Cámaras de vigilancia, responsabilidad de la autoridad, no de la IP


La propuesta del director de Seguridad Pública Municipal, Heliodoro Araiza Reyes, de que los comerciantes participen en caso de que se quiera hacer un video blindaje en la capital del estado es improcedente y en el fondo responde a la incompetencia de las autoridades para garantizar la seguridad de los habitantes, particularmente ante los embates del crimen organizado.
El contexto de la formulación de esta idea expresada por Heliodoro Araiza es la información dada a conocer por él mismo de que el 22 por ciento de las cámaras de vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encuentran inutilizadas debido a algunas fallas provocadas en las fibras ópticas.

Y no sólo eso, sino que además reveló que por la antigüedad de los aparatos es difícil encontrar piezas de refacción en el mercado, ya que muchas de esas cámaras ya no son fabricadas actualmente, pues fueron instaladas hace nueve años; de las 54 cámaras instaladas en la ciudad, 12 no funcionan actualmente.
Ciertamente las declaraciones del director de Seguridad Pública fueron poco afortunadas, pues todo mundo suponía que todas esas cámaras estaban en operación, pero resulta que cuando fueron apuntadas como un recurso útil para conocer los movimientos de los sicarios que protagonizaron el asesinato masivo en el bar “Colorado”, se puso al descubierto que una de ellas ni siquiera estaba en su lugar, solamente existía el poste que la debería sostener.
Cuando Heliodoro fue cuestionado acerca de las cámaras que se encuentran cerca del lugar de la masacre, en particular la que no está en el lugar que debería estar, en la intersección de las avenidas Vallarta y Américas, en un primer momento subestimó la utilidad de estos aparatos al decir que cuando una sola cámara se encuentra vigilando una zona, la rotación del aparato puede provocar que ésta no capte el momento justo del delito, mientras que los maleantes al notar la presencia de un dispositivo pueden inutilizarlo fácilmente.

Si ese es el razonamiento ¿entonces para qué colocaron las cámaras? Evidentemente se trataba de una evasiva ante la falta de atención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para dar mantenimiento adecuado a ese recurso que al momento de ser instalado en la ciudad fue considerado como una valiosa ayuda en las labores de vigilancia.

Ahora resulta que esas cámaras prácticamente no prestan un servicio eficaz, hecho reconocido por el responsable de la prevención policiaca y lo peor es que según el propio Araiza por el momento no está contemplada la adquisición de más cámaras.

Esto es absurdo, pero lo es más su intención de involucrar a los comerciantes para solucionar esa omisión, al decir que si varios de ellos en una zona determinada instalan una cámara cada uno, para los delincuentes será difícil desactivar todos los aparatos por lo que se contaría con pistas para dar con los responsables y al mismo tiempo se prevendrían atracos en los sectores que los ladrones conozcan que están blindados con video.

Por supuesto que si hubiera más cámaras sería más fácil seguir las pistas de los delincuentes desde que llegan a los lugares de sus atracos hasta el momento y la ruta de huida. Pero eso es responsabilidad de la Dirección de Seguridad, no de los particulares.

Ya bastante han invertido los empresarios en su seguridad privada ante la ola de violencia de la que son víctimas ellos y sus negocios. Con razón Canacintra, Canacope, CMIC y Coparmex demandan que el gobierno aplique los recursos extraordinarios que los empresarios aceptaron pagar para el desarrollo de análisis y estrategias que permitan mejorar la seguridad.

Igualmente los comerciantes organizados de la Zona Centro manifestaron que no están en condiciones de aportar dinero para la compra de las cámaras de seguridad.

Es responsabilidad de los gobiernos el mantenimiento oportuno de estas cámaras y no sólo eso, sino colocar más para cumplir con las labores de inteligencia policial de la que todo indica que están ayunas tanto en orden municipal, como en el estatal y el federal. Si no hay estos recursos las labores de investigación seguirán siendo nulas.

No sobra invocar el artículo 21 constitucional que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva.

FUENTE:El Diario de Chihuahua

Villa Elisa invertirá 100 mil pesos para instalar seis cámaras de seguridad .


La Municipalidad llamó a licitación privada para la adquisición del equipamiento que será instalado en la planta urbana.

(Edición impresa) Para esto, se realizará una inversión cercana a los $100.000, que se suman a los aportes que el municipio realiza habitualmente para mejorar la seguridad de Villa Elisa y la zona.

La empresa proveedora deberá instalar los equipos, el sistema, poner las cámaras en marcha y capacitar a quienes estén abocados al manejo de las mismas. Las cámaras que se prevé instalar son fijas y cuentan con alta definición aptas para exterior (uso diurno y nocturno).

De esta manera, el Municipio da respuesta a una fuerte demanda de la población, y apuesta a una inversión que servirá para complementar el trabajo de la Policía local en materia de prevención y de investigación.

FUENTE:El Entre Rios Digital

FILTRACIÓN DE IMÁGENES
La corrupción o la inoperancia jaquean el sistema de cámaras


La violación de una joven empleada de comercio en pleno microcentro santafesino en horas del mediodía produjo un impacto profundo en la ciudad. La presunción generalizada de que nadie está a salvo de la delincuencia, más allá de las medidas de seguridad que se adopten, se convirtió en cruda certeza en cuestión de minutos.

Sin embargo, este lamentable caso no sólo dejó al descubierto la vulnerabilidad del ciudadano común frente a criminales de estas características. Lo ocurrido el miércoles 11 de abril también demostró que la supuesta inviolabilidad de las imágenes registradas por el sistema de cámaras de seguridad instaladas en el microcentro es apenas un mito, cuando en organismos dependientes del Estado merodean la inoperancia o la corrupción.

Pocas horas después de que el sospechoso fuera detenido por la policía gracias al material aportado desde el Centro de Control y Monitoreo que funciona en el edificio de la Municipalidad, las imágenes llegaron a manos de un periodista que trabaja en una productora de televisión local.

El video fue emitido en uno de los programas realizados en dicha productora. Afortunadamente, en este caso, tanto el periodista en cuestión como los dueños de la empresa supieron utilizar dicho material con responsabilidad profesional, pues en ningún momento difundieron primeros planos que permitieran la identificación del sospechoso.

Si esto ocurría, hubiera dificultado el proceso de recolección de pruebas y testimonios -entre ellos la rueda de reconocimiento- que finalmente permitió que el supuesto violador fuera procesado.

La filtración del material registrado por estas cámaras no sólo puede entorpecer y hasta jaquear una investigación judicial; sino que representa una preocupante amenaza a la intimidad de las personas que transitan por las zonas monitoreadas y, además, deja abierta la posibilidad de que estas imágenes sean utilizadas con fines delictivos.

¿Qué hubiese sucedido si, en lugar de llegar a manos de un periodista, las imágenes terminaban en poder de chantajistas, ladrones o secuestradores? De haber ocurrido, personas que supuestamente deben sentirse protegidas por estas cámaras, se hubieran convertido en potenciales víctimas de la delincuencia.

Protocolos

El 11 septiembre 2009, cuando comenzó a funcionar este sistema en el microcentro de la ciudad, desde el sitio oficial de la Municipalidad de Santa Fe se aseguró que “toda la información que se registre será manejada con normas y procedimientos muy estrictos que establecen los criterios de seguridad e inviolabilidad de los derechos de privacidad” y se aclaró que “las imágenes obtenidas pueden utilizarse como prueba judicial en caso de presentarse un delito”. También se insistió en que el sistema funcionaría mediante “protocolos muy específicos para ver qué se hace con la información”.

Es verdad que estos protocolos existen. El sistema sólo permite la extracción del material grabado a través de una clave que, a su vez, registra en qué momento las filmaciones son retiradas y quién es el autor de dicha operación. Más aún, una cámara extra instalada en el Centro de Monitoreo, registra en todo momento lo que sucede en esta sala donde trabajan tres operadores y un agente de la Policía de la Provincia conectado directamente al 911.

Las disposiciones también indican que ningún particular debería tener acceso a esas filmaciones. El material sólo está al alcance del municipio y puede ser requerido por la Justicia o las fuerzas de seguridad para investigar un posible delito.

Sin embargo, lo ocurrido con las filmaciones del supuesto violador devela claramente que de poco sirven los protocolos o la más avanzada tecnología frente a la estupidez o la corrupción.
En este caso, el abanico de posibles explicaciones a lo sucedido es bastante acotado: la filtración del material sólo pudo haberse producido a través de policías, empleados judiciales o municipales.

Lo sucedido con estas filmaciones representa un duro golpe a la credibilidad del sistema y no debería convertirse con el tiempo en una simple anécdota.

El juez a cargo de las investigaciones, los responsables del Ministerio de Seguridad de la Provincia y las máximas autoridades de la Municipalidad de Santa Fe tienen ahora en sus manos la delicada y urgente responsabilidad de esclarecer lo ocurrido y determinar quién -o quiénes- fue el responsable de esta grave violación a las normas.

Mientras la situación no sea resuelta, la credibilidad en el sistema continuará envuelta en un halo de dudas y sospechas.

Y una vez más, el Estado estará en deuda con el ciudadano honesto.

Las imágenes del sospechoso de haber cometido un asalto y violación en pleno centro se
hicieron públicas. Afortunadamente, terminaron en manos de periodistas, y no de delincuentes

FUENTE:ElLitoral.com

Las cámaras en las calles son los ojos contra la inseguridad
 Durante marzo las imágenes del sistema de monitoreo de la Comuna sirvieron para detener a 54 personas y proporcionaron evidencias en 94 causas judiciales.


La presencia de cámaras de seguridad a lo largo de las calles del distrito suele ser cada vez más habitual. Su precisión, capaz de acercar una toma hasta identificar detalles como un arma en poder de un delincuente o el número de patente de un auto que circula a gran velocidad, las convierten en un recurso valioso. Pero poco es lo que se conoce acerca de su aporte real contra la inseguridad. En esta oportunidad, el Municipio difundió las estadísticas de marzo derivadas del monitoreo de imágenes. En diferentes circunstancias y por diversos motivos, se detuvieron a 54 personas a través del sistema de control municipal.

Además, las imágenes capturadas proporcionaron evidencias en 94 causas judiciales y sirvieron para alertar sobre emergencias, solicitar asistencia médica e identificar personas en actitud sospechosa y disturbios. Entre los hechos más resonantes, las cámaras registraron a un hombre intentando forzar puertas de vehículos estacionados y posibilitaron su detención. También guiaron a móviles comunitarios para arrestar delincuentes que habían asaltado a una mujer en Roca y Rivadavia. Por otra parte, el monitoreo sirvió para resolver emergencias médicas. Tal es el caso de un hombre que cayó descompensado en la vía pública con síntomas de epilepsia y fue trasladado al Hospital Central.


San Isidro cuenta con una red de 700 cámaras distribuidas en forma estratégica en todo el distrito. Las imágenes son visualizadas por personal policial, con comunicación permanente entre el 911, comisarías y patrullas.

FUENTE:Clarín.com