‘Blindan’ vs inseguridad el Tec y la Universidad
Sin detener su paso, Tomás Ríos saca de la cartera su credencial de estudiante y la muestra a dos guardias de seguridad privada que están en el acceso principal del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), donde cursa la carrera de Administración de Empresas.
“Pásele”, se escucha decir casi al unísono a los vigilantes del plantel, un hombre y una mujer, mientras revisan visualmente la identificación de Ríos, así como las de otros alumnos de la institución que casi al mismo tiempo ingresan caminando por el acceso principal de la Avenida Tecnológico. Sólo unos cuantos son detenidos para una revisión más detenida de su documento.
Por controles de acceso como éste cruzan los más de 36 mil estudiantes de universidades públicas en la ciudad, como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad Tecnológica, así como el ITCJ, que ante la inseguridad registrada desde hace cuatro años adoptaron paulatinamente esta y otras medidas para que los actos delictivos no traspasen la ‘puerta’ de sus campus.
Gasta el Tec casi 4 mdp en los últimos tres años
El ITCJ ha gastado casi cuatro millones, en los últimos tres años, informaron. En conjunto ambas instituciones destinaron a la seguridad el equivalente a casi el 42 por ciento del monto destinado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al desarrollo de proyectos de investigación académica en los últimos seis años, de acuerdo con datos oficiales.
Aunque se estima que el monto de recursos económicos asignado por las universidades a la seguridad de sus alumnos, maestros y empleados en general es mayor, considerando el gasto realizado por colegios privados, como el Tec de Monterrey, así como el que destina la UACH para su campus en la ciudad y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, que no proporcionaron el monto de su erogación por este concepto.
Esta inversión se elevó desde que se disparó la violencia en la ciudad, coincidieron en informar representantes de las mismas.
“Se tomaron medidas para evitar que los hechos delictivos que se daban en la ciudad cruzan a los campus universitarios” dijo Arturo Herrera, coordinador de bienestar infantil de la UACJ.
Elma Chávez, subdirectora académica aseguró que “la inseguridad en la ciudad nos alertó”.
De ver lo que ocurría en la ciudad, los estudiantes y maestros sintieron miedo hasta en sus aulas, coinciden los entrevistados. Aunque aseguran que los únicos hechos de inseguridad que han ocurrido en los planteles son los robos, algunos casos con violencia.
Así, para salvaguardar la integridad física de sus estudiantes, docentes y trabajadores, las universidades públicas aumentaron su blindaje: contrataron más personal de vigilancia privada e instalaron cámaras inteligentes en cada uno de sus planteles y modificaron sus horarios de clases para evitar que salieran noche de sus aulas.
También se incluyen: pláticas de prevención del robo, difusión de acciones de seguridad, simulacros y diagnósticos de seguridad dentro de los campus universitarios.
Además, colocaron botones de pánico, se cambió el horario de clases en el turno nocturno para que terminen clases a las 20:00 ó 21 horas, se implementaron programa de credencialización, programa de comunicación interna.
En general instalaron barreras físicas, tecnológicas y humanas, se informó.
Del paso libre a los filtros de acceso
Tras la violencia inédita que se desató desde el 2008 en la ciudad y que le arrebató la vida a compañeros, maestros y empleados, los universitarios se sintieron inseguros.
Esto quedó expuesto en una encuesta levantada por la UACJ entre alumnos de sus cuatro institutos en la ciudad, donde la mitad respondió sentirse seguro en su campus, el resto no.
Al pedirles que nombraran el lugar de la institución que consideraban más inseguro, la mayoría mencionó el estacionamiento.
Esta misma situación se registró en el resto de los universitarios, por lo que en todos los planteles públicos y privados se tomaron medidas, como la colocación de casetas de seguridad y accesos restringidos.
Representantes de la institución asocian ese temor a que la mayoría de los incidentes de inseguridad, robos y asaltos, se registraron en esos lugares a donde concurre la mayoría debido a que siete de cada 10 universitarios se traslada en automóvil propio.
“De aquí se robaban carros, estéreos o cosas que dejábamos en la cajuela y nadie sabía nada”, dijo un alumno de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
Esto mismo vivieron alumnos de las otras instituciones, por lo que la Universidad Tecnológica dio a conocer que optó por restringir la entrada a automóviles sin placas o permiso municipal para circular y el Tec de Juárez prohibió a sus escolapios permanecer en interior de los autos, aunque esto último no se cumple a cabalidad, se pudo detectar en un recorrido por el lugar.
En general, las universidades e instituciones de educación superior colocaron controles mecánicos de acceso, sobre vigilados por cámaras o presencia de guardias privados.
La primera en adoptar estos esquemas de control fue la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), donde se dispuso que toda persona que ingresara al edificio debería identificarse previamente ante personal de seguridad.
Mario Meza, coordinador de comunicación de la institución, dijo que esa medida se dejó de aplicar. Ahora el plantel, ubicado en el Pronaf, sólo es monitoreado por la Secretaría de Seguridad Pública a través de un sistema de cámaras colocadas en distintos puntos.
Se dio a conocer que en el Instituto Tecnológico de Monterrey ocurrió lo mismo, pues los alumnos muestran su credencial escolar, mientras que los padres de familia deben identificarse con un documento oficial y un recibo de pago de algún servicio público.
“Me siento seguro así, quizá perdimos libertad, pero es preferible para estar tranquilos”, dijo Ríos el alumno del ITCJ.
Las medidas adoptadas por las universidades locales forman parte de las recomendaciones que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) lanzó desde el año pasado para reforzar la vigilancia en los campus, con acciones preventivas para casos como secuestros, balaceras, asaltos y robos a las instituciones educativas.
Estas se expusieron en el Manual de Seguridad para dar cabida a una preocupación grave en la sociedad mexicana, donde se reveló que el 32 por ciento de las instituciones de educación superior no contaban a finales del 2011 con instrumentos de regulación para la seguridad.
De acuerdo con una encuesta de la ANUIES, la mayoría de los incidentes que se presentan dentro de las universidades se centran en el robo de equipamiento escolar, robo de autopartes y vehículos, asalto a transeúntes y existe un incremento en las amenazas e introducción de explosivos.
De la encuesta aplicada por la UACJ a sus alumnos se desprende que los delitos que sufrían dentro y fuera de las instalaciones se registraban en la tarde noche, en algunos casos mencionaron de las 8 a las 10 de la noche.
Debido a esto las instituciones se vieron en la necesidad de bajar sus horarios de clases e implementar un sistema de transporte.
En el ITCJ, las clases terminan a más tardar 9 de la noche, dice Elma Chávez. Ante se extendían hasta las 10. Esto mismo ocurrió en el UACJ, donde se ajustó el horario para concluir una hora antes en los turno vespertino y nocturno, dijo Herrera.
El catedrático agregó que además desde el 2009, en cada uno de los institutos se crearon un comité de seguridad para detectar los problemas de violencia a fin de canalizarlo a las autoridades preventivas.
Los comités de seguridad están integrados por el director de cada uno de los cuatro institutos, así como alumnos, catedráticos, el titular de la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil y un representante de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes en conjunto desarrollarán programas que ofrezcan una mayor seguridad a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, mencionó.
Aseguró que cuando menos con estas acciones se ha logrado la paz en los campus
FUENTE:Diario Digital Juárez
Contrabandistas burlan los operativos y cámaras
En el canal internacional que divide a Perú de Ecuador, a diario se observa un sinnúmero de comerciantes informales que tienen sus bodegas llenas de combustibles, ya sea diésel, gasolina o cilindros de gas de uso doméstico. Todo para pasar clandestinamente a Perú.
Se conoce como “abastecimiento de hormiga”. Quienes compran en Ecuador el galón de combustible en $ 1,20, en Perú lo pueden vender en $ 6. Durante los últimos seis meses se han realizado controles y se han empezado a instalar cámaras para vigilar, pero el negocio ilícito sigue.
Según el alcalde de Huaquillas, Manuel Aguirre, este es uno de los tipos de contrabando que se puede controlar y vigilar por medio del sistema de once cámaras tipo ojos de Águila que colocó el Ministerio de Seguridad, a finales de febrero.
Aguirre dice que unas siete cámaras ya han sido instaladas en diferentes puntos de Huaquillas. “La idea del Ministerio es reducir los delitos como robos, asaltos, crímenes y el contrabando de combustibles”, con el apoyo de la Policía y el Municipio de Huaquillas.
Según el proyecto, con los videos se podrá identificar las horas en que se cometen los delitos e identificar a los cabecillas, contra quienes se iniciarán acciones legales con un sustento visual. El monitoreo se lo hace desde el sistema ECU911 de Guayaquil.
A futuro, el Estado tiene previsto construir una central similar en El Oro y otra en la frontera con Perú. El sistema de cámaras puede grabar y vigilar con una profundidad de hasta 400 metros, las 24 horas.
Los operativos que se realizaron en octubre del 2011 y febrero de este año, hallaron cientos de canecas de diésel y gasolina, cilindros de gas de uso doméstico, mangueras y otros artículos. Wilson Cuenca, fiscal de la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos de El Oro, afirma que existen diversas modalidades utilizadas por los contrabandistas para pasar el combustible por el canal internacional.
Señala que en las bodegas los dueños de los locales se hacen pasar como comerciantes de víveres y de otros productos
FUENTE:El Universo
Los aportes comunales
Los municipios invierten en prevención
La mayoría suma videocámaras y móviles para vigilancia; colaboran con el combustible y el mantenimiento de vehículos policiales
Desde hace años, el problema de inseguridad dejó de ser una preocupación exclusiva del gobierno provincial para generar dolores de cabeza también entre los intendentes. Con más o menos recursos, y más o menos alcances, ante el incremento del delito los municipios invierten cada vez más en programas de prevención ciudadana.
En Morón, según datos proporcionados a LA NACION por la comuna, casi la mitad del presupuesto de 2012 tiene como objetivo reforzar la seguridad. En tanto, para la mayoría de los intendentes el mantenimiento y el suministro del combustible de los patrulleros de la policía provincial significa un alto porcentaje de los recursos financieros disponibles.
El primer distrito del conurbano que sumó patrullas municipales para complementar el trabajo policial, así como un centro de monitoreo de los móviles fue Ezeiza, donde el sistema funciona desde 2003. La Matanza, el partido más populoso de la provincia y uno de los más conflictivos del conurbano, las implementó en diciembre de 2010, con la creación de la Secretaría de Protección Ciudadana. Ya hacía un año que allí funcionaban videocámaras de vigilancia.
De los 135 distritos bonaerenses, 41 están inscriptos en el plan nacional de instalación de cámaras; los restantes dependen de la asistencia del gobierno provincial. San Isidro y Tigre fueron pioneros en estos sistemas: cada uno dispone de 800 cámaras. Sólo durante 2011 San Isidro invirtió más de 90 millones de pesos - el 18% del presupuesto total- en operativos de seguridad.
Tigre previó 80 millones de pesos de su presupuesto 2012 para el mantenimiento de las 800 cámaras y el pago de los sueldos de los 300 operadores del centro de monitoreo local y en las patrullas viales.
El sistema de cámaras no es económico. "Un domo de tecnología avanzada cuesta 10.000 dólares y tiene una vida útil de dos años", explicó a LA NACION el secretario general de la comuna, Diego Santillán.
Desde el municipio informaron a LA NACION que ya funcionan 198 cámaras y se encuentra en ejecución la instalación de 80 más. Cada kit de cámara, que incluye la instalación y el software, les cuesta 14.000 pesos. Morón cuenta para este año con un presupuesto de $ 617 millones, de los cuales unos 300 millones se invertirán en seguridad, según explicaron los voceros.
A mediados del año pasado, el gobierno anunció la instalación de 300 cámaras para controlar los accesos a villas de San Isidro, San Martín, San Fernando, Tres de Febrero, La Matanza, Almirante Brown, Florencio Varela, Avellaneda, Quilmes, Esteban Echeverría, Hurlingham, Morón, Moreno, Merlo, Escobar, Vicente López, Zárate, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Lanús y La Plata.
Nafta y móviles
El mantenimiento de los patrulleros de la policía bonaerense se lleva buena parte de los recursos financieros con los que cuentan los jefes comunales. La Plata tiene previsto invertir $ 12 millones para combustible y reparación de móviles.
Esta erogación platense se suma a los $ 8,4 millones que están previstos para ampliar la red de 200 cámaras con la que ya cuenta la ciudad. La inversión inicial para la instalación del sistema fue de 12 millones de pesos y se financió con recursos de la Nación a través del Programa de Protección Ciudadana, en 2009.
Lomas de Zamora, cabecera del departamento judicial que concentra la mayor cantidad de delitos (16,6%), cuenta con 84 videocámaras y 80 camionetas. Jorge Revoredo, del Centro de Monitoreo y Prevención Urbana comunal, dijo: "En su momento, el gobierno nacional aportó 12 millones de pesos, que fueron usados para comprar los primeros insumos. Ahora, es el municipio el que se hace cargo de los gastos".
Cerca, los partidos de Lanús y Avellaneda son los más conflictivos; según el secretario de Protección Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia de Lanús, Reynaldo Simone, "concentran el 40% de la conflictividad delictiva". En Lanús, el martes pasado, ocurrió el conmocionante asesinato de Axel Ayala, de 31 años, al que mataron para robarle el auto.
INDAGARÁN ESTA SEMANA A LOS "POLILADRONES"
LA PLATA.- Serán indagados esta semana los dos policías bonaerenses que fueron filmados por las cámaras de seguridad del municipio de Florencio Varela cuando le robaban objetos personales a una mujer que había pedido ayuda al 911 y que al llegar los uniformados estaba desmayada en el interior de su automóvil. Fuentes policiales aseguraron a La Nacion que los efectivos fueron separados de la fuerza y, mañana, se publicaría en el boletín oficial su baja de la policía provincial. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del municipio y gracias a las cintas se pudo constatar cómo los dos agentes intentaban robarle las pertenencias a la mujer
FUENTE:Lanacion.com (Argentina)
AÑATUYA
Más de 50 policías custodiarán a dos mendocinos acusados de un crimen
El debate durará dos semanas.
Medidas de seguridad para evitar fugas y hasta intento de asesinato de los presos en la audiencia en Tribunales.
Más de medio centenar de policías bien pertrechados, cámaras de seguridad sincronizadas, el segundo piso del Palacio de Tribunales vigilado sigilosamente, será hoy la nota sobresaliente en la apertura del juicio por el crimen del colombiano Michel Agudelo Córdoba.
Éste fue asesinado a tiros en la madrugada del 16 de marzo del 2008 en una zona montuosa cercana a Añatuya, en un sector conocido como Canal del Cinco. Por este hecho de sangre, los integrantes de la Cámara del Crimen de Tercera Nominación juzgarán al ex policía Iván Bressan Anzorena y Marcelo Tello, comerciante que se lo vinculó y acusó con el supuesto tráfico de drogas y el contrabando. Ambos son oriundos de Mendoza.
Más allá de la seguridad convencional con que cuenta el edificio judicial, se dispuso que policías armados del Getoar y de Operaciones estén apostados en sitios considerados estratégicos y por los que transitarán los detenidos. Todo este despliegue se debe a que son considerados “peso pesado”, revelaron fuentes policiales.
Este mote cabe sobre todo para Tello, quien fue testigo clave en un juicio ventilado en Mendoza. Allí, el reo Sergio Salinas había sido descuartizado en el 2004 en la cárcel local.
Al parecer, Tello confesó nombres y eso en la jerga carcelaria es muy peligroso.
La Justicia santiagueña y mendocina intercambiaron información confidencial y nadie quiere llevarse sorpresas en los diez días en que fue programado el debate.
Quizás el mayor temor justamente parta de los enemigos que Tello tiene en Mendoza. La policía prevendrá cualquier intento de fuga, o asesinato, reconoció un informante.
Mientras fuera del recinto los investigadores solicitarán credenciales, documentos y hará un riguroso control de testigos, dentro los jueces buscarán desentrañar cómo, por qué y quiénes mataron al colombiano.
Del crimen se sabe que fue perpetrado en un monte y que habría sido utilizada como anzuelo una bella joven apodada “Charata”, a quien vinculan afectivamente -en forma simultánea- con Tello (alias “El Casca”) y a la víctima.
Pese a que originalmente, en marzo de 2008, cayeron detenidas dos personas más, la Justicia las liberó y sólo procesó a Tello y Bressan Anzorena.
Se trata de una pareja paraguaya, que teóricamente debería comparecer en calidad de testigos. Sin embargo, hay dudas de que se vayan a presentar a declarar.
Desde el entorno de los detenidos trascendió que no declararán. Es más, aseguraron que esperarán a conocer cuáles son los cargos y que sus abogados explotarán presuntas nulidades, en pos de hacer caer el juicio oral.
FUENTE:El Liberal Digital
EL OBJETIVO ES MEJORAR EL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO
El Municipio confirma la colocación de cámaras de seguridad
Para avanzar en la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad, los subsecretarios de Seguridad Diego Carmona y de Gestión Pública y Modernización del Estado provincial, Julio Ibáñez, firmaron un acta compromiso con la Cooperativa de servicios públicos de Puerto Madryn.
El objetivo de instalar cámaras de seguridad es mejorar el control del espacio público, enlazar el centro de monitoreo con las diversas patrullas policiales, mejorar los tiempos de respuesta y colaborar con eventuales persecuciones. Además, con el registro de las imágenes, la Justicia tendrá un importante elemento de prueba para el esclarecimiento de delitos.
Julio Ibáñez indicó que “lo que establecimos fue que entre los 15 y 30 días posteriores a la firma del acuerdo, la Cooperativa nos va a presentar un proyecto final trabajado en conjunto con la Policía de la provincia para definir los lugares en donde se instalarán las cámaras”.
Además, explicó que una vez ubicadas las cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, “el personal policial en el centro de monitoreo controlará lo que sucede”. El sistema también cuenta con un soporte de grabación, donde no sólo se registrará lo que pasa en las cámaras, sino que será posible el reconocimiento de patentes.
Por su parte, Leonardo Domínguez, integrante de la comisión directiva de Servicoop, dijo que “si bien tenemos algo avanzado el proyecto, ahora lo tenemos que plasmar en una propuesta concreta al gobierno de la provincia, en un plazo de treinta días, para implementar este sistema de seguridad”.
Los sistemas de cámaras de seguridad ya se emplean en diversas ciudades del país y del mundo, con resultados concretos en términos de disminución de los hechos delictivos. Según estadísticas internacionales, el empleo de este método de vigilancia conjuntamente con los patrullajes policiales puede lograr reducciones de hasta el 30 por ciento de los delitos en la vía pública, a la vez que contribuye a cuestiones como el ordenamiento del tránsito vehicular.
FUENTE:Diario de Madryn