Tu teléfono no tendría que saber donde te encuentras si tu no quieres.
Los fabricantes de smartphones, tabletas y otros dispositivos móviles no podrán ofrecer activada de serie la función de geolocalización en los aparatos que comercialicen en Europa.
Este es el dictamen al que han llegado las Autoridades Europeas de Protección de Datos, semanas después de saberse que compañías como Apple archivaban datos de los usuarios fruto de la geolocalización en sus dispositivos. La entrada en vigor de este dictamen dependerá ahora de cada uno de los países miembros de la UE.
La reacción europea se basa en que el cliente debe saber, de antemano, que la función de geolocalización está disponible para que pueda activarla si se desea y que no esté en marcha sin su consentimiento.Además, las compañías deberán informar sobre esta opción a los usuarios que hayan adquirido cualquier dispositivo. "La información debe ser clara, completa y comprensible para un público general que no disponga de conocimientos técnicos", explica el dictamen.
La asociación de consumidores FACUA ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue los fallos de seguridad en los sistemas operativos para móviles Android, de Google, informó hoy la organización en un comunicado.
Según FACUA, Google podría haber vulnerado el principio de seguridad que recoge la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en su artículo 9.
Esto lo habría provocado un fallo de Android, que permite el acceso a datos privados como números de teléfono y archivos personales, aseguró FACUA.
El fallo de seguridad se produce cuando se conectan los dispositivos a redes wifi en abierto, explicaron desde Google.
Un portavoz de la compañía anunció que ya se está desplegando una solución para este fallo que, precisó, "solo bajo ciertas circunstancias" permite a terceros acceder a datos de contactos y del calendario.
Esta solución no requiere ninguna acción por parte de los usuarios, explicó, y "se aplicará a nivel global en los próximos días".
FACUA recomendó a los usuarios en su nota actualizar la versión de su sistema al Android 2.3.4.
FUENTE: www.expansion.com
El Sindicato de Profesionales de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB-CV), mayoritario en el Ayuntamiento de Aldaia, ha denunciado que el Ayuntamiento de Aldaia está vulnerando la ley de protección de datos, tal y como se le ha expuesto a este consistorio.
Los hechos se basan en que los trabajadores de la empresa Dornier SA que trabajan regulando el estacionamiento de vehículos en el llamado servicio ORA, disponen de unos sistemas de comunicación, en los que utilizan la frecuencia de transmisión de la Policía Local para comunicarse estos trabajadores entre ellos mismos o en algunas ocasiones comunicar cualquier incidencia a la Policía Local.
De este modo, estos trabajadores tienen acceso a datos de otros ciudadanos que de otro forma desconocería, puesto que su trabajo no les capacita en absoluto ni para acceder a estos, ni para tratarlos de forma privada. Además esta empresa dispone de otros dispositivos como PDAs que podrían utilizar para desempeñar su trabajo, pero sin utilizar la frecuencia que utiliza este Cuerpo y Fuerza de Seguridad tal y como hacen en otras poblaciones donde esta empresa también realizan estas funciones de vigilancia del estacionamiento de la zona azul (ORA).
El sindicato ha mostrado su disconformidad con esta práctica al Ayuntamiento dado que consideran que la intimidad y seguridad de los vecinos de Aldaia está por encima de todo y así se lo ha expuesto en varias peticiones, siendo más grave la cuestión cuando es la propia Jefatura del Cuerpo de Policía Local quien permite que se esté dando esta situación.
Una «grave incidencia informática», relacionada con el sumario de la operación Carioca que instruye un juzgado lucense y detectada por la Agencia Española de Protección de Datos pone en entredicho la seguridad informática del programa que utilizan los juzgados de Galicia. La situación, calificada de incomprensible, motivó que dicho organismo requiriese a la Consellería de Presidencia para que adopte «en toda la organización judicial» seis medidas que garanticen la protección tecnológica en las oficinas judiciales. En el caso de Lugo, personas ajenas por completo a la trama podían acceder a la documentación y, además, no quedaba rastro porque no existe un mecanismo que registre todos los accesos a los procedimientos judiciales. El procedimiento era objeto de secreto de sumario.
Una denuncia presentada por la jueza que instruye la Carioca, Pilar de Lara, motivó que Protección de Datos investigase y que, a finales de abril, dictase la resolución que obliga a la Xunta a tomar medidas. La magistrada revelaba que en noviembre del 2009 no pudo acceder al procedimiento porque había desaparecido.
La Xunta, entre otras cuestiones, alegó que diariamente el sistema efectúa un barrido, pero destacó que en el caso de Lugo no se perdió nada.
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A partir de la incorporación a los derechos nacionales de las nuevas normas, las redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, etc. deben garantizar la privacidad de los datos de sus usuarios, a través de la regla de “la privacidad por defecto”.
Las redes sociales, deberán mostrar total transparencia e informar a los usuarios de cuáles pueden ser los riesgos si sus datos son utilizados por terceras personas con el objetivo de que estos no pierdan el control sobre su información personal. También deben garantizar el derecho a que sus datos sean borrados cuando decidan darse de baja del servicio.
“seguridad” de personas, por ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le pide que aplique en determinados contenidos del llamado” derecho al olvido “, que atienda el derecho de las personas a que sus datos personales no aparezcan en el buscador.
En respuesta, Google negó cualquier responsabilidad y rechazó rotundamente retirar la información, ya que sería una “fórmula de censura” y que las demandas deberían ir a los “editores “, pero, admite, que técnicamente podrían retirar los datos, como piden los demandantes, pero eso sería como” vulnerar los derechos de información “, afirma:
Leer más: Aude – Garantizar las redes sociales tienen el “derecho al olvido”