Desde la asociación de seguridad privada ASP/92 no teníamos ninguna intención de opinar sobre la decisión de los gobiernos central y vasco de sustituir a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los escasos servicios de protección a amenazados por ETA que hasta este momento realizaban, por profesionales de la seguridad privada. Ya que, como es lógico, nos parece muy acertada.
Dado el cariz que están tomando los acontecimientos, queremos lo primero, reivindicar que si la banda terrorista, está como está y no ha realizado más actos terroristas, en parte y aunque sea en una porción pequeña, algo habrá influido que casi el 90% de los amenazados por la banda terrorista en el País Vasco y algo más del 95% en la Comunidad Foral de Navarra, están protegidos en última instancia por profesionales de la seguridad privada, desde hace ya más de diez años.
Además, queremos decirle a los políticos que están pensando en rechazar esa protección debido al cambio antes mencionado, que pregunten al resto de sus compañeros de partido, qué opinan de ello o, mejor aún, que si se creen diferentes o de más categoría para que, estando en la misma situación de amenaza, tengan que ser tratados de forma distinta.
También queremos añadir que la protección que ejercen los escoltas privados en todos estos casos siempre está apoyada por los medios y personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como por ejemplo: con inhibidores de frecuencia, contra-vigilancias y demás medidas que no creemos oportuno mencionar.
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La Asociación Valenciana de urbanizaciones (Avalur) ha recomendado a los representantes de varias urbanizaciones de l'Horta que contraten vigilancia privada para suplir la, a su juicio, insuficiente presencia de fuerzas de seguridad pública en las zonas residenciales de la comarca.
Así lo expresaron los miembros de la asociación en el segundo congreso de urbanizaciones celebrado el sábado en Alfinach de Puçol, donde el partido Pavalur tiene un concejal y volverá a presentarse a las próximas elecciones.
"Hace ya tiempo que se ha roto el contrato social por el que el vecino pagaba unos impuestos y recibía seguridad a cambio -señalaba ayer Carlos Verdú, presidente de Avalur-. Así que en el congreso planteamos distintas posibilidades para dar una solución a este problema, entre ellas pagar para tener seguridad privada". Verdú puso como ejemplo el caso de la propia urbanización Alfinach, donde los residentes destinan más del 50% (unos 500.000 euros en 2010) de las cuotas vecinales a contratar a una empresa de vigilancia. "La seguridad absoluta es imposible, pero gracias a esto en Alfinach hay menos delincuencia que en otras urbanizaciones", afirmó el presidente de Avalur.
Precisamente sobre seguridad trató una ponencia del congreso del sábado realizada por José Antonio González, director de seguridad de Alfinach.
FUENTE: www.levante-emv.com
La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha explicado que la "voluntad" del Ministerio de Interior es "seguir manteniendo la seguridad" de los "posibles objetivos de la banda terrorista" pero con la contratación de escoltas privados, en lugar de utilizar Policías Nacionales y Guardias Civiles.
En rueda de prensa celebrada en Lehendakaritza, Mendia ha hecho referencia a la noticia que ha aparecido este martes en un medio de comunicación y que recoge la "inquietud" de cargos públicos socialistas y populares por la posibilidad de que se les retire los guardias civiles y policías nacionales que tenían asignados como escoltas para sustituirlos a partir del 1 de abril por agentes de seguridad privada.
Mendia ha insistido en que, en temas de seguridad, "tanto el Ministerio como el Departamento vasco de Interior velan por la máxima seguridad de los posibles objetivos de la banda terrorista" y ha precisado que "se realizan evaluaciones periódicas en las que se estudian los diferentes riesgos en los que se encuentran las personas que son objetivo de ETA".
En este sentido, ha insistido en que el objetivo del Ministerio y del Departamento es "prestar las máxima seguridad a todos". Sin embargo,ha defendido que la renuncia a una seguridad privada es una "decisión personal" y ha subrayado que cada persona tendrá que valorar estas decisiones.
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Un nuevo ataque pirata a un atunero de capital y tripulación gallega frustrado a tiros por la seguridad privada pero en esta ocasión con la novedad de que el propio pesquero persiguió a sus atacantes hasta que fueron detenidos. Ocurrió en la tarde del pasado lunes aunque el incidente no se conoció hasta ayer, cuando el Ministerio de Defensa comunicó la detención de once piratas por la fragata Canarias -integrada en la misión europea contra la piratería Atalanta- y de su traslado a Kenia para ser enjuiciados.
El atunero protagonista de este nuevo episodio fue el Draco, con bandera de Seychelles aunque propiedad de la coruñesa Mar de Hydra, del grupo empresarial ligado a la familia Escurís de A Pobra do Caramiñal. A bordo del atunero, que ayer faenaba ya con normalidad, viajan 33 personas: nueve gallegos, dos vascos, africanos y los cuatro israelíes que asumen la seguridad privada y armada del buque.
El capitán del Draco, el gallego Álvaro Lorenzo, explicó que el incidente se produjo cuando el pesquero faenaba con el aparejo echado al mar a unas 195 millas de Tanzania. Eran cerca de las cuatro de la tarde cuando los agentes de seguridad detectaron la presencia de dos embarcaciones, un esquife y un buque nodriza similares. Cuando el esquife se acercó a unos 800 metros del buque, los agentes de seguridad privada comenzaron a disparar. "Primero fueron disparos de advertencia al aire, luego como no desistían, dispararon al agua y así hasta que decidieron marcharse".
Desde el pesquero, mientras recogía el aparejo a toda velocidad, se avisó del ataque a la fragata Canarias, que les comunicó el envío de un helicóptero. La seguridad de que "en media hora llegaría el helicóptero" permitió al capitán tomar la decisión de perseguir a los piratas para "no perderles la pista". En poco más de dos horas los piratas del esquife, ocho somalíes, estaban detenidos por la Canarias. Después la fragata interceptó una ballenera, que tenía tres sospechosos a bordo.
FUENTE: www.laopinioncoruna.es
Ecologistas en Acción denunció ayer que un numeroso grupo de guardias privados impidió "en actitud violenta" el avance de más de 200 personas que participaban en la marcha de inauguración del camino público entre Benamahoma y Zahara de la Sierra. Según informó el colectivo en un comunicado, el propietario de la finca Breña del Agua, por la que discurre el camino, cortó una vez más el paso valiéndose de guardias de una empresa de seguridad uniformados y otras personas de paisano que "intentaron agredir a varios participantes" y les intimidaron con perros.
Los manifestantes, que habían solicitado permiso a la Subdelegación del Gobierno para celebrar esta marcha, denunciaron los hechos ante la Guardia Civil, que no les prestó asistencia pese a que el Ayuntamiento de Grazalema acordó en diciembre la integración de este sendero en el Inventario de Bienes de la Corporación Municipal y determinó su uso público tras siete años de reclamación.
Ecologistas, que emprenderá acciones legales por los sucesos de ayer, considera inadmisible que "una manifestación legal se vea interrumpida por un grupo de matones contratados por un terrateniente que ha usurpado un camino público y que la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Grazalema no garanticen el derecho de manifestación".
FUENTE: www.diariodecadiz.es