Aunque el alcalde Jorge Iván Ospina había anunciado que antes de junio se estarían invirtiendo $6.000 millones en la seguridad de Cali, hoy hay una gran preocupación en la ciudad debido a que el proyecto para obtener estos recursos, a través de la venta de unas acciones del Banco Popular, se estancó el pasado viernes en el Concejo.

Según afirmaron los cabildantes, el Gobierno local no entregó la información suficiente para soportar la iniciativa, lo que dejó varias dudas en el cabildo.

“Decidimos aplazar la aprobación del proyecto de acuerdo 199 en segundo debate, porque requeríamos más información financiera acerca de la venta de las acciones que el Municipio tiene en el Banco Popular”, explicó el ponente del acuerdo, el concejal Álvaro Monedero.

La noticia sorprendió a las autoridades locales, pues el proyecto ya había pasado en primer debate y se esperaba que el pasado 20 de mayo la Alcaldía tuviera el aval para girar dichos recursos a la Policía Metropolitana de Cali.

Sin embargo, hoy son muchos los interrogantes que giran en torno a la iniciativa que, el pasado 31 de marzo, el Gobierno local anunció como uno de los ‘salvavidas’ para la crisis en la seguridad que se vive en la capital del Valle, donde hasta el pasado mes de abril ya se habían registrado 609 homicidios.

La prevención del delito se ha convertido en una de las prioridades gubernamentales. Hace cuatro años el oficial de Policía y licenciado en Seguridad, Gerónimo Giménez, presentó un proyecto para vigilar las zonas más proclives al delito con cámaras de seguridad.
En una primera etapa, se instalaron cámaras de seguridad en el centro de la capital santiagueña, el éxito logrado desde la instalación de la vigilancia fílmica, hizo que el estado provincia invirtiera casi dos millones de pesos, en la concreción de la segunda parte del proyecto, la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad de La Banda y en la autopista. Esta nueva etapa, comenzó esta semana y estaría concluido la semana próxima.
Esta ambiciosa iniciativa, es una especie de “Gran Hermano” preventivo, haciendo un paralelismo con el exitoso programa de televisión. En capital ha ayudado a la Policía en la resolución de numerosos casos. Por ese motivo ahora esta modalidad de vigilancia se extenderá a la localidad ribereña.
Sólo en la ciudad de La Banda se instalarán 15 cámaras de seguridad. Según explicó Giménez, el lugar donde se pondrán las cámaras no es caprichoso. “Se ha hecho un estudio en base a las estadísticas con las que contamos, para establecer cuales son las zonas más sensibles al delito y esos lugares fueron elegidos para colocar los aparatos”, explicó Giménez.
Pero no sólo el casco urbano bandeño tendrá filmadoras que controlarán la seguridad de los ciudadanos. Una de las zonas más complicadas en lo que hace a seguridad, tanto personal como vial, es la autopista Juan Domingo Perón, que une Santiago con la “Cuna de Poetas y Cantores”, allí también se instalarán cámaras de seguridad.
El corredor vial que une a las dos principales ciudades de la provincia, tendrá varias cámaras de última generación, que vigilarán el flujo constante de automóviles, y sobre todo de las motocicletas, que se mueven entre una localidad y la otra.

El empresario Ricardo Salomón estaba durmiendo en su casa cuando el teléfono sonó en plena madrugada. La noticia no era la mejor. Dos asaltantes habían entrado al predio de su empresa de transporte de cargas, "Logitruck", habían golpeado al portero y se habían llevado una camioneta nueva cargada con miles de pesos en mercadería.

Salomón se fue rápidamente a la empresa, ubicada en el kilómetro 2 de la autopista Juan Domingo Perón, en Alderetes. Se sentó ante su computadora y, desde allí, siguió con atención en unos monitores todo lo que había ocurrido. Las cámaras de seguridad instaladas en el predio habían captado cada movimiento de los asaltantes, y se los podía ver cómo, a sus anchas, rompían las cajas de mercadería para escoger qué se llevarían. "Todavía no tenemos los números exactos, pero valuamos la pérdida en unos $ 50.000", explicó el propietario de la empresa.

Llegada sorpresiva
El atraco fue perpetrado ayer, cerca de las 2. Nadie sabe en qué llegaron los dos delincuentes. Pero sí que, a punta de pistola, redujeron al portero de la empresa. Le ataron los pies y las manos, y luego le dieron una brutal golpiza. "Después, robaron una Fiat Fiorino casi nueva, que compramos hace dos meses", contó Salomón.

Pero, en plena huida, los delincuentes se dieron cuenta de que podían engrosar aún más el botín. "A los 20 minutos, volvieron en esa misma camioneta", añadió el dueño de la firma.

El diputado Tuma, recientemente desvinculado del Partido Unace, lo que provocó una verdadera crisis en la nucleación, aseguró que Fabiola, hija del líder partidario Lino César Oviedo, exigió en forma prepotente al encargado de la seguridad de la Cámara de Diputados una grabación en la que se podía observar por las cámaras de seguridad a su colega Daniel Fleitas en su oficina.

Conforme al relato de Tuma, Oviedo ingresó a las instalaciones que la empresa SIT tiene en el edificio legislativo el pasado jueves y exigió unas copias de las grabaciones.

Ante la negativa del encargado de la seguridad, la hija de Oviedo sacó a relucir su condición de legisladora e indicó que a las grabaciones de seguridad pueden acceder todos los congresistas.

"Ingresó a las instalaciones de dicha institución a exigir que se le grabe el día en que el diputado Daniel Fleitas ingresó a mi oficina. Le manifestaron que no podían hacer eso. Según me informa Pose (Aníbal, el jefe de seguridad), en forma prepotente le exigió, procedió a grabar en su teléfono cuando el diputado Fleitas ingresaba a mi oficina. Quienes se encontraban presentes, vinieron a darme explicaciones, porque esto no entra dentro de las cuestiones de seguridad, sino del espionaje en el ámbito privado de las personas", expresó Tuma, bastante ofuscado.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la audiencia está prevista que comience a las 9, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Morón.

Desde que comenzó el debate, en febrero pasado, la defensa de Bellini, compuesta por los abogados del imputado, Roberto Babington, Mario Di Caprio y Raquel Hermida Leyenda, presentaron elementos para sostener su hipótesis de que la muerte de Pearson se trató de "un suicidio de manual".

Sin embargo, el lunes pasado, al comenzar la etapa de alegatos, los fiscales Adrián Flores y Marcelo Varona Quintián imputaron a Bellini "homicidio simple agravado por el uso de arma en concurso real con portación ilegal de arma de fuego" y solicitaron que sea condenado a 18 años de prisión.

Los fiscales también pidieron que se extraigan las actuaciones correspondientes para investigar la presunta comisión de "falso testimonio" por parte de dos empleadas domésticas de la casa de Bellini y del encargado de proveer y mantener el funcionamiento de las cámaras de seguridad del boliche.

Además, requirieron que se investigue por "encubrimiento" a cinco testigos allegados al imputado, entre ellos al jefe de seguridad de "Pinar de Rocha", Ariel Rogoz.