SU USO YA ESTÁ REGULADO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
El Gobierno descarta pedir a Protección de Datos un informe sobre la privacidad de WhatsApp en España


El Gobierno descarta pedir a la Agencia Española de Protección de Datos un informe sobre la privacidad que ofrece WhatsApp a sus usuarios en España, ya que el uso de este servicio está regulado en la legislación española.

"Los servicios WhatsApp autorizados están sujetos a las obligaciones de privacidad de la legislación española y comunitaria", asegura el Ejecutivo en una respuesta por escrito dirigida a UPyD en el Congreso de los Diputados, que ha sido recogida por Europa Press.

Según especifica, esta agencia es competente para la realización, como organismo supervisor, de cualquier investigación sobre las carencias en materia de protección de datos que puedan presentar estos servicios y abrir, en su caso, un procedimiento sancionador. Eso sí, subraya que, entre sus funciones, no figura la de hacer informes sobre la adecuación a la ley de un producto o servicio.

LA ALARMA DE ALEMANIA

La formación magenta cuestionaba al Ejecutivo si tenía entre sus planes pedir un informe a la citada agencia después de que en Alemania, la Oficina de Regulación de la Privacidad en las Comunicaciones, haya aconsejado a los ciudadanos alemanes que se abstengan de utilizar esta aplicación, debido a los problemas de seguridad y falta de garantías en la privacidad que ofrecen.

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FUENTE:europapress

El comité impulsado por Google determinará la relación internet-privacidad

El comité de expertos creado por Google para clarificar aspectos jurídicos difíciles de interpretar tras la sentencia del "derecho al olvido" sentará las bases de la futura relación Internet-privacidad, ha explicado a Efefuturo uno de sus miembros, el jurista español Jose Luis Piñar.

El pasado 13 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que Google y el resto de motores de búsqueda en internet, considerados ahora como responsables del tratamiento de contenidos y no simples correas informativas, están obligados a retirar los enlaces a contenidos lesivos siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

El comité de expertos creado a instancias de Google lo integran cinco expertos internacionales, bajo la dirección de Eric Schmidt, expresidente de Google, y David Drummond, responsable mundial de los servicios jurídicos de la compañía.

Además de José Luis Piñar, exdirector de la Agencia Española de Protección de datos (AEPD), asimismo vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo y catedrático de Derecho Administrativo, forman parte del mismo Jimmy Wales, fundador de Wikipedia; Frank La Rue, relator especial de la ONU, y los profesores Luciano Floridi (Universidad de Oxford) y Peggy Valcke (de Lovaina).

Un documento encargado a estos expertos a raíz de la sentencia, motivada por el caso del español Mario Costeja y "el tesón" de la AEPD en la defensa ciudadana de la protección de datos ayudará a clarificar aspectos difíciles de interpretar de la sentencia.

Así lo ha asegurado en una entrevista con Efefuturo, el catedrático Piñar, director asimismo de la Cátedra Google-CEU de Privacidad, Sociedad e Innovación, y del Master en Protección de Datos que se imparte en dicha Universidad, quien ha avanzado que el documento que se les ha encargado habrá de estar concluido a finales de este año o principios de 2015.

"Tenemos que emitir un estudio o análisis de evaluación de cómo debe aplicar Google la directiva", ha explicado el experto.

Este comité, que no ha empezado sus trabajos aún, aunque ya ha entablado contactos para fijar agendas, mantendrá reuniones físicas y virtuales para esclarecer las situaciones en las que jurídicamente estaría amparado el derecho de cancelación de datos u olvido en base a la sentencia y en las que primaría la información.

Ha dicho que la sentencia es muy difícil de llevar a la práctica porque jurídicamente no están claros todos sus aspectos: cómo se aplica en cada ...........


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FUENTE:diariovasco.com

Irlanda pide revisar protección de datos tras las denuncias a Facebook
Se acusa a la red social de compartir información de usuarios europeos con la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU. Preocupa este hecho.


El Tribunal Supremo de Irlanda solicitó al Tribunal de Justicia Europeo (TJE) revisar la normativa de protección de datos de la Unión Europea tras las acusaciones contra Facebook de que compartió información de usuarios europeos con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense.

Sin embargo, dijo que no sería capaz de forzar al responsable de la protección de datos del país y al regulador europeo a investigar esas acusaciones.

Un grupo de estudiantes austriacos, europe-v-facebook, demandó una investigación sobre las acusaciones de que algunas compañías como Apple o Facebook ayudaron a la NSA a recolectar correos electrónicos y otra información privada de ciudadanos europeos.

El ex analista estadounidense de inteligencia Edward Snowden reveló el año pasado que la NSA utilizó a compañías de Internet como Apple, Google, Facebook y Microsoft para recopilar información de los usuarios como parte de un programa de vigilancia electrónica masiva denominada Prism.

El regulador de datos irlandés - que supervisa algunas de las mayores compañías de Internet en Estados Unidos, que tienen su sede europea en Irlanda - había dicho en julio que no había motivos para esa investigación.

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FUENTE:elsolonline.com

Galicia
El 'acoso' telefónico de las grandes compañías también se paga
La Agencia Española de Protección de Datos multa con 130 mil euros a E-On por ofrecerle un contrato fraudulento a una mujer de Vigo

El 3 de diciembre de 2012 un operador de la compañía eléctrica E-On llamó al domicilio de Amelia, una vecina de Vigo de 83 años de edad para ofrecerle un cambio del suministro eléctrico de Unión Fenosa a la compañía alemana. A pesar de que la mujer le indicó en varias ocasiones que prefería que este tema fuera gestionado por su hijo, que no se encontraba en la casa, el teleoperador continuó con la lectura del contrato, forzando, a veces de manera muy brusca, a Amelia a confirmar los datos y a dar su consentimiento a la oferta.

Ahora acaba de conocerse la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, que multa con 130 mil euros a E-On por ofrecerle un contrato fraudulento a esta mujer (sin su consentimiento inequívoco), empleando además de forma abusiva la información contenida en los ficheros de datos personales. Las infracciones, tipificadas como graves en la Ley de Protección de Datos de 1999, se refieren al artículo 6, que especifica que "el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado". Y también al artículo 5.4, que dice que "cuando los datos de carácter personal no hubieran sido recabados del interesado, este deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento de registro de los datos".

La conversación completa se puede escuchar en este enlace: "Mire, yo soy muy mayor y estoy enferma. Eso tiene que aclararlo mi hijo y no vive aquí". "Ya, pero esta es la última pregunta, tiene que decir sí o no para continuar. ¿Es correcto el número CUP del suministro? (...) Le informo de que usted contrató el servicio durante un año". Con este tipo de preguntas, y con la lectura completa del contrato, el teleoperador dio por aprobada la operación, ante las dudas de la mujer, que en absoluto era consciente de estar firmando compromiso alguno: "Esperemos que no haya ningún problema", se despidió Amelia.

Un mes después llegó la carta con el contrato para cambiar el suministro eléctrico. De inmediato el hijo de Amelia se dirigió al servicio de Atención al Cliente de E-On para protestar por el incidente; además, les remitió una carta certificada solicitando la anulación del contrato y también que le remitieran la grabación en la que se había realizado la operación. A partir de ahí denunció el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos, dado que el teléfono de su madre está en la lista Robinson, un servicio de exclusión publicitaria, y que – destaca– "fue muy importante para la resolución favorable del caso, un instrumento muy eficaz de defensa". También denunció a E-On ante la Fiscalía Superior de Galicia por un posible delito de estafa, que finalmente no pudo ser aplicado dado que la empresa no llegó a efectuar ningún cobro por el contrato de suministro.

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FUENTE:El Diario.es

Google alertará a los usuarios europeos de enlaces eliminados por el ‘derecho al olvido’

La compañía seguirá el mismo procedimiento de notificaciones en las páginas que utiliza en los casos en los que los resultados de búsqueda pueden vulnerar los derechos de autor.


Google está considerando colocar un aviso en la parte inferior de cada página en la que se han eliminado enlaces en favor del ‘derecho al olvido’.

Según el diario The Guardian, el gigante de Internet planea incluir en su motor de búsquedas una indicación en las páginas de resultados similar a la que emplea cuando los resultados pueden vulnerar los derechos de autor.

Por ejemplo, una búsqueda en Google de “Adele MP3″ indica que se han eliminado una serie de resultados de la página después de recibir denuncias en virtud de la normativa estadounidense ‘Digital Millennium Copyright Act’.

Tras la sentencia favorable al ‘derecho al olvido’ emitida por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) el pasado 13 de mayo, Google ha recibido una avalancha de solicitudes de los ciudadanos europeos para borrar información.

La sentencia declaró que las personas deben tener el derecho a eliminar información obsoleta sobre sí de los resultados del motor de búsqueda, lo que ha llevado a Google a introducir un formulario online para que los usuarios soliciten la retirada de vínculos antiguos y perjudiciales.

La compañía ha creado un comité asesor para formular recomendaciones sobre dónde están los límites entre el interés público a la información y las peticiones para preservar la privacidad compuesto por siete personas, entre las que se incluyen su presidente ejecutivo, Eric Schmidt, y el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales.

Google también planea incluir información sobre los cambios ejecutados en virtud del ‘derecho al olvido’ en su informe de transparencia bianual, donde revela el número de solicitudes de los gobiernos de todo el mundo para eliminar material de sus resultados de búsqueda.

FUENTE:siliconnews