El Gobierno local (PP-PA) del municipio sevillano de Écija quiere que la Feria de Septiembre la organice una única empresa. A poder ser, ecijana. La Junta de Gobierno local ha sacado adelante el pliego de cláusulas administrativas para contratar la organización del festejo, por un presupuesto total de 60.000 euros. En esa cifra redonda entran, según el equipo de gobierno, los gastos previstos de seguridad privada (15.000 euros), alquiler de módulos prefabricados (3.200 euros), gastos de montaje de la caseta municipal y la guardería (12.800), publicidad y protocolo (8.000), atención sanitaria (4.000 euros), limpieza (1.500 euros); adecentamiento del recinto ferial (5.500), y contratación de artistas y sonorización de la caseta municipal (10.000 euros).
«Se va a llamar a tres empresas de Écija para que presenten sus ofertas», explicó el viceportavoz municipal del PP, Carlos Onetti, que opina que, con este sistema, la organización de la Feria, «funcionará bastante mejor». «De entrada, nos vamos a ahorrar en torno a un 10 por ciento, ya que la Feria del pasado año costó alrededor de 70.000 euros». La organización de la Feria de Septiembre se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad, invitando a tres empresas y con el único criterio de adjudicación del precio. «Intentaremos que sea una empresa ecijana la que se lo adjudique», señaló Onetti. De esta forma,el Consistorio espera unificar todos los servicios organizativos de la fiesta en una sola empresa.
Para este año, el equipo de gobierno ha anunciado «cambios muy grandes» en la organización de las casetas. La previsible eliminación de la primera calle del ferial concentrará casetas y establecimientos en el perímetro del recinto de La Alcarrachela. Las quejas y denuncias de los vecinos de la Avenida Blas Infante han llevado al equipo de Gobierno a suprimir el tramo de la misma que lleva desde el bulevar José Silva Pirula a la portada de la feria. Se trata de la calle en que se instalan las tómbolas, churrerías y puestos de turrones, entre otros.
«Lógicamente, habrá que darles un sitio dentro del recinto», explica el concejal de Fiestas, Mayores, Antonio Cruz (PA), lo que dará lugar a «una feria más compacta, porque habrá que meter toda esa calle en las parcelas interiores del recinto», algo que va a provocar, a su vez, «una reestructuración de las casetas». De esta forma, Cruz estima que «van a quedar muchísimos menos huecos al concentrar todas las casetas en menos espacio», señala. No obstante, el recinto ferial ecijano tendrá dos nuevas calles nacidas de esta reorganización de espacios.
Cruz comentó que espera el mismo número de casetas para este año que en ediciones anteriores –en torno a las 25– y avanza también una reestructuración en las llamadas casetas de la movida o de la juventud. Los interesados en montar una caseta en la Feria de Septiembre tendrán que abonar una tasa de 90 euros por módulo y no podrán pedir más de tres módulos por caseta. Además, tienen que adjuntar un diseño de la misma, resaltando la fachada y la distribución de los espacios interiores.
Fuente: elcorreoweb.es
RECONOCE SU "TRASCENDENTAL" LABOR
La Subdelegación premia a la seguridad privada
El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, ha presidido el Día de la Seguridad Privada, en el que ha reconocido la "trascendental" labor desarrollada por la seguridad privada, cuyo sector factura 3.600 millones de euros y emplea a 90.000 personas. Durante el acto se ha hecho entrega de galardones a los distinguidos por su labor durante el pasado ejercicio.
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FUENTE:diariocordoba
El Canal contrata vigilancia privada ante la oleada de robo en contadores de agua
El presidente de la Comunidad de Regantes asegura que en un mes se han registrado 130 hurtos, casi tantos como en todo el año pasado. Los delincuentes destrozan las cajas con el fin de obtener el acero que luego venden como chatarra.
La Comunidad de Regantes El Canal se ha visto obligada a recurrir a empresas de seguridad privada ante la oleada de robos de contadores de agua en diversos puntos del Camp d'Elx. Unos robos en las pedanías ilicitanas que se suman a los registrados en las últimas semanas en siete viviendas de Las Bayas.
Así lo confirmaba ayer el presidente de la comunidad de regantes, Javier Berenguer, quien añadía que «los números son alarmantes, ya que en el último mes se han robado un total de 130 contadores de nuestros comuneros, casi tantos como en todo el año anterior». Los robos se han producido mayoritariamente en el Camino de Los Mira, en la Vereda de Sendres y en la zona del albergue de cazadores de El Hondo.
Berenguer añadía que «desde los órganos de gobierno de El Canal estamos llevando a cabo numerosas actuaciones para luchar contra las oleadas de robos de contadores de nuestros agricultores. Ya hemos mantenido reuniones con agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local para intentar dar una solución al problema».
Al margen de ello, los regantes han contratado a una empresa de vigilancia privada para supervisar de forma activa y discontinua las infraestructuras e instalaciones de la comunidad de regantes. Su presidente aclaraba que este servicio será directamente costeado por la Comunidad de El Canal, para prevenir en la medida de lo posible la continuación de los robos.
«Lo que de verdad nos preocupa es actuar para intentar minimizar el daño al regante. No es sólo el coste económico del material robado y del coste del personal necesario para reponer el servicio, sino, y sobre todo, el perjuicio que se ocasiona al agricultor ya que no puede disponer de agua de riego mientras no se le sustituya el hidrante completo», señalaba Javier Berenguer, que apuntaba además que «hay agricultores que ya han sufrido tres y cuatro veces robos de su contador, por lo que el efecto sobre las cosechas se multiplica».
La Comunidad de Regantes confía en la colaboración de las fuerzas de seguridad para poner fin a estos robos. «Estamos obteniendo una respuesta inicial muy gratificante de los organismos oficiales, ya que hemos percibido una gran sensibilización ante este grave problema, y nos consta que se están llevando a cabo actuaciones para reforzar la seguridad y vigilancia en la zona», explicaba Berenguer.
Por otra parte, desde El Canal se están estudiando alternativas técnicas a las actuales instalaciones, tanto en lo relativo a los materiales que incorporan los contadores a través de la sustitución por contadores de plástico, como en lo relativo a la propia seguridad en las ubicaciones, con el fin de estudiar todas las posibles opciones en favor de la seguridad.
Tal y como explicaba ayer Javier Berenguer, el objeto con el que se perpetran estos robos no es otro que obtener el acero para convertirlo en chatarra. «Estamos hablando que se pueden obtener unos 5 euros por contador, cuando hay que tener en cuenta que un contador nuevo cuesta por unos mil euros».
El presidente de El Canal apuntaba que «aunque estamos llevando a cabo las reparaciones en sólo un día, nos estamos viendo saturados ante tanta llamada de los regantes».
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FUENTE:diarioinformacion.com
España. Privatizar la calle: Barrios segregados para comerciantes ricos
Un hombre que pinta retratos en la Plaza Mayor es conminado a levantarse e irse de la plaza por la seguridad privada de los comercios porque los hosteleros han contratado a su propio dibujante de caricaturas. Mientras, en la Puerta del Sol, los afectados por las preferentes son expulsados por los guardias de seguridad del kilometro 0 porque el ruido de sus proclamas puede molestar a los clientes de las terrazas que ocupan el centro neurálgico de Madrid. Son situaciones ficticias que ya son realidad en barrios de Estados Unidos y Londres y pueden darse en España si el gobierno impulsa la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular de gestión de áreas comerciales urbanas.
La Comisión de Economía del Congreso con una propuesta del PP ha instado al gobierno a que instaure en España unos barrios comerciales de gestión público-privada, o lo que es lo mismo, la importación de los Business Improvement Districts (BID), unos barrios para comerciantes con muchos recursos que pagan más impuestos a cambio de unos servicios públicos de mayor calidad gestionados por los mismos comerciantes. Los BIDs son organizaciones privadas autorizadas por las administraciones públicas que prestan servicios complementarios de mayor calidad tales como limpieza, seguridad pública, promoción y publicidad, embellecimiento y mejoras de los espacios. Los servicios premium son financiados por una contribución extra pagada por los dueños de las propiedades de los barrios o distritos. La cuota es acordada por la colectividad privada y recaudada por la ciudad que a su vez devuelve al BID en servicios locales de mayor calidad.
Los BIDs repercuten de manera muy positiva en el barrio que tiene tal consideración, pero a cambio precariza los barrios adyacentes. Los BID crean una ciudad dual con barrios de primera y segunda categoría, privatizan el espacio público e incluso son responsables de violación de derechos civiles, criminalización de actividades económicas perjudiciales para el comercio tradicional, persecución de la mendicidad, e incluso, limitación del activismo político por considerarse perjudicial para los intereses del comercio del BID.
Violación de derechos civiles, criminalización y limitación de activismo político.
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FUENTE:argenpress.info
Ex guardias de Blackwater a juicio por masacre en Irak
Siete años después de los hechos, una corte comenzó el miércoles a juzgar a cuatro ex guardias de la compañía de seguridad privada Blackwater, por el asesinato de 14 iraquíes en Bagdad.
Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard y Nicholas Slatten comparecieron ante un tribunal federal de Washington durante una audiencia destinada a seleccionar a los miembros del jurado.
A la salida de la audiencia, Thomas Connolly, abogado de Nicholas Slatten, advirtió que el proceso podría durar “entre cinco y seis meses”. Sobre todo, como recordó el juez Royce Lamberth, debido a que un “gran número de iraquíes” darán su versión de lo ocurrido en la funesta jornada del 16 de septiembre del 2007.
En la plaza Nisur de Bagdad, 17 civiles iraquíes desarmados, según la investigación iraquí, 14 según la de EEUU, fueron hallados muertos y 18 resultaron heridos durante un tiroteo desencadenado por guardias de Blackwater, que protegían un convoy del Departamento de Estado.
La licencia de la empresa privada de seguridad fue revocada en el 2011 por las autoridades iraquíes. Cuando llegó al gobierno en el 2009, la administración de Barack Obama rompió el contrato entre la empresa y el Departamento de Estado.
Nicholas Slatten está acusado del asesinato de un civil que conducía su vehículo en el momento de los hechos. Slough, Liberty y Heard, por su parte, están acusados de homicidio voluntario de las otras 13 víctimas.
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FUENTE:elnuevoherald