Tres ministros y el fiscal general se verán con afectados por el robo de niños
Los titulares de Interior y Sanidad y Eduardo Torres-Dulce se suman al encuentro de Gallardón con las víctimas la semana que viene
Gallardón se reunirá con afectados por el robo de niños el 12 de abril
Manuela a su hija: "Siempre supe que no estabas muerta"
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha organizado una cumbre ministerial sobre los niños robados al invitar al encuentro que tenía previsto con afectados el próximo 12 de abril a los titulares de Interior, Jorge Fernández-Díaz y Sanidad, Ana Mato, así como al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Por parte de los afectados, acudirán representantes de distintas asociaciones con el orden del día que ya llevaron a la reunión del pasado 10 de febrero con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, para ver el grado y la intención de cumplimiento de aquellas peticiones. Entonces reclamaron, explica Guillermo Peña, abogado de SOS Bebés Robados, la creación de “un grupo especial de investigación, con policía judicial y especialistas en rastreo de datos”; una base de datos que incluya los nombres de las madres que buscan por un lado, los adoptados por el otro, fechas y hospitales; un banco de ADN en el Instituto Nacional de Toxicología sin que haga falta que una autoridad judicial ordene las pruebas; acceso a los archivos de Diputaciones y centros religiosos que actualmente no pueden ver por la ley de Protección de Datos, y atención psicológica.
El juez ve muy fundamentada la denuncia contra sor María por robo de niños
Una monja es la primera acusada por la fiscalía por el robo de bebésAcuden escépticos al encuentro porque ya el anterior Gobierno socialista se comprometió a darles facilidades que luego nunca llegaron. “No queremos más brindis al sol. Necesitamos hechos”, exige Mabel Escuer, a la que una prueba de ADN ha demostrado que la mujer que la crió y que aparece en su documentación como su madre, no lo es.
Diputados y senadores han instado al Gobierno a impulsar la investigación del robo de niños, algo que el ministro de Justicia asumió como “un deber de Gobierno”. “Estaríamos enfermos como sociedad si no fuéramos solidarios con ese dolor inimaginable”, dijo Gallardón, que ha encargado a la Agencia de Protección de Datos un informe para dar acceso a los archivos. Eso sí, cada vez que el Gobierno se ha referido al asunto ha apostillado que cualquier medida tendrá en cuenta “las limitaciones presupuestarias”.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pedirá a Gallardón que se reúna también con familiares de desaparecidos del franquismo. “Merecen el mismo trato. Aquí hay una doble moral. El delito, desaparición forzada, es el mismo”.
Mientras, la vía judicial avanza a trompicones, con decenas de casos archivados y uno que da esperanza a muchas familias: el de María Luisa Torres, que conoció a su hija 29 años después de dar a luz. Hoy admitía estar “muy nerviosa” porque este martes tiene que ratificar ante el juez la denuncia contra sor María Gómez Valbuena, la monja a la que ella acusa de robarle a su hija y la fiscalía de detención ilegal. “Tengo ganas de que pase todo para poder seguir con mi vida y comenzar una nueva etapa con todas mis hijas juntas”.
FUENTE:El País.com (España)
Los socialistas ven «tardanza» en la investigación sobre la filtración de los datos de Gil
El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, denunció ayer que hay «tardanza» en los resultados de la investigación sobre la filtración de los datos fiscales del socialista y cuñado del lehendakari, Melchor Gil , que el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, anunció que se estaba realizando. Agregó que su partido no fomentará «esa especie de circo mediático que se monta con estos temas» y esperará a lo que determinen la Fiscalía y la Agencia de Protección de Datos.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Pastor se refirió a las supuestas irregularidades cometidas por Gil en la construcción de un chalet de su propiedad en Castro Urdiales y que han sido denunciadas por la Hacienda vizcaína. El portavoz de los socialistas vascos ya afirmó en su día que, si el vicesecretario de organización del PSE-EE en Bizkaia es imputado, tendría que abandonar el cargo.
Ayer, Pastor aseguró que no tienen ningún datos nuevos y que, en este caso, los socialistas ya han dicho todo lo que tenían que decir. «Están los procedimientos de defensa en marcha y, por lo tanto, ahora sólo hay que esperar a las decisiones de la Fiscalía para adoptar las decisiones que correspondan». Negó que haya existido «mutismo» sobre este asunto por parte del PSE, señalando que ha sido «prudente, una vez que se han puesto en marcha las denuncias ante la Fiscalía y ante la Agencia Vasca de Protección de datos».
Sobre la investigación interna que anunció el diputado general de Bizkaia, el jeltzale José Luis Bilbao, para tratar de conocer cómo había llegado a los medios de comunicación los datos fiscales de Melchor Gil , Pastor indicó que le extraña «la tardanza» en los resultados. En este sentido, precisó que todavía «no hay noticia» de esta investigación y confió en que, «a la mayor brevedad posible», se conozcan los datos. Apuntó que tiene que creer que Bilbao «lo hace sinceramente» porque es el máximo representante de la Diputación y el responsable último del mantenimiento de la confidencialidad de los datos.
Legalización de Sortu
De otro lado, Pastor señaló la conveniencia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre Sortu «cuanto antes» y que «produjera la legalización» de la formación «porque sería ya legalizar lo que es una evidencia en la calle». «Creo que en las próximas semanas se producirá ese desenlace», apostilló
FUENTE:Diario Vasco
funcionarios públicos
Huelga general. Un 13,78% del personal del ministerio de justicia secunda el paro
El Ministerio de Justicia informó hoy de que, hasta las 13.00 horas, el seguimiento de la huelga en los órganos dependientes de este Departamento había sido del 13,78 por ciento de media.
Según informó Justicia, este seguimiento del paro se refiere a todo el personal (funcionarios y laborales) de la Administración de Justicia del ámbito ministerial. Esto incluye todo el territorio que aún no tiene transferidas las competencias en materia de justicia.
El porcentaje del 13,78 por ciento incluye las gerencias territoriales, la Abogacía del Estado, los organismos autónomos, la Agencia de Protección de Datos, además de los servicios centrales del Ministerio.
En concreto, el seguimiento del paro en estas áreas se reparte de la siguiente manera: Servicios centrales -incluida Abogacía del Estado-, 16,12 por ciento; servicios periféricos, 8,89; Centro de Estudios Jurídicos, 17,39; Agencia Española de Protección de Datos, 16,98, y Mutualidad General Judicial, 15,38 por ciento.
Este seguimiento de la huelga se distribuyó de forma desigual entre el personal funcionario de la Administración de Justicia (13 por ciento) y el personal laboral (23,43 por ciento).
FUENTE:Lainformacion.com
La Agencia de Protección de Datos sanciona a una academia de oposiciones
La Policía Local halló en un vertedero de Tremañes documentación confidencial de los alumnos del centro formativo, que pagará una multa de 4.000 euros
La Agencia Española de Protección de Datos acaba de sancionar con 4.000 euros de multa a los responsables de una academia de preparación de oposiciones de Gijón, a los que la citada agencia considera autores de una «infracción grave».
El proceso sancionador cuya conclusión se acaba de hacer pública dio sus primeros pasos en febrero de 2010. Por aquel entonces la Policía Local de Gijón localizó en un vertedero ilegal, en el barrio de Tremañes, documentación confidencial de opositores que cursaban sus estudios en la academia sancionada.
Los responsables del centro de formación aseguraron en su defensa durante el proceso sancionador que habían contactado con una empresa de transportes encargada de llevar la documentación a un punto limpio de la empresa municipal Emulsa.
A pesar de todo, los responsables de la Agencia de Protección de Datos mantienen que «el responsable del fichero y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal», recoge la sanción.
Un extremo que no se cumplió en este caso, ya que los documentos deberían haberse destruido. Por ese motivo, según la Agencia de Protección de Datos, «no exonera de la responsabilidad de la denunciada la existencia de un recibo firmado por un tercero, en todo caso la documentación que debía recoger el transportista debía estar ya triturada», concluye el informe elaborado por la Agencia de Protección de Datos.
El deber de confidencialidad obliga, según los responsables de la sanción, «no sólo al responsable del fichero, sino a todo aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento».
No obstante, y tras haber tenido en cuenta el «carácter excepcional» de lo sucedido que los sancionadores aprecian en la localización de los ficheros arrojados al vertedero ilegal, la Agencia de Protección de Datos considera que estos hechos conllevan una multa de 4.000 euros a pesar de que se trata de una infracción tipificada como «grave».
Este caso recuerda al vivido por un médico gijonés al que la Agencia Española de Protección de Datos sancionó en su día por arrojar a la vía pública, concretamente en la calle Libertad, envases de biopsias en los que se recogían datos personales de los clientes del facultativo.
FUENTE:La Nueva España
RELACIONES LABORALES
El CNTC solicita a Tráfico el acceso de las empresas a los datos de las autorizaciones de sus conductores
El fin es evitar la responsabilidad que para toda empresa deriva de la conducta y actuaciones de sus empleados
El Comité Nacional del Transporte por Carretera, en el que se integra Asintra, se ha dirigido a la nueva directora general de Tráfico, María Seguí, solicitándole que las empresas de transporte de viajeros por carretera puedan acceder a los datos de las autorizaciones de conducción de sus empleados mientras dure la relación laboral.
Las empresas de transporte de viajeros por carretera cuentan, como personal principal, con los conductores de sus vehículos titulares de las correspondientes autorizaciones para conducirlos. Es claro que la vigencia e integridad de tales autorizaciones es un elemento de importancia fundamental para la empresa.
Por ello, el CNTC ha venido solicitando que puedan tener conocimiento de la situación administrativa de las autorizaciones a fin de poder adoptar frente a los conductores las medidas oportunas y evitar, en definitiva, la responsabilidad que para toda empresa deriva de la conducta y actuaciones de sus empleados aún cuando sean estos los directamente responsables.
Así, el CNTC sometió la cuestión a la Agencia Española de Protección de Datos. La Abogacía del Estado de la misma emitió con fecha 26 de mayo de 2011 un informe del que resulta que, con base en el artículo 11.2, letra c) de la L.O. 15/1999, "es posible la cesión de los datos de que se trata pues es legítimo y necesario que el empresario de transporte pueda tener acceso y conocer fehacientemente el estado legal de las autorizaciones para conducir de sus trabajadores con todas sus circunstancias (v.g. número de puntos vigentes del permiso) y ello en todo momento mientras dure la relación laboral entre aquel y estos".
El pasado verano, el Comité hizo llegar este informe al anterior director general, Pere Navarro, solicitando que, de conformidad con el mismo, se autorizara el acceso de las empresas a los datos de las autorizaciones de sus conductores, sin obtener respuesta alguna.
Así, el CNTC se dirige ahora a la nueva Dirección General de Tráfico enviándole el mencionado informe y reiterando esta solicitud, entendiendo que es una pretensión legítima que viene amparada por el órgano encargado del control de la legalidad en materia de protección de datos.
En trámite
El subdirector de Normativa y Recursos de la DGT, Ramón Ledesma, ha informado al CNTC que tienen en preparación una Instrucción para autorizar que las empresas de transporte de viajeros por carretera puedan conocer el estado de la autorización de conducir de sus empleados, pendiente de ser firmada por la Directora General
FUENTE:Nexotur