Tema 1.-La Constitución española: Principios fundamentales, derechos y deberes fundamentales de los/as españoles/ as. La protección de la salud en la Constitución.
Tema 2.-Estatuto de autonomía de Galicia. Estructura y contenido. El Parlamento. La Xunta y su presidente. La Administración pública gallega.
Tema 3.-La Ley General de sanidad: fundamentos y características. Competencias de la administración públicas en relación con salud. Derechos y deberes de los/as usuarios/as del sistema sanitario público.
Tema 4.-El Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Clasificación del personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Movilidad del personal. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situación del personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
Tema 5.- El personal estatutario de Servicio Gallego de Salud. Provisión y selección de plazas. Régimen retributivo. Jornada de trabajo. Permisos y licencias.
La Fiscalía del Estado evalúa en menos del 1 por ciento las denuncias por maltrato que se revelaron como falsas en 2010, en una estadística que facilita en su Memoria y que destaca una cifra similar para 2009.
La Fiscalía del Estado evalúa en menos del 1 por ciento las denuncias por maltrato que se revelaron como falsas en 2010, en una estadística que facilita en su Memoria y que destaca una cifra similar para 2009.
Tomando como referencia los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, que cifra el número de denuncias por maltrato realizadas a lo largo del año 2010 en 134.105, el fiscal señala que, en ese año, "las posibles acusaciones y denuncias falsas comprendieron, a fecha de hoy, el 0,0104 por 100", una cifra similar a la de 2009.
Leer más: Las denuncias falsas por maltrato fueron menos del 1 por ciento en 2010
Los consejeros de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, han firmado un convenio de colaboración con las diez universidades públicas andaluzas para facilitar y agilizar el acceso a los datos de familias numerosas y personas con discapacidad con derecho a disfrutar de beneficios en los centros universitarios de la comunidad andaluza.
En virtud de este convenio, de vigencia indefinida, las universidades públicas andaluzas podrán acceder y utilizar los servicios telemáticos de datos de familias numerosas y de personas con discapacidad, de los que es titular la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y que están disponibles en la Plataforma de Sustitución de Certificados en Soporte Papel (SCSP), desarrollada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Con esta medida, el alumnado universitario ya no tendrá que aportar una copia del documento acreditativo de su condición de persona con discapacidad o integrante de una familia numerosa en los trámites que realice con la Junta de Andalucía o con las universidades públicas andaluzas.
El PP, personado como acusación popular dentro de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla a cuenta de la supuesta duplicación de facturas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Unidad' en sendos programas de subvenciones del Ayuntamiento y de la Diputación, ha solicitado al juez que tome declaración "como testigo o, en su caso como imputada", a A.M.V., "que mantiene una relación conyugal o análoga" con el que fuera asesor del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, así como que tome nueva declaración a cuatro de los imputados en esta causa.
En un escrito elevado este mismo martes día 13 de septiembre ante el Juzgado instructor, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP argumenta que, "tras la multitud de diligencias practicadas hasta la fecha, aún quedan por practicar ciertas diligencias, algunas ya propuestas con anterioridad y no practicadas o acordadas y otras a resultas de las últimas practicadas, que sin duda contribuirán al mayor esclarecimiento de los hechos y la averiguación de sus responsables".
En este sentido, hace mención al informe pericial según el cual tres facturas emitidas por la copistería 'Copyur' para 'Unidad' "podrían haber sido falsas" al no figurar siquiera en el libro de contabilidad de la empresa, toda vez que otras diez de las 18 facturas investigadas incurren en "irregularidades" como una posible duplicidad. Este informe, según el PP, "ha dado luz a hechos y documentos que hasta ahora no habían sido considerados en la investigación, al menos por esta acusación, y que sin duda son relevantes para la investigación y que hacen necesaria la práctica de nuevas diligencias".
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, y las consejeras de Hacienda y Administración Pública y para la Igualdad y Bienestar Social, Carmen Martínez Aguayo y Micaela Navarro, respectivamente, han firmado este lunes un convenio de colaboración con las diez universidades públicas andaluzas para facilitar y agilizar el acceso a los datos de familias numerosas y personas con discapacidad con derecho a disfrutar de beneficios en los centros universitarios de la comunidad andaluza.
En virtud de este convenio, que tiene una vigencia indefinida, las universidades públicas andaluzas podrán acceder y utilizar los servicios telemáticos de datos de familias numerosas y de personas con discapacidad, de los que es titular la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y que están disponibles en la Plataforma de Sustitución de Certificados en Soporte Papel (SCSP), desarrollada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Así, al igual que ya ocurre en el proceso de escolarización de los estudiantes no universitarios, este alumnado no tendrá que aportar una copia del documento acreditativo de su condición de persona con discapacidad o de integrante de una familia numerosa en los trámites que realice con la Junta de Andalucía o con las universidades públicas andaluzas. Basta, según ha explicado en rueda de prensa Martínez Aguayo, con que la persona interesada "dé su conformidad y permiso" a la Administración pública para que ésta requise sus datos, tal como establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.