La crisis ha afectado al sector de la seguridad privada en Burgos hasta el punto de comprimir sus cifras de negocio y de plantillas a niveles del año 2004, con unos descensos que se sitúan en torno al 15%.
Según explicó ayer Alfonso Tapia, representante en Burgos de Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), se ha pasado de los cerca de 750 trabajadores que había en el sector en el año 2004 a los 650 de este año que desarrollan su actividad en la treintena de empresas del sector. En el caso de los profesionales relacionados con la instalación de dispositivos de seguridad, Jesús Manuel Arce, representante de este área, habló de un pequeño incremento.
Esta fue una de las principales cifras que se aportaron en la celebración ayer del Día de la Seguridad Privada. Un encuentro en el que celebra no sólo la colaboración directa del sector de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino que también se reconoce el trabajo de los profesionales y empresas de la seguridad privada que han destacado por su labor. En esta ocasión se premió el trabajo de 26 profesionales, así como la entrega de tres placas de homenaje a dos empresas y un trabajador.
El subdelegado destacó la importancia del trabajo que desarrolla la seguridad privada en la prevención de la delincuencia para contribuir a que Burgos sea una «provincia segura». El comisario provincial, José María Calle Leal, destacó la estrecha colaboración con el sector privado, a través de programas como 'Red Azul', un plan integral de colaboración. En los dos últimos años en Burgos, se han realizado 415 inspecciones en el sector y se han llevado a cabo 690 colaboraciones. De los 884 controles de alarmas realizados, sólo 35 fueron reales.
Fuente: http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2012-11-30/la-seguridad-privada-vuelve-a-cifras-del-ano-2004-a-causa-de-la-crisis-economica
Ocho condecoraciones que han ido a parar a siete vigilantes y al jefe de Seguridad de El Corte Inglés, Enrique Gómez García, en reconocimiento de los servicios prestados a lo largo de sus 20 años de servicio en el sector de la seguridad privada, alguno de ellos de tipo humanitario, así como por la colaboración prestada a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y su contribución en el esclarecimiento de hechos delictivos.
Un acto presidido por el Comisario Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Ángel Miñambres Martínez, y el subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiónes, que destacaron cómo los nuevos modelos de criminalidad han supuesto un cambio en la gestión de la seguridad que obliga a arbitrar nuevos mecanismos de coordinación entre los distintos cuerpos policiales y los medios de seguridad privada, “clave para apoyar la labor pública”.
Un sector arraigado en la provincia de León que cuenta en la actualidad con 40 empresas, 15 de ellas con sede social en la provincia, y que emplea a 1.243 personas personas, de los que el 70% son vigilantes de la seguridad.
Un sector de un importante peso en materia económica y de seguridad en la provincia de León, según destacó Suárez Quiñones, que solicitó a todos los actores de este ámbito que sigan en la misma senda para consolidar los buenos resultados obtenidos.
Sector bancario, lo que más reclaman seguridad privada
Los establecimientos obligados por la normativa vigente a disponer de medidas de seguridad en la provincia de León suman un total de 619, siendo mayoritario el sector bancario, con 319, además de 121 farmacias, 113 joyerías, 37 estaciones de servicio, 34 administraciones de Loterías, tres establecimientos de juego y una galería de arte, además de otras 17 instalaciones, que por la especificidad de la actividad a la que se dedican, requieren medidas de seguridad.
La actividad que desarrollan las empresas de seguridad, cuyos servicios se consideran por Ley complementarios y subordinados a la seguridad pública, es inspeccionada por la Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de León, que se encarga también de la habilitación de los vigilantes de seguridad, además de la formación permanente del personal que trabaja en este sector.
Esta actividad se coordina a nivel provincial a través de la Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada, constituida en el año 1997 en aplicación del Reglamento de Seguridad Privada, y que el pasado 2 de abril presidió el Subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, que está integrada por responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), representantes de los establecimientos obligados por Ley a disponer de medidas de seguridad (entidades bancarias, joyerías, administraciones de loterías, etcétera), y representantes de empresas y trabajadores del sector, con el objetivo de promover la coordinación de la seguridad privada en el ámbito provincial.
CSI.F denuncia que los despidos en la empresa Prosegur son "ilegales".
Acusa a la representación de la empresa en Ceuta y a CCOO de tomar las decisiones La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) denuncia que los despidos que se están produciendo en la empresa de seguridad privada Prosegur después de la encomienda de gestión a Amgevicesa de las labores de guarda y custodia de varias dependencias de la Ciudad son “ilegales” y que se están llevando a cabo “sin que obre ningún tipo de criterio”.
En una nota de prensa enviada a los medios, el sindicato indica que la empresa “se está escudando en que recibe instrucciones desde la Delegación Nacional de Prosegur (Madrid), cosa que esta central sindical ha descubierto que no es cierta, y es en la oficina de Ceuta donde se están decidiendo los despidos que se realizarán”. Además, esta organización asegura que estas decisiones “las están tomando el delegado de la empresa y la representación de Comisiones Obreras (CCOO), quienes sin contar ni informar al Comité de Empresa, están decidiendo arbitrariamente quién continúa y quién sale de la empresa”.
CSI.F indicó que, por lo que sabe, los despidos “se cuentan por decenas, con lo que se estaría produciendo un despido colectivo encubierto, ERE, sin que se cumpla ningún tipo de trámite para poder acometerlo”. El sindicato ha puesto este extremo en manos de su asesoría jurídica “a fin de acudir a la vía jurisdiccional correspondiente”.
El sindicato añade que “por si todo esto fuera poco, la demostración de que todos estos despidos están siendo irregulares, entendemos que ilegales, es que se está echando a personal en función de su filiación, en lugar de tener en cuenta la antigüedad. Tanto es así que se despide a personal con contrato de obra o servicio, que trabaja donde el servicio continúa, cometiendo una grave infracción de la normativa laboral”.
Esta central sindical asegura que llevará a cabo “cuantas medidas sean necesarias para garantizar los derechos de los trabajadores, y pondremos en manos de nuestra asesoría jurídica todas las actuaciones que la empresa Prosegur en Ceuta lleve a cabo, a fin de supervisar y vigilar que se cumpla escrupulosamente la legalidad y, sobre todo, en materia laboral”.
El presidente del Comité de Empresa y representante del Sector de Seguridad Privada de CCOO, Francisco José Muñoz, aseguró ayer que tomará “todas las medidas necesarias” contra estas declaraciones, y advirtió de que el gabinete jurídico le ha indicado que estas “están tipificadas como un delito”. De esta manera hoy presentará la correspondiente demanda y pedirá a CSI.F que demuestre lo que ha afirmado.
El sindicalista aseguró que estas decisiones se han tomado en el Departamento de Recurso Laborales de Prosegur en Madrid, y que se han despedido a los que tienen menos antigüedad, independientemente del tipo de contrato que tengan. “Ni CCOO ni yo tenemos nada que ver con los despidos”, insistió.Muñoz también aseguró que está ayudando también a personas que no están afiliadas a sindicato alguno, y que cuando convoca reunión del Comité de Empresa avisa al sindicato que lo ha acusado. “CSI.F ha metido la pata”, sentencia.
FUENTE:http://www.elfarodigital.es/ceuta/economia/109278-csif-denuncia-que-los-despidos-en-la-empresa-prosegur-son-ilegales.html
CCOO afirmó ayer en una nota que la empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada en la Delegación de Hacienda de la Junta en Granada, Esabe, "adeuda hasta siete mensualidades" a los vigilantes que prestan sus servicios en estas dependencias. Según indicó el responsable adjunto de Seguridad Privada de CCOO de Granada, Francisco Trapero, la empresa adeuda cerca de 12.000 euros a cada trabajador y "tampoco ha aplicado la subida salarial correspondiente a 2011 y 2012 estipulada en el convenio estatal del sector ni está abonando las horas extras".
Por este motivo, el sindicato realizó un llamamiento a la Junta para que rescinda el servicio a la empresa, al entender que "está abocando a la desesperación y a la pobreza a sus trabajadores que sobreviven a día de hoy gracias a la solidaridad de familiares y amigos y están viviendo un auténtico drama humano". El sindicato afirmó haber constatado que los trabajadores "están sufriendo retrasos en el desembolso de las nóminas e iregularidades", por lo que ha remitido copia de los informes desfavorables de la Inspección de Trabajo a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Gobernación, Empleo y Hacienda de la Junta en Granada, instando a la Administración a que tome las medidas legales oportunas contra la adjudicataria.
El volumen de negocio generado por las compañías de seguridad privada descenderá un 2% este año, hasta los 4.060 millones de euros, como consecuencia de la debilidad de la demanda de particulares y empresas, la contracción del gasto público y la fuerte competencia en precio, según un informe de la consultora DBK, que prevé que esta tendencia continuará en 2013.
En concreto, el mercado de seguridad privada se situó en 2011 en 4.160 millones de euros, lo que supuso un descenso del 2,1% respecto al año anterior, manteniendo la tendencia descendente observada en 2010.
La actividad de vigilancia continúa generando el mayor volumen de negocio, reuniendo en 2011 una participación sobre el total del 64%, si bien en ese año perdió cuota. Así, este mercado cayó un 3,4% respecto a 2010, hasta situarse en 2.650 millones de euros.
Por el contrario, el segmento de sistemas electrónicos creció un 1,2%, representando el 29% del mercado total.
El negocio de transporte de fondos, por su parte, registró una disminución del 3,8%, hasta los 300 millones de euros, viéndose negativamente afectado por la reducción de la red de sucursales de entidades bancarias y la caída de la actividad en el ámbito del comercio minorista.
A finales de 2011 se contabilizaban 1.526 empresas autorizadas por el Ministerio del Interior y las Administraciones autonómicas para el desarrollo de actividades relacionadas con la prestación de servicios de seguridad privada.
Madrid concentra el mayor número de empresas autorizadas, reuniendo el 21% del total a finales de 2011. A continuación figuran Cataluña, con el 18%, Andalucía, con el 13%, y Comunidad Valenciana, con el 9%.
A pesar del elevado número de empresas autorizadas para operar en el mercado, la oferta presenta una notable y creciente concentración en el grupo de compañías líderes, como consecuencia del cese de actividad de pequeños operadores y de las operaciones de compra de empresas realizadas por los grupos de mayor dimensión.
En 2011, los cinco primeros operadores del sector reunieron de forma conjunta el 55% del valor total del mercado, elevándose hasta cerca del 70% la participación correspondiente al grupo de los diez primeros.