El secretario xeral de Cultura, Antonio Fernández Campa, ha reconocido que "no existe ninguna obligación recogida en la Ley --de Patrimonio Cultural de Galicia--" de asumir la vigilancia por parte de la Xunta de las visitas a los bienes de interés general como el Pazo de Meirás recientemente abierto al público, aunque "hay una obligación general" para las administraciones de garantizar la protección de estos inmuebles. Por ello, ha justificado que el Gobierno gallego haya emplazado a un miembro de seguridad privada los días de visita debido a "la singularidad" del inmueble.

FUENTE: www.europapress.es

El dispositivo de seguridad para el derbi del domingo será importante. El partido, declarado de alto riesgo, contará con unas especiales medidas de seguridad para evitar que haya males mayores entre aficiones. Ayer se celebró la reunión de seguridad para controlar todos los detalles relativos a este asunto. 

El Xerez reforzará la seguridad privada. En este sentido, habrá el doble de vigilantes para el compromiso ante el Betis. Miembros de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos antidisturbios, también se desplazarán hasta Chapín para velar por la seguridad, al igual que habrá un Escuadrón de Caballería de la Policía Nacional pos los aledaños del estadio para tener todo bien atado. 

En el fondo norte, como ya comentábamos en nuestra edición de ayer, se dejará un pasillo de seguridad. Al igual que también habrá un importante cordón policial para evitar enfrentamientos entre aficionados. En la parte baja del fondo norte, la Policía Nacional ya le comentó también al club que no podría ir afición visitante. 

El Betis, por cierto, puso ayer por la tarde a la venta entre sus abonados las 727 entradas que le ha facilitado al Xerez. Desde la web oficial del conjunto verdiblanco se informaba que los abonados que retirasen las entradas tenían que presentar el DNI por indicaciones del Gobierno Civil.

Paco García, director general del Xerez, comentaba ayer a este medio sobre el tema de seguridad: “Estamos teniendo en cuenta todos los detalles para tratar de tener todo controlado. Queremos que no haya ningún tipo de problemas entre aficiones”. El espectáculo tiene que centrarse en el terreno de juego, donde se espera un gran partido. 

De puertas hacia dentro, José Mourinho volvió ayer a reiterar en el club su conformidad con lo logrado hasta el momento en lo deportivo, mientras volvía a protagonizar el enésimo enfrentamiento interno, esta vez desafiando a los servicios médicos.

El portugués cree que luchar con el Barcelona actual, con las ayudas que recibe por parte de los árbitros es imposible, de ahí que hace tiempo que renunciara a la Liga, centrando todo en la Champions y en la Copa. En la zona noble no ha sentado bien esa declaración de objetivos cumplidos, pero saben que todo puede cambiar el próximo 20 de abril, en caso de ganar un título que se resiste desde hace dieciocho años.

Todavía queda lejos la final copera, y para hoy el técnico ha decidido tirar de todo el arsenal posible. Y lo hace en contra de la opinión de los médicos, que creen que tanto Cristiano Ronaldo como Marcelo no deberían jugar, pero el entrenador y los jugadores quieren arriesgar. En especial el portugués, que ya repitió la escena ante el Lyon, jugando sin estar plenamente recuperado de la lesión que sufrió ante el Málaga. Aunque sea un instrumento mediático, y técnico y médicos hayan pactado la vuelta de ambos jugadores, nunca es de recibo saltarse al único estamento totalmente objetivo de un club de fútbol, el cuerpo médico.

El negocio de las empresas de seguridad privada ha caído en Andalucía entre un 10 y 12 por ciento desde el inicio de la crisis, a finales de 2007, de forma que esta Comunidad facturó el pasado año 560 millones de euros, lo que supone un 13,66 por ciento del volumen total de negocio de la seguridad en España.

Asimismo, el empleo ha caído en los últimos tres años un ocho por ciento, lo que supone una pérdida de unos 1.500 empleos en la Comunidad.

En rueda de prensa, el presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) en Andalucía, Miguel Sánchez Pizarro, y el secretario nacional de la Asociación, Eduardo Cobas, han dado a conocer los últimos datos económicos del sector de la seguridad en España y en Andalucía, donde han apuntado que el negocio en esta comunidad "ha caído mas que en el resto de España".

Además, reconocen que la crisis "se ha notado más en este sector que en otros sectores" y han augurado que este sector "tardará más que otros sectores en recuperarse".

Ha agregado que en estos últimos años han bajado un ocho por el número de obras vigiladas y ha precisado que el descenso se produce especialmente en el sector residencial e inmobiliario.

La concejala del PP de Getxo y candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, Marisa Arrúe, denuncia que el Ministerio del Interior le ha retirado la escolta de Policía, cambiándosela por seguridad privada, justo cuando ha salido de prisión el radical que la amenazó con matarla, Zigor Goikoetxea.

Según los consultadas por Europa Press, este no ha sido el único cambio en la seguridad de algunas personas en los últimos días, sino que también ha afectado a otras como la presidenta de Dignidad y Justicia en el País Vasco, Sonsoles Arroyo, quien ha remitido una carta de queja al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, sin haber obtenido respuesta.

Marisa Arrúe ha explicado a Europa Press que contaba con escolta de la Policía Nacional desde hace once años y ha pasado a tener escolta privada el 1 de abril. Es decir, justo al día siguiente de que Zigor Goikoetxea quedara en libertad después de haber cumplido dos años de cárcel por amenazar de muerte a la edil del PP en Getxo.

"En menos de cinco años te vamos a matar", le gritó Goikoetxea a Arrúe al menos en dos ocasiones el 10 de agosto de 2008, cuando, con motivo de una fiesta local, la edil popular estaba con otros concejales y cargos del PP en un mercado callejero. Zígor Goikoetxea llevaba la voz cantante de un grupo de unas diez personas que comenzó a proferir gritos contra Marisa Arrúe y sus acompañantes y que les persiguieron hasta otra plaza al grito de "fascistas, asesinos, torturadores", según declararon los testigos en el juicio.