En un alarde de incoherencia, la alcaldesa difunde las cantidades brutas que perciben esos trabajadores después anunciar que denunciaría a 'Europa Sur' por desvelar este diario el coste íntegro, que no los salarios

En un alarde de incoherencia, 24 horas después de anunciar que el Ayuntamiento de La Línea denunciaría a Europa Sur ante la Agencia de Protección de Datos por publicar el coste íntegro -la suma de los salarios, pluses, complementos, cotizaciones y retenciones al trabajador y cotizaciones de empresa- de los cargos de confianza contratados en este mandato, la alcaldesa, Gemma Araujo, hizo público ayer los sueldos brutos de algunos de estos trabajadores. Con ello, hizo justo lo que criticó a este diario, con la salvedad de que Europa Sur nunca publicó, como ella acusó falsamente, los salarios sino, como se ha explicitado, el coste total para las arcas municipales. Todos esos datos, en cualquier caso, forman parte de un documento público que estuvo además expuesto durante semanas en el tablón de anuncios del Consistorio.

De hecho, el objeto de la noticia publicada el pasado lunes no era difundir salarios, sino desvelar que la contratación de personal de confianza y la aceptación de la comisión de servicio de un letrado afín habían aumentado considerablemente el coste de la nómina municipal aún en la situación de ruina y colapso financiero que sufre la Corporación. Datos que nunca ha desmentido.

Araujo anunció ayer que había entregado al diputado responsable del área de Hacienda de la Diputación Provincial, Juan Antonio Liaño, un certificado del departamento municipal de control presupuestario en el que se detalla el coste del personal eventual de confianza. Liaño, la víspera, había criticado que la alcaldesa aumentase la nómina con el dinero que le está adelantando la Diputación en aras de paliar los impagos de hasta 10 nóminas que ha mantenido el gobierno municipal de PSOE y PA. Liaño afirmó que la Diputación no era un banco y que estaba haciendo un gran esfuerzo con estos anticipos.

Para evitar que estas críticas desembocaran en consecuencias peores, la alcaldesa optó ayer por desvelar los sueldos, sin importarle la contradicción que supone respecto a su anuncio de denuncia contra este diario, que sólo publicó datos públicos y expuestos al público.

En un comunicado, el Ayuntamiento detalla el contenido del certificado: "Dos son los puestos argumentados en el documento, el relativo al técnico asesor en materia urbanística y una jefa de administración de la Alcaldía". Y sin remilgo alguno por la acusación del día anterior añade: "Según consta en el certificado, el primero de ellos percibe anualmente 41.321,43 euros brutos, mientras que la otra partida la cifra en 28.210 euros brutos anuales".

El gobierno local destaca que el primero de los puestos reseñados "tiene una retribución bruta menor que un arquitecto municipal, mientras que en el caso de la jefa de administración de la Alcaldía la cuantía es prácticamente idéntica a la de un trabajador del grupo administrativo municipal".

Estos nuevos datos vienen a ratificar los publicados el pasado lunes en este diario, ya que el salario bruto de 41,321,43 euros de Juan Felipe Vilela supone un coste total de 54.038 euros al sumarle las cotizaciones de empresa. Igual ocurre con Mónica Ruiz, cuya contratación por el salario bruto difundido por la alcaldesa de 28.120 supone un coste total para la Corporación de 36.398 euros al sumarle las cotizaciones de empresa.

"Somos los primeros interesados en que Juan Antonio Liaño conozca la realidad de este asunto que para nada se asemeja a lo reflejado en medios de comunicación. Estos dos trabajadores, tal y como expliqué en rueda de prensa, cesarán cuando yo deje de ser alcaldesa", aclara Araujo en el citado comunicado, en el que también pone de manifiesto que "estos datos contrastan con lo que ocurrió en mandatos políticos municipales ya pasados, en los que ciertamente el número de personal eventual de confianza era similar, aunque con cuantías superiores, pero con la salvedad de que se hicieron más de un centenar de contrataciones que incluso la Justicia rechazó en sus formas".

A falta de que el Gobierno regional haga públicos los tomos que articulan las cuentas para 2013, el jefe del Ejecutivo ha anunciado las siguientes medidas:

- Eliminación de organismos públicos como la Agencia de Protección de Datos, Promomadrid, la comisión de RTVE en Madrid, la Agencia Laín Entralgo, FIDA y el Consejo Económico y Social.

- Tasa de 1 euro por expedición de receta farmacéutica como medida "disuasoria" en el uso de medicamentos. Estarán exentos parados sin contribución y perceptores de pensiones no contributivas, entre otros colectivos con problemas.

- Centralización de compras de recursos sanitarios.

- Externalización de los servicios no sanitarios de todos los hospitales.

- Externalización de los servicios sanitarios de 6 hospitales: Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo.

- Transformación del hospital de La Princesa en un centro de alta especialización para personas mayores y del Carlos III en un centro de media y larga estancia.

- Intentarán que un 10 por ciento de los centros de salud sean gestionados por los profesionales de la Sanidad, a través de sociedades externas a la administración pero bajo las indicaciones de la autoridad regional.

- Aumento del 35 por ciento de la partida para el bilingüismo, implantándolo en 15 colegios y 10 institutos.

- Creación de 7 nuevos centros educativos y de 10 escuelas infantiles, y ampliación de otros 10 centros.

- Aumento del número de becas de excelencia de 500 a 1.250.

- Reducción del presupuesto de universidades en un 16 por ciento, que, en teoríam se compensará con la subida de tasas.

- Incremento del 56 por ciento en el presupuesto para la Renta Mínima de Inserción. Podrán beneficiarse 19.000 familias.

- Asunción de toda la ayuda a domicilio y la teleasistencia, aliviando de esa competencia a los municipios, salvo a Madrid. Unificará la contratación en estos servicios.

- Solo continuarán realizándose las infraestructuras en marcha, como el metrotren de Torrejón de Ardoz o el Metro de Costa Brava.

- Caída de las subvenciones en un 54 por ciento. Se reducirán ayudas a la inmigración por la reducción de esta población en la región y se limitarán las ayudas a la cooperación a catástrofes. También se prohibirán ayudas a sindicatos, agrupaciones empresariales y partidos políticos, salvo los que deriven de su propia actividad.

- Menor aportación al Consorcio Regional de Transportes. Se espera compensar con una mejor gestión de Metro. Salvo subidas extraordinarias de combustible o electricidad, el transporte público subirá solo el IPC en 2013.

- Solo se pagarán las Bescam que cumplan trabajos en materia de seguridad.

- El presupuesto de empleo irá destinado a la contratación directa y aumentarán en un 85 por ciento las plazas de formación profesional dual.

- Congelación de salarios de los trabajadores públicos y reducción de efectivos en un 1 por ciento (1.500 personas), mediante la amortización de plazas de jubilados y la no cobertura de vacantes.

Fuente: http://www.madridiario.es/2012/Octubre/economia/economia_noticias/223736/comunidad-cobrara-expedicion-recetas.htmlml

Según ha informado FACUA en un comunicado, la empresa Autopress Marketing SL está realizando una encuesta sobre la satisfacción de los usuarios con la calidad de la atención ofrecida por la AESA.

Aunque la AESA debe obtener el consentimiento de los usuarios para ceder sus datos a Autopress, una socia de FACUA ha recibido un correo electrónico de la empresa sin que previamente la Agencia le hubiese pedido autorización.

Esta usuaria, de Málaga, recibió el 4 de noviembre un correo desde la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., que comenzaba con este texto:

"Nos ponemos en contacto con usted desde Autopress Marketing, S.L., tras el envío por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de un correo electrónico solicitándole su colaboración, como usuario de sus servicios, para un estudio de satisfacción de la propia AESA".

Pero la usuaria, que se había dirigido hace meses a la AESA para presentar una reclamación contra la aerolínea Helitt, no había recibido correo alguno de la Agencia sobre la encuesta.

Un día después del primer correo, la misma usuaria recibió otro, esta vez remitido por la AESA, en el que le pedía permiso para ceder sus datos a Autopress para participar en el sondeo, cuando en realidad ya lo había hecho.

"Entenderemos su disposición a colaborar en dicho estudio si en el plazo de una semana desde la fecha de envío de este escrito, no nos comunica su negativa", advertía la Agencia en su correo.

FACUA ha pedido a Protección de Datos que investigue si la AESA también ha cedido los datos de otros usuarios sin su consentimiento, práctica que vulnera la ley.

La asociación también se ha dirigido a la AESA, a la que ha requerido que verifique el origen del error que le ha llevado a cometer esta irregularidad y evalúe sus dimensiones, así como las medidas para subsanarla.

Fuente: http://www.finanzas.com/noticias/economia/20121107/facua-denuncia-agencia-estatal-1607119.html

El texto actual establece que, cuando tenga noticia de un supuesto delito relacionado con el dopaje, la AEA lo pondrá en conocimiento "del juez competente", pero el Consejo Fiscal ha sugerido que se cambie la redacción y baste con una denuncia policial o ante el Ministerio Público, dadas las dificultades para saber qué órgano judicial es el competente en cada caso.

Fuente: http://www.elnortedecastilla.es