El martes pasado, el Gobierno de la Ciudad anunció la incorporación de personal de la seguridad privada a un Plan de Seguridad Ciudadana. En dicha oportunidad, se informó que tras la firma de convenios de cooperación con la Policía Metropolitana, primero los empleados de empresas de vigilancia, y luego taxistas, recolectores de residuos, encargados de edificios, quiosqueros y canillitas, se convertirán en ojos que alertarán a la policía local sobre situaciones que requieran la intervención de la fuerza pública.
Ante esta propuesta para combatir la inseguridad con el apoyo de la sociedad civil, el diputado nacional del Frente para la Victoria y secretario General del Sindicato de Vendedores de Diarios, Omar Plaini, informó que los canillitas no se sumarán al plan diseñado por el Gobierno porteño.
“Con nosotros nadie habló pero esto es un absurdo total”, dijo Plani por radio Del Plata.
Tras remarcar que “el canillita es una actividad muy sacrificada” el representante de los vendedores de diarios y revistas subrayó: “No somos profesionales de la seguridad. Realmente esto demuestra que no hay respuesta del Gobierno de la Ciudad al tema de la inseguridad. Lo más importante que hizo (Mauricio) Macri es reinaugurar una calesita”.
En Baja California, se cuenta con una fuerza laboral de personal de seguridad privada de al menos 6 mil elementos, dio a conocer Miguel Ángel Díaz Ordaz, jefe de los Servicios de Seguridad Privada de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
Dijo que de esos 6 mil guardias de seguridad, 240 son guardaespaldas.
Mencionó que existen 158 agencias dedicadas al servicio de seguridad privada certificadas por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, que preside Daniel de la Rosa Anaya.
Destacó que Baja California se ha convertido en punta de lanza en el país en materia de seguridad privada.
FUENTE: uniradioinforma.com
"Todo aporte que el conjunto de la sociedad, dentro de la legalidad vigente, pueda efectuar para combatir el flagelo de la inseguridad es bienvenido", afirmó el diputado Martín Borrelli (PRO), en relación al reciente convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y los prestadores del servicio de seguridad privada de la Ciudad.
En este sentido, el titular de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña señaló que "gran parte del personal de estas empresas cuanta con experiencia en distintas fuerzas de seguridad, lo que puede resultar de mucha utilidad si ese conocimiento se integra al sistema de seguridad pública" y resaltó que "la propia Ley 1913, sancionada en 2005, que regula la actividad de las prestadoras de seguridad privada, les tiene reservado a éstas un rol de colaboración en materia de prevención del delito".
A lo que agregó: "En el inciso a) del artículo 10º, que establece las obligaciones de los prestadores, se establece la obligación de poner en conocimiento inmediato de la autoridad policial o judicial, todo hecho delictivo de acción pública del que tomen conocimiento en oportunidad del ejercicio de su actividad".
Asimismo, Borrelli aseguró que "la seguridad y la prevención del delito no deben verse como una cuestión eminentemente policial, sino como una cuestión integral, que involucra a todo el conjunto de la sociedad".
A modo de reseña, el diputado del PRO señaló: "El Gobierno de Macri trabaja día tras día para sumar recursos humanos y materiales en el combate de la inseguridad: 2000 efectivos de la Policía Metropolitana; 1000 del cuerpo de agentes de tránsito; 500 quinientas cámaras de seguridad; y 50 patrulleros".
"Y como si todo esto fuera poco, una comisaría modelo en la Argentina y en toda Latinoamérica, que se integra con el Ministerio Público, con espacios separados para menores y adultos. Todo este esfuerzo público se potencia si cuenta con la colaboración de la sociedad civil. La seguridad y la prevención del delito no deben verse como una cuestión eminentemente policial", finalizó Borrelli.
FUENTE: www.adnciudad.com
Se levantó la protesta de los trabajadores de una empresa de seguridad privada en Punta Colorada, que el jueves impidió el ingreso de trabajadores al Área Industrial II de la MCC Minera Sierra Grande.
Los operarios de la seguridad privada reclamaban el pago de haberes atrasados y la continuidad laboral, luego que fueron notificados del cese de la actividad. La Minera, en tanto, optó por no renovar el contrato a la empresa empleadora, Cobra Seguridad, especialmente por diferentes piquetes que se han generado en el último tiempo con el personal de esa empresa.
El 30 de enero unos 20 trabajadores quedarán sin empleo por la rescisión de este contrato laboral. De esos 20, la mitad decidió el martes la medida de fuerza y se apostó en el acceso al área industrial de la MCC en el puerto de Punta Colorada, a 32 km de Sierra Grande, impidiendo el acceso al lugar de trabajo de unos 30 operarios.
El asesor de la gerencia de la MCC, Fernando Zhou, fue tajante cuando se refirió a los piquetes que impidieron que los operarios ingresen al trabajo. "Esa es una medida ilegal, no fuimos avisados", expresó.
Pero ayer por la mañana el mismo ejecutivo de la empresa dijo que la medida fue levantada y que todo volvió a la normalidad.
FUENTE: www.rionegro.com.ar
Notiecos/Colima
El gobernador Mario Anguiano Moreno, nombró a Yolanda Verduzco Guzmán, nueva procuradora de justicia, en sustitución de Arturo Díaz Rivera, y al almirante retirado, Andrés Humberto Cano Saldívar, coordinador general de inteligencia del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), como parte de los cambios que había anunciado para el área de seguridad.
Además de estas modificaciones, Anguiano Moreno informó que el ex procurador se desempeñará ahora como director del Registro Civil del Estado, en lugar de Rogelio Salazar Borjas, quien a su vez fue designado director de Seguridad Privada. A la Dirección General de Gobierno, cargo que ocupaba Yolanda Verduzco, llega José Alberto Peregrina Sánchez, mientras que como coordinador de Tecnologías del Sistema Estatal de Seguridad, fue nombrado, Rodolfo Saúl Román.
En un comunicado de prensa, posterior al anuncio hecho por el gobernador Anguiano, se precisó que Eustolio Mendoza Ruiz continúa siendo secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, estos, su nombramiento no fue modificado por las otras designaciones en el área de Seguridad.
SE CUMPLE UN CICLO