones supone un ahorro. «La presencia de un especialista, que responde con su firma de lo que determina y que realmente toma el mando de la seguridad puede representar un importante ahorro para la empresa, que puede dejar de sufrir pérdidas por robos o por vandalismo, por ejemplo», comenta el experto.
El problema para estos técnicos es que sufren un intrusismo profesional faciltado por la ambigüedad con la que está regulada la figura.
Titulación adecuada
Y sin embargo, el puesto de director de seguridad exige que el titular disponga del ,del título de bachiller y que obtenga la titulación correspondiente otorgada por una de las universidades, públicas y privadas, reconocidas por Interior como habilitadas para impartir estos estudios. Entre ellas se encuentra en Castilla y León la Universidad Pontificia de Salamanca. «Se trata de un curso específico que exige 400 horas de estudio presenciales y veinte asignaturas», especifica Óscar Álvarez. «Necesitamos que por parte de la Administración se prohíba de forma expresa la práctica habitual del intrusismo por parte de empresas de seguridad que presta o alquilan a sus clientes mercantiles la figura del director , lo que contraviene la interpretación lógica que en la norma establece las funciones de este puesto», argumenta el presidente de la asociación de directores de seguridad de Castilla y León.
La agrupación formada este año busca, entre sus objetivos, el de obtener por parte de las administraciones públicas, un dictamen claro de cuáles son las empresas, las instituciones públicas y privadas y los organismos que deben disponer de un departamento de seguridad. «Y el reconocimiento estatal de la figura del director de seguridad como el técnico cualificado en la elaboración e implantación de los planes de autoprotección que han sido desarrollados a través de las actuales normativas», añade el tesorero de la asociación, Juan Ignacio Zaera Granja.
Menos dificultades
Los directores de seguridad esperan que la administración pública reconozca esta figura como un profesional independiente, «de manera que pueda trabajar como autónomos y que se ofrezca como un servicio externalizado de las empresas que lo soliciten. Esto evitará su incorporación laboral a la plantilla y hará más fácil para la compañía la contratación de los servicios», comenta Álvarez de Castro. «Una fórmula similar a la que se aplica , por ejemplo, con ingenieros, arquitectos, o abogados», enumera. -Pero esta solución requiere de la creación de un epígrafe concreto para la profesión tanto en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como en el Censo Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que sirve para el pago de los impuestos estatales. «En el fondo, el reconocimiento estatal de la figura del director de seguridad como técnico cualificado», insiste el presidente de las asociación regional de estos expertos. «Dentro de la asociación son varios los sectores empresariales, profesionales o institucionales que están representados, de forma que los asociados forman parte en algún caso de la seguridad hospitalaria, logística, de empresas de consultoría, formación, protección de personalidades y también investigación privada», cuenta Óscar Álvarez. «Esta diversidad nos permite una visión amplia y también significativa del sector de la seguridad desde distintos planos de la sociedad, para utilizar esta asociación como nexo de integración de las distintas experiencias profesionales para conseguir una sociedad más segura», concluye el experto.
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El Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de ampliar a más centros penitenciarios la "fase piloto" en la que agentes de seguridad privados prestarán servicios de vigilancia en los perímetros de las cárceles, ha informado hoy Izquierda Unida.
En un comunicado, Izquierda Unida ha informado de la respuesta parlamentaria del Ejecutivo a la pregunta del diputado Ricardo Sixto, portavoz de IU en la Comisión de Interior del Congreso, sobre las funciones y el desempeño de los vigilantes de seguridad privada en los centros penitenciarios.
El Gobierno, en su respuesta, señala que los agentes "desarrollarían sus funciones bajo la dirección del cuerpo policial que tenga atribuida la responsabilidad de seguridad" de la cárcel.
Asimismo, ha añadido que su ampliación a otros centros estará sujeta a los resultados obtenidos en la "fase piloto".

Un proyecto "privatizador", ha destacado Sixto en el comunicado, que "pone en tela de juicio el modelo de instituciones penitenciarias del que nos hemos dotado constitucionalmente".

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El Gobierno Vasco aprobó ayer una subvención de 1,4 millones de euros para dotar de protección este año a los tripulantes de atuneros vascos que faenan en aguas del océano Índico. Esta cifra supone el 25% del coste total de las medidas de protección, que asciende a 5,6 millones por embarcar a vigilantes de seguridad privada. Los beneficiarios de la ayuda son diez atuneros vascos y tres buques auxiliares.

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La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Aragón (FTSP-USO Aragón) ha iniciado acciones contra la actual situación del sector de la seguridad privada y ha solicitado al Gobierno de Aragón que no adjudique concursos públicos a empresas de seguridad que incumplen la legislación.

Desde USO-Aragón han presentado un recurso ante a la Diputación General de Aragón para que no adjudique los servicios de seguridad privada, valorando solo exclusivamente el precio de licitación.
Así, reclaman a la Administración Aragonesa que tenga en cuenta aspectos como el cumplimiento de la normativa de seguridad privada y con el convenio colectivo nacional de empresas de seguridad, así como que excluya de todo concurso a aquellas empresas que no estén al día en sus tributaciones, en los pagos a la Seguridad Social o en el abono de los salarios de los trabajadores.

"Adjudicar a empresas incumplidoras supone generar un difícil clima social, que redunda negativamente en la prestación de servicios y se da la circunstancia que además se contrata con dineros públicos a empresas que defraudan, algo inaudito", han señalado desde el sindicato.
En un comunicado, USO-Aragón ha aseverado que "no podemos dejar impune estas actividades, ni permitir el abuso premeditado a la dignidad de los trabajadores".

Desde este sindicato han explicado que "actualmente nos encontramos con un determinado número de empresas que licitan con un precio de hora muy bajo, para ganar la adjudicación de los servicios. Detrás de esta actividad aparentemente lícita, se encuentra un sinfín de incumplimientos legales".
Al respecto, han indicado que "se saltan la normativa laboral de los derechos de sus trabajadores, incumplen sus obligaciones en materia tributaria y de seguridad social".

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El Gobierno Vasco ha aprobado hoy mantener las ayudas a los atuneros vascos que faenan en el Océano Índico para que puedan contratar seguridad privada a bordo y repeler así los ataques de piratas somalíes.

El importe de la subvención prevista para 2012 ha bajado ligeramente con respecto a 2011 y asciende a 1.396.500 euros, 97.446 euros menos que el ejercicio pasado.

Desde 2010, el Gobierno central se ha venido haciendo cargo del 25 por ciento del coste de la seguridad privada que tienen que contratar los buques vascos para evitar ataques piratas y Euskadi del otro 25 por ciento, mientras que los armadores asumen el 50 por ciento restante.

Este año, el Gobierno central ha retirado de los presupuestos la partida destinada para este fin pero el Ejecutivo autonómico ha acordado mantener las ayudas.

Según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, los armadores de los buques que faenan en el Índico han presentado un presupuesto total para 2012 de 5.586.000 euros por los gastos de embarque de los vigilantes de seguridad privada en 10 atuneros y tres buques auxiliares, el total de la flota vasca.

Como en ejercicios anteriores, el 25 por ciento de la subvención se abonará a la firma del convenio y el 75 por ciento restante una vez que se presenten las facturas, memorias y justificantes que acrediten el destino de las ayudas otorgadas.

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  1. El Principado se reúne este jueves con Interior para abordar el convenio de la policía adscrita
  2. Varios negocios han contratado seguridad privada para evitar robos
  3. UGT considera que el nuevo concurso para la homologación de seguridad privada es "un paso atrás"
  4. Los Invasores reabrirán el martes 25 con un nuevo servicio de seguridad