La Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá revelar los nombres de losprofesores a quienes se les ha otorgado "oficios de comisión"-permisos para faltar a sus labores con goce de sueldo-, tanto de sus unidades administrativas, como de las entidades federativas y del Distrito Federal, después de una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
En el listado completo que por ley deberá entregar la SEP se tendrá que detallar el nombre, plaza de adscripción y sueldo de cada comisionado, del 1º de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2010, de manera que las unidades administrativas competentes entreguen la información en forma completa.
El listado fue requerido por un particular que presentó un recurso de revisión ante el IFAI por considerar que la respuesta de la SEP había sido incompleta, debido a que sólo aludía a las direcciones generales del Bachillerato, de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar y de Educación Tecnológica Agropecuaria, y porque de ésta última sólo incluía información de 2010.
El solicitante manifestó que de la documentación entregada por la dependencia se infería "que únicamente hubo 191 personas comisionadas con goce de sueldo", cuando a su parecer "existen muchísimos comisionados más".
Al revisar el caso, la ponencia de la comisionada María Marván hizo un análisis de las normas y facultades de las unidades administrativas de la SEP, y de las obligaciones que el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) impone a las entidades federativas y al Distrito Federal.
Según cálculos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Colombia podría convertirse en un destino atractivo para la industria, de cerrar las brechas que le trancan el camino hacia las metas planteadas.
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La entidad calcula que a 2012 el país podría generar 109 mil empleos y US$2.000 millones.
De acuerdo con expertos consultados por LR, el país alcanzará los objetivos impulsado por una evolución en el servicio de voz especializada y de valor agregado.
"La tendencia de crecimiento es alta, porque somos unos de los países más atractivos. El BPO, tanto de outsourcing como de offshoring, ha venido creciendo con mayor fuerza en el último año", afirmó José Manuel Cardona, gerente general de People Contact, empresa manizalita del sector que generó utilidades el año pasado por $500 millones y proyecta generar 10.500 empleos en Manizales.
La industria ha crecido en un promedio anual de 30%, y en 2009 se alcanzaron US$750 millones en ingresos totales, según Santiago Pinzón, director de la Cámara de Servicios Tercerizados de la Andi.
"Colombia tiene 17 años de historia en call y contact center, pero tanto el país como el mundo quieren dar servicios de valor agregado, un portafolio más complejo", afirmó Pinzón.
Desde el principio dijimos que el debate se estaba focalizando, mal para nosotros y bien para el Estado, sobre lo que no tocaba: no son las descargas, son las libertades fundamentales, sintetizadas en un futuro en el que la Internet no sea libre y neutra como la conocemos.
Aunque ya hace unas semanas que lo leímos, hasta ahora no nos ha dado tiempo a comentarlo, pero no quería dejar pasar más días. Y es que ahora que ya se tiene el texto aprobado, parece que la nueva Ley de Economía Sostenible entra en conflicto con la LOPD, requiriendo la modificación de varios artículos de esta ley orgánica, incluyendo los que describen delitos contra la privacidad y compensaciones aparejadas.
La Ley Orgánica de Protección de Datos es una ley barroca, con tantas excepciones que la vuelven impracticable, pero la mayoría de problemas en torno a la misma tienen que ver, precisamente, con su complejidad y conque el Estado pueda saltarse todas las restricciones que la ley introduce, siempre en nombre de la seguridad nacional. El objetivo es intentar construir unmonopolio estatal de acceso a la información personal.
Cuando trabajaba con láseres siempre decíamos que el haz tenía que ir paralelo al suelo, porque si no es así, la sucesivas correcciones que hay que introducir para nivelar el camino óptico vuelven el proceso de alineamiento (para dirigir la luz del láser hacia su objetivo) en una tarea imposible. Aquí sucede algo parecido: introduzca usted una ley que pretende crear artificialmente algo y sea incapaz de encauzar el sistema. Y luego parchee y reparchee, del canon y otras subvenciones a un sistema de licencias basura que nos obliga a ser abogados, restándonos tiempo para lo que realmente sabemos y queremos hacer, pasando por despenalizar a toda prisa la invasión de la privacidad ajena. Todo en la búsqueda insaciable de un equilibrio que no ha de llegar.
La única forma de gobernar un haz láser cuando se ha demostrado que la desviación la tiene desde el origen pasa por desmontar todas las piezas y volver a empezar. Aquí no es diferente: si tan sólo nos dejaran desmontar todo lo relativo a la propiedad intelectual, nos iría muchísimo mejor, pero entonces se quedarían sin muñeco de paja que agitar para introducir las reformas que, como la destrucción de la neutralidad de la Red, permitan cabalgar al muerto e ir a una batalla que no podemos ganar y que más nos vale enfrentar en otra parte, en otro campo de batalla en el que tengamosventaja.
FUENTE: www.rebelion.org
- Lás infracciones pequeñas llamarán más la atención.
- Los robos de información “low-tech”, es decir, de baja tecnología aumentarán.
- La pérdida de información como resultado de pérdida de dispositivos electrónicos aumentará.
- La minimización de la información recolectada será más común para minimizar las pérdidas de información.
- Las aumentadas colaboraciones entre empresas aumentará también las pérdidas.
- El aumento del uso de las herramientas de las redes sociales aumentará también las pérdidas.
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Los datos de prueba no son un secreto industrial que puede mantenerse oculto por siempre, sino que son mantenidos bajo protección de la autoridad regulatoria por un periodo variable.
La protección de la información resultante de experimentos y estudios ha sido imperiosa para proteger el esfuerzo económico, técnico-científico y comercial de cualquier iniciativa de innovación, porque la competencia desleal busca aprovechar el esfuerzo de otros para lograr ventajas comerciales, que precisamente van en contra de quien sí hizo ese esfuerzo. Por ello la normatividad protege la confidencialidad de información bajo la figura del secreto industrial. Este secreto es perpetuo y sólo es levantado cuando su dueño quiere hacerlo público o lo entrega voluntariamente a terceros. Así, la fórmula de la Coca-Cola, o los datos del desarrollo de un nuevo compuesto o del maglev alemán o las pruebas de un diseño automotriz, etc., se mantienen confidenciales.
Quienes inapropiadamente obtienen y utilizan diseños, datos de prueba e información del innovador, generan tanto daño para una nación o para la iniciativa empresarial y científica, como que matan literalmente nuevos desarrollos. Los costos de innovar no pueden sostenerse ante quienes no invierten ni se esfuerzan, porque los segundos pueden vender más barato. Imaginemos las pasarelas de Milán o Colombiatex, en las que el esfuerzo creativo y financiero de diseñadores y empresarios se plasma en sus lanzamientos, en tanto otros transmiten información desde esos mismos desfiles hacia enormes maquilas para inundar el mercado al otro día, con ‘los mismos productos’. Los resultados y desarrollo de ese sector son simples de prever.