El control horario del funcionariado local con huella digital logra aprobación sindical
El Concello habilitará lectores en el Concello, en la nave de Guimarei y en las sedes de Policía Local y Protección Civil
El polémico control horario de los funcionarios del Concello de A Estrada a través de un sistema dotado de lector de huella digital logró al mediodía de ayer la aprobación sindical en la reunión de la mesa de negociación de la administración local. Al término de la sesión, el presidente de la mesa, el teniente de alcalde Alberto Blanco destacó que el Regulamento de Control Horario e Presencia dos Empregados Públicos do Concello da Estrada fue aprobado por unanimidad de todos los asistentes. Asistieron a la reuniónrepresentación del gobierno local y también de los sindicatos UGT, CC OO, CIG y CSIF.
El documento aprobado ayer recoge explícitamente "garantías" de que la información obtenida por el Concello para el control horario de los funcionarios con huella digital se usará solo para ese fin. Asimismo, establece que "todo el personal tendrá la obligación de fichar tanto al principio como al final de cada jornada así como cada vez que se abandone el centro de trabajo y en las ausencias y retornos que se prevén" en el reglamento, con diversos códigos para cada tipo de entrada y salida. Para ello, la administración local proyecta crear unos ficheros que dará de alta en la Agencia de Protección de Datos.
Tras ser aprobado ayer en la mesa de negociación, el reglamento de control horario deberá ser aprobado por el pleno. Luego se someterá a exposición pública por espacio de 30 días y, tras la resolución de alegaciones por parte de Alberto Blanco, deberá ser aprobado de nuevo en pleno. Luego, y con los ficheros dados de alta en la Agencia de Protección de Datos, la puesta en marcha de este sistema de control horario será "inmediata".
Para realizar el control horario de todo el personal municipal, el Concello proyecta habilitar 4 lectores de huella digital (como el que ya lleva varias semanas en funcionamiento en elconsistorio) no solo en la casa consistorial sino también en la nave del Departamento Municipal de Obras sito en el recinto ferial de Guimarei y en las sedes de la Policía Local y de Protección Civil. En centros de trabajo municipales donde hay menor número de empleados municipales, como en la guardería o en los colegios, deberán fichar por fax o por internet. La habitual pausa de café de los funcionarios no podrá superar la media hora.
Por otra parte, en la mesa de negociación también se abordó ayer la nueva encomienda de funciones a la recaudadora municipal, que pasará a ser técnica de gestión de tributos. Ello implicará que no solo tenga que asumir la parte administrativa de la gestión tributaria sino que también deba elaborar informes.
La Agencia de Protección de Datos multa a la comunidad de Fase Cumbres de Calicanto
DEBERÁN PAGAR 1.200 EUROS POR EXPONER EN LA VÍA PÚBLICA EL NOMBRE DE LOS PRESUNTOS MOROSOS
La Agencia de Protección de Datos ha multado a dicha fase con una multa de 1.200 euros por el uso de información privada de los vecinos. La resolución R/02532/2011: emitida este pasado día 14 de noviembre responde a una de las 18 denuncias presentadas, y que representaba a 119 vecinos, condena la exposición en un tablón en la vía pública unos listados con los supuestos deudores de la urbanización.
La resolución señala que la exposición se realizó en una vía pública de acceso libre y no en la sede social. En base a ello inicia procedimiento sancionador a la comunidad de propietarios Fase Cumbres de Calicanto por la presunta infracción del artículo 10 de la ley orgánica de Protección de Datos (LOPD) con carácter leve. La resolución, si bien indica que es legítimo exponer el nombre y deuda de los morosos en el tablón social después de haber sido imposible la comunicación certificada, señala que esta nunca puede estar a la vista de terceras personas.
También señala resolución que las actas con esos datos estuvieron un tiempo excesivo, ya que se colocaron en julio de 2010 y seguían expuestas en enero de 2011. Y continúa diciendo que "no existe causa que justifique la exposición en el tablón de anuncios de los datos como deudores de los denunciantes pues no ha resultado acreditado que dicha exposición responda a un intento infructuoso de notificación a sus integrantes, ni es un lugar conveniente para ello, al existir otro espacio dispuesto para ello, no siendo tampoco apto ni proporcional al fin, un espacio en la vía pública ya que posibilita que pueda ser visto por terceros".
La tensión en la fase Cumbres se vive desde hace varios años. En esa fase existen 1080 parcelas con alrededor de 800 titulares. En este tiempo se han sucedido sentencias a favor y en contra de la asociación y vecinos, si estos últimos han recibido varias resoluciones a su favor contra los monitorios al considerarse que algunos de los servicios por los que se reclamaba el pago no eran competencia de la urbanización.
La Fase Cumbres deberá hacer efectiva la sanción en los términos y plazos legales" o se procederá a su recaudación antes del 5 de enero de 2012 que se hará pública en la web de la A.E.P.D. como es habitual "sobre publicación de sus Resoluciones".
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.
El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha propuesto al Ministerio de Justicia la creación de una Agencia estatal para la coordinación en la investigación del caso de niños robados en hospitales españoles entre 1969 y 1990, ha informado a Europa Press fuentes del caso.
La propuesta ha sido trasladada a la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) durante una reunión celebrada ayer en la sede de la Fiscalía de Madrid para tratar el asunto ante el archivo de la mayoría de las 200 denuncias presentadas en Madrid.
En la reunión, el fiscal jefe expuso a las víctimas las limitaciones que tiene el Ministerio Fiscal a la hora de realizar la búsqueda de datos de familiares debido a la Ley de Protección de Datos, así como que su competencia se limita a investigar los delitos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"Es necesario una lectura de los archivos para buscar a los familiares como precedente a la hora de iniciar la investigación. Es necesario para acotar los casos y abrir un procedimiento de conexidad", han indicado a Europa Press fuentes de la asociación.
Con motivo de las competencias de la Fiscalía, Eduardo Esteban ha trasladado a la plataforma y al Ministerio de Justicia la necesidad de crear una Agencia Estatal que coordine las denuncias con la finalidad de que se puedan unificar criterios y posibilitar ofrecer una visión más esclarecedora de los hechos.
AGENCIA ESTATAL
Por ello, el fiscal jefe ha instado al Ministerio de Justicia para que lleve a cabo las gestiones oportunas que permitan implementar la creación de este nuevo organismo que sea capaz de gestionar y coordinar cada una de las áreas relacionadas con los procesos penales como con la búsqueda de datos.
Además, la asociación se reunirá el próximo diciembre con el ministro de Justicia para mejorar el protocolo puesto en marcha de cara a la creación de una oficina de atención a las víctimas en beneficio de una atención directa a los perjudicados.
En el caso de Madrid, un total de siete fiscales investigan las 210 denuncias presentadas, la gran mayoría ya archivadas. Los delitos implicados en este caso serían falsedad documental, sustracción del menor y detención ilegal, pero en la mayoría de los casos estarían prescritos. Además, el delito de detención ilegal podría conllevar la imputación incluso de los padres adoptivos.
Insta a disculparse "públicamente por las falsedades vertidas"
El PSOE pedirá la reprobación del portavoz del equipo de gobierno en el Pleno sobre el Plan Centro
SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla pedirá la reprobación expresa del portavoz del equipo de gobierno, Francisco Pérez (PP), conforme a la solicitud de Pleno Extraordinario registrada por el Grupo Socialista para analizar y debatir sobre la derogación del Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico para la protección de la Zona Monumental (Plan Centro), donde instará además a que se den "disculpas públicas por las falsedades vertidas".
En dicha solicitud, que debe ser aceptada por el Gobierno en cumplimiento del artículo 34 de la Ley de Bases de Régimen Local, el PSOE expone que, a la luz de los distintos testimonios recogidos en al Comisión de Investigación del Plan Centro, se someterá a la consideración del Pleno la reprobación de "la actuación de Pérez, como concejal portavoz del gobierno municipal, por la difusión pública de falsedades sobre la implantación y funcionamiento del Plan Centro y la ocultación de información que lo ponía en entredicho", indica en una nota.
De igual manera, los concejales del Grupo Socialista consideran necesario que el máximo órgano de representación municipal repruebe las palabras del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), y del portavoz del Grupo Popular, Juan Bueno, pues de ellas se desprenden "graves y falsas irregularidades a los responsables técnicos y políticos a cargo de la gestión del citado Plan en el mandato anterior". Asimismo, el PSOE pide que se "reconozca expresa y públicamente la profesionalidad y el buen trabajo desarrollado por los trabajadores y trabajadoras del Área de Movilidad y la empresa adjudicataria del equipamiento de control de accesos (SICE) que participaron en el desarrollo del Plan Centro".
Por otro lado, en la propuesta de resolución que reglamentariamente acompaña a la petición de Pleno extraordinario, el PSOE incorpora la necesidad de trasladar a la Agencia Española de Protección de Datos el hecho de que las cámaras de acceso al Conjunto Histórico sigan en funcionamiento y generando ficheros actualmente y, por lo tanto, "recogiendo datos de carácter personal, sin autorización de disposición general, tras la derogación del Plan Centro, por si pudiera existir vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos".
El PSOE también ha solicitado informe a la Secretaría General del Ayuntamiento sobre este particular y, en concreto, sobre la difusión en la Comisión del Plan Centro de tres imágenes de otros tantos vehículos que supuestamente han sido tomadas y mostradas públicamente sin autorización.
En este contexto, los grupos de la oposición siguen "sin ser convocados a una reunión que les permita acceder a la información adicional reclamada ni solicitar nuevas comparecencias a la misma". Para el grupo socialista, "el gobierno, a la vista de que se ha demostrado las artimañas con las que se procedió a la derogación del Plan Centro, quiere dar carpetazo a este asunto echando una capa de tierra sobre un asunto que, de repente, les resulta incómodo".
"No sólo se va a llevar a cabo el Pleno Extraordinario a los que nos faculta la Ley de Bases de Régimen Local, sino que vamos a seguir exigiendo la convocatoria de la comisión y los informes y documentación que se ha solicitado de manera formal", añade.
La AEPD consideró que no concurría interés legítimo en la consulta, la cual sólo cabría amparar en el consentimiento previo de la persona en cuestión que tampoco se obtuvo. Como defensa, el banco argumentó que los datos del denunciante se consultaron por un error al introducir el DNI de la persona respecto de la cual se querían consultar los datos. Sin embargo, la AEPD entendió que la consulta repetida suponía una falta de la diligencia que le era exigible. En todo caso, a la vista del limitado volumen de datos tratados indebidamente, la multa se impuso en el grado mínimo de la infracción correspondiente
La legislación española de protección de datos prevé que la consulta de los ficheros de morosos debe estar motivada en la necesidad de enjuiciar la solvencia de una persona, cuestión de la que se debe informar previamente. En particular, se establece una lista no taxativa de supuestos que legitimarían estas consultas como, por ejemplo, la existencia de una relación contractual no vencida con la persona en cuestión o la manifestación, por parte de esta, de su intención de contratar productos y/o servicios que impliquen un pago aplazado o una facturación periódica. Estas previsiones así como las relativas a los procesos de scoring están, en gran medida, en línea con la reciente opinión del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, que persigue una armonización de las legislaciones nacionales de la EU en relación con los derechos de acceso a este tipo de bases de datos para la evaluación de la solvencia y los consiguientes deberes de información de prestamistas y consumidores.