lo informó el secretario de Seguridad, César Chao Monzón, ante autoridades del INADI, que reclamaron por medidas pedidas a raíz de los hechos de junio. Los agentes no portarán armas de fuego, sino sólo bastones y escudos como elementos disuasivos.
El delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Río Negro, Julio Accavallo y la asesora letrada Nadina Moreda se reunieron en la sede de la delegación con el secretario de Seguridad de la provincia, César Chao Monzón, a fin de trasladarle una serie de medidas que habían efectuado a la gestión anterior de Víctor Cufré y de los cuales nunca se obtuvo respuesta.
“Luego de los episodios de junio de 2010 en Bariloche, a partir de los cuales tres jóvenes resultaron asesinados, pedimos, entre tantos otros temas, que se cumpla la disposición para que todos los policías lleven identificación en el uniforme. El secretario de Seguridad se comprometió a trasladar el pedido a la Jefatura de Policía aunque reconoció que la identificación es obligatoria y que quienes no la cumplan deben ser sancionados”, recalcó Accavallo.
Respecto a otro de los reclamos, la reestructuración del grupo especial BORA, Chao Monzón indicó que se pondrá en marcha un programa de “desarme” de la Brigada. De manera que los agentes no portarán armas de fuego; sólo bastones y escudos como elementos disuasivos.
Asimismo, desde la Delegación INADI Río Negro se insistió en la importancia de colocar cámaras de seguridad en las comisarías y penales a fin de monitorear la actuación policial especialmente, en los calabozos. “En enero de 2011, un joven de 24 años, Guillermo Garrido, murió en la Comisaría de EL Bolsón. En un primer momento la Policía rionegrina informó el caso como suicidio; no obstante, una reciente pericia determinó que el joven fue asesinado por un golpe en la nuca. La implementación de cámaras de seguridad evitarían muchas de las situaciones denunciadas y según nos aseguró Chao Monzón estas medidas forman parte de las nuevas políticas de la Secretaría que dirige”, manifestó Accavallo.
Por otra parte, el delegado de INADI Río Negro se mostró expectante ante el convenio firmado entre la Secretaría de Seguridad y la Universidad Nacional de Río Negro para que los policías se formen en esa institución nacional con un fuerte componente y énfasis en los derechos humanos. “Para esta nueva etapa, pusimos a disposición todos los recursos humanos y conocimientos que se requieran para colaborar en la formación de la policía y la erradicación de prácticas discriminatorias y racistas”, añadió.
Finalmente, Accavallo destacó la decisión del gobierno provincial de ir reduciendo progresivamente los adicionales de la policía, recordando que muchos cumplen tareas en el ingreso a los locales nocturnos a pesar de que esto está prohibido por ley. “Lo dijimos días atrás: la ley nacional de control de admisión y permanencia prohíbe a los policías realizar estas tareas. Tuvimos un fuerte compromiso del funcionario para que la normativa se cumpla”, concluyó
FUENTE:Bariloche 2000
San Isidro: 274 detenidos por las cámaras de seguridad durante 2011
sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro -hoy cuenta con unas 700 estratégicamente instaladas en la vía pública- sigue aportando resultados positivos en lo que hace a la prevención el y auxilio de vecinos ante emergencias; así lo demuestran las estadísticas anuales de 2011, derivadas del monitoreo de imágenes con un total de 274 detenidos enero a diciembre del año pasado
Las imágenes que proporcionan las cámaras se monitorean desde el edificio administrativo de Avenida Centenario 77, bajo supervisión policial, con comunicación permanente con el 911, comisarías y móviles tanto policiales como comunitarios.
Derivados del monitoreo de imágenes, el año pasado se registraron 71 detenidos por robo, 23 por ocasionar daños en la vía pública, así como también 6 por resistirse a la autoridad, 20 por poseer sustancias prohibidas, 14 por pedido de averiguación de paradero, 16 por pedido de captura, 1 comparendo compulsivo, 1 por tenencia de arma de fuego y 1 por abuso deshonesto.
Eficazmente, las imágenes de las cámaras del municipio sirvieron para guiar los respectivos procedimientos policiales.
Por otra parte, en apoyo a la Justicia y el Ministerio Público Fiscal, las cámaras aportaron 746 grabaciones positivas - enriqueciendo así la sustanciación de distintas causas- sobre un total de 1023 requerimientos judiciales.
Mientras tanto, entre las intervenciones en la vía pública a partir del monitoreo de cámaras, se identificó a 678 sospechosos, se dio aviso a los bomberos por 16 incendios, además de solicitar ayuda ante 6 emergencias mecánicas, 25 disturbios, 2 accidentes ferroviarios, 266 accidentes de tránsito, y 43 emergencias de salud.
A su vez, entre los demorados, hubo 3 por decomiso de mercadería y 120 por averiguación de identidad. En cuanto a los vehículos, hubo 22 recuperos por robo y 8 rodados secuestrados.
FUENTE:Zona Norte Diario OnLine
Adelantan reunión sobre seguridad en el barrio Altamira
Las charlas estuvieron a cargo de la Policía Comunitaria del Segundo Distrito de Policía y en ellas se trataron temas de seguridad, convivencia ciudadana y la creación del frente de seguridad en ese sector.
De acuerdo con el agente Édgar Molano Rincón, encargado de la Policía Comunitaria en Floridablanca, durante la reunión se habló acerca de cómo conformar el frente y la escuela de seguridad, al igual que la metodología para adelantar las campañas educativas y preventivas: “Con el ánimo de generar conciencia ciudadana y sentido de pertenencia entre los residentes, quedando como compromiso entre los que asistieron apoyar a la Policía Nacional en todos los procesos y programas que ayuden a mejorar la percepción de seguridad y el rescate del entorno”.
Al finalizar la actividad, la entidad policial reiteró a los presentes la importancia de trabajar valores y principios como el de la colaboración, unión y responsabilidad, ya que se logra –según ellos– más compromiso y responsabilidad en la seguridad y la convivencia
FUENTE::Vanguardia Liberal
Conaf presentó proyecto para adquirir cámaras de seguridad
El año pasado la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ingresó al CORE un proyecto con el cual pretenden instalar 4 cámaras de monitoreo remoto al interior del Parque Nacional Torres del Paine, para la detección temprana de incendios. La inversión bordea los $150 millones y responde a una evaluación de los sistemas de detección de incendio que la CONAF desarrolla desde el 2005 en sus distintas etapas.
José Fernández, director regional de CONAF explicó que, “primero se determinaron los lugares de visibilidad donde podían ser instaladas, ya sean cámaras de control remoto o torres de detección de incendios, luego de esto vino la etapa de evaluación para ver cual era el mejor, y se determinó por las cámaras de control. El año 2008 se instalaron un par de cámaras en el Parque Nacional Torres del Paine (PNTP) como pruebas de controles remoto de monitoreo para ver como funcionaban, han estado funcionando bastante bien, lamentablemente en este siniestro que partió en un lugar que no había visibilidad por parte de las cámaras”.
Fernández agregó que el año pasado se ingresó al gobierno regional un proyecto para instalar 4 cámaras de monitoreo remoto dentro del PNTP para la detección prematura de los incendios.
“Ese proyecto hoy día se encuentra con RS y está próximo a ser votado para su financiamiento del CORE”, informó.
Asimismo, el jefe de la unidad regional de Manejo del Fuego, René Cifuentes, explicó que desde 1980 ocurrieron 61 incendios, que afectaron 48.700 hectáreas, la mayoría, en los incendios de 1985; 2005 y 2012.
La Central de coordinación regional de Incendios Forestales, mantiene un enlace constante con Santiago y las cuatro brigadas de CONAF en la región, con autoridades, ONEMI, además de manejar el índice de probabilidad de ocurrencia de incendios en base a índices metereológicos, pudiendo prevenir mediante el desplazamiento de las brigadas a las zonas de riesgo. Dentro del plan de fortalecimiento del sistema de protección CONAF esperan incluir un sistema de patrullaje aéreo
FUENTE:El Pingüino
La Cumbre de Tarija debate cuatro leyes de seguridad
El Gobierno presentó un paquete de cuatro anteproyectos de ley a la II Cumbre de Seguridad Ciudadana que termina hoy en Tarija. Con esas normas, el Estado pretende combatir a la delincuencia y reducir los niveles delictivos que se incrementaron en algunas ciudades del país.
La primera norma trata sobre restricciones al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. La segunda es una propuesta que se refiere a casos de hurto, robo y comercialización ilícita de vehículos motorizados, autopartes y accesorios. La tercera trata sobre la creación de juzgados de contravención. El último anteproyecto se refiere al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana denominado “Para vivir seguro”.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, general Miguel Vásquez, explicó a La Razón que una vez que los cuatro proyectos sean consensuados, lo que debe ocurrir hoy antes de que concluya la Cumbre que se realiza en Tarija, el documento final será remitido al departamento jurídico del Ministerio de Gobierno.
Posteriormente los cuatro proyectos de norma serán enviados al Ministerio de la Presidencia para que pasen por una redacción final, antes de ser presentado oficialmente para su tratamiento en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El cúmulo de anteproyectos dedicados a la seguridad ciudadana, según Vásquez, coordina las labores del sistema de vigilancia con el conjunto de las instituciones que están obligadas a trabajar conjuntamente. Adicionalmente, establece la funcionalidad específica de los consejos nacionales, departamentales, municipales y fronterizos en esta temática, tratando de superar iniciativas anteriores que fracasaron.
Borradores. El proyecto de ley referido a nuevos controles al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el país tiene como fin normar y limitar el acceso de los menores de edad a las bebidas, además de reglamentar el funcionamiento de bares y cantinas que estén cerca de establecimientos educativos. Esta tarea debe ser puesta en marcha en coordinación con los municipios.
La segunda norma se refiere al hurto, robo y comercialización ilícita de vehículos motorizados, autopartes y accesorios. El general Vásquez considera que gran parte de la inseguridad en Bolivia se genera, precisamente a partir del robo de autopartes, y que el tema amerita una respuesta jurídica.
La norma al respecto, de cinco capítulos y 19 artículos, establece sanciones de prisión que van de los dos a los 12 años por el desmantelamiento, sustracción de placas de circulación, cambio o falsificación de placas, y alteración de datos alfanuméricos en las series de un chasis. El proyecto también propone determinar que cada taller mecánico, de lavado, pintura, chaperío, además de los comercializadores y los garajes deben tener un registro en acuerdo con en la Policía.
El tercer proyecto se refiere a la creación de juzgados de contravención que serán puestos bajo jurisdiccional de la Policía. Estos jueces, que serán jefes policiales, darán sanciones de carácter económico o de carga horaria para trabajos comunitarios e incluso podrán ordenar la aprehensión de un individuo por un máximo de ocho horas, pero sin que esto requiera la intervención del Ministerio Público.
El juez tendrá a su cargo la sanción de riñas y peleas, la portación de armas blancas, el lanzamiento de objetos contundentes, el suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad o en lugares públicos o abiertos, el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, el iniciar incendios, el apagado del alumbrado público, el cerrar llaves de paso de agua, el descuido de animales, el causar peligro en espectáculos públicos y deportivos, la reventa de entradas y el negarse a pagar un consumo, entre otros.
Más que los aportes, planificar
Porcentaje
Sobre el proyecto de aportes de gobernaciones y municipios para la seguridad ciudadana, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, considera que el tema “no se trata de porcentajes sino de planificación”.
Inversiones
“Necesitamos un plan de inversiones con la Policía, saber a qué se van a destinar los recursos y hacer planes de largo plazo”, dijo Revilla, que ve la rotación de mandos policiales como un escollo.
El presidente Morales no asistió a la inauguración
La II Cumbre de Seguridad Ciudadana fue inaugurada sin la presencia del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. El Ejecutivo está representado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, y el de Defensa, Rubén Saavedra.
Sólo tres gobernadores asisten. Se trata del anfitrión, Lino Condori, del paceño, César Cocarico y del cochabambino, Edmundo Novillo. De los 10 alcaldes de las ciudades capitales incluido El Alto, están cuatro ediles: Luis Revilla (La Paz), Moisés Shriqui (Trinidad), Zenón Gutiérrez (Potosí) y Óscar Montes de Tarija.
Además, el general Jorge Santiesteban encabeza la delegación junto a los nueve comandantes departamentales de Policía. A todos estos asistentes se suman representantes de organizaciones sociales y el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo.
Bs 1.400 MM para seguridad ciudadana
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, estima en 1.400 millones de bolivianos el monto que se destinará a los programas de seguridad ciudadana en el país, correspondientes a recursos provenientes del 10% que otorguen las gobernaciones y los municipios más grandes del país.
De acuerdo con el anteproyecto de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el financiamiento proviene del TGN por una parte, y por la otra de los gobiernos autónomos departamentales que asignarán un 10% de sus recursos del IDH, además de los municipios de acuerdo con su población. Las alcaldías con una cantidad de pobladores superior a los 50.000 habitantes destinarán un 10%, mientras que en los municipios menores a 50.000 habitantes se aportará con el 5%.
Romero identificó como una de las deficiencias por las que no se ejecuta un plan efectivo de seguridad ciudadana a las carencias institucionales y tecnológicas de la Policía; “necesitamos un Estado que tenga la capacidad de reacción inmediata, para lo cual necesitamos cámaras, banco de datos, una policía aérea. Para todo eso se necesitan muchos recursos económicos”, agregó.
Según los datos de Romero, la transferencia directa que reciben los municipios y las gobernaciones representa 14.000 millones de bolivianos, el 10 por ciento de este monto alcanza a Bs 1.400 millones, que se destinarían a planes y proyectos relacionados con la seguridad ciudadana.
Romero señaló que actualmente existen 1.000 millones de dólares no ejecutados como saldo en caja y bancos de las alcaldías y gobernaciones; “no creo que los municipios y las gobernaciones estén en situación deficitaria como para no poder contribuir a este propósito, que es uno de los más sentidos por la población”.