Después de la decisión de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de sacar el servicio adicional que daba la Policía Federal (PFA) al gobierno porteño, desde la jefatura de la Capital apuntaron a la Casa Rosada asegurando que se trata de una maniobra política en contra de Mauricio Macri, al tiempo que diagraman la forma de reemplazar a los policías. Una de las alternativas que evalúan es la de recurrir a la contratación de un servicio de seguridad privado para custodiar edificios públicos, plazas y algunos hospitales que quedaron sin vigilancia. 
El cortocircuito entre Macri y la presidenta Cristina Kirchner no es nuevo. El manejo de la Policía Federal fue desde los inicios del macrismo uno de los puntos más álgidos, debido a que el jefe de Gobierno exigió, cada vez que pudo, el traspaso de esa fuerza a la órbita porteña. Ahora, con la Policía Metropolitana en la calle, pero sin estructura suficiente para cumplir con la vigilancia y seguridad de la Ciudad, Garré, por orden de la Presidenta, avanzó sobre la reestructuración de la Federal y sacó el servicio adicional, con el argumento de volcar más efectivos a las calles. La bronca de los funcionarios porteños detonó no sólo por la decisión, sino porque vieron que detrás de ello, y por la forma en que rescindieron el contrato, hubo una maniobra política en contra de Macri. 
La cláusula 17 del acuerdo entre la Policía y la Ciudad, que firmó en 2006 Jorge Telerman, estipula que para que quede sin efecto el servicio debe hacerse por escrito y con un pre aviso de 30 días. Ante esto, el titular de la PFA, Enrique Capdevilla, envió ayer una carta a Macri, y copias a su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y al jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, avisando que el servicio quedará suspendido a partir del 6 de mayo.
La nota cayó como un balde de agua fría en el macrismo, desde donde lanzaron de inmediato las criticas hacia la Presidenta. “Tratan de perjudicar a Macri”, se quejaron casi al unísono dos fuentes del gobierno porteño. Uno de ellos explicó a El Cronista que “nos avisan que en mayo rescinden el servicio, pero anoche ya levantaron todas los adicionales”. Además, en la sede gubernamental de Bolivar 1 leían como una maniobra políticas el hecho de que el kirchnerismo primero avisó por los medios antes de ayer la decisión, y luego se dieron cuenta y enviaron la carta “para quedar cubiertos”. “Dicen que van a poner más efectivos en la calle, pero lo hacía la Federal era brindar un servicio que el policía lo cobraba extra”, insistieron cerca de Macri, y se preguntaron: “ ¿Van a trabajar más tiempo por el mismo sueldo?”
Se calcula que la Ciudad gasta en el servicio adicional unos 3,5 millones de pesos mensuales. La deuda actual que sostiene el gobierno porteño con la Federal ronda los 20.531.926,29 pesos, una cifra menor a los casi 40 millones de pesos que se debían durante la gestión del ex jefe de Gobierno Jorge Telerman. 
Además de los cruces y argumentos sobre jugadas políticas de uno u otro lado, la incógnita que surgió anoche fue cómo hará Macri para patrullar y vigilar la Ciudad, en particular edificios públicos, zonas denominadas de riesgo, paradores nocturnos y senderos seguros, tal como se le denomina a la custodia que montaban los efectivos al camino que hacen los alumnos de colegios ubicados en barrios o cuadras inseguras hasta los centros comerciales o calles más transitadas. 
La Metropolitana cuenta hoy con unos 1.900 efectivos, mientras que la Federal aportaba en los servicios adicionales unos 1.200. “Es imposible”, se quejaba la fuente macrista, quien contó que la primera medida fue disponer de otro circuito en los patrullajes para cubrir la Ciudad. Mientras tanto, los funcionarios porteños estudian la posibilidad de contratar un servicio de seguridad privada en reemplazo de la Federal, aunque llevará tiempo por los pasos burocráticos que demanda el llamado a licitación pública.

FUENTE: www.cronista.com