León atrajo ayer el foco hacia su sistema de videovigilancia. Un plan que congregó a más de 180 personas procedentes de 40 ayuntamientos, como Barcelona, Oviedo, Valladolid, Valencia, Gijón, San Sebastián o Las Palmas de Gran Canarias, para exhibir el empleo de «las nuevas tecnologías» como fórmula para «aumentar la seguridad de los ciudadanos», según resaltó el alcalde, Francisco Fernández, en la apertura de la primera jornada sobre Videovigilancia en Espacios Urbanos. El foro, orientado a profesionales del ámbito de la seguridad, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y estudiantes de Derecho, en el que se examinaron los aspectos jurídicos de la aplicación de las cámaras y el uso de las grabaciones para «preservar el patrimonio y reducir los actos vandálicos», como resumió el regidor socialista, quien destacó el papel de la capital leonesa como «referente» y «pionera» en la puesta en funcionamiento de este tipo de sistemas.

El papel de León como avanzadilla para constatar la eficacia de este método lo constató el delegado de Gobierno en la Comunidad, Miguel Alejo, quien animó a otra ciudades a apostar por este sistema, así como a avanzar en la «cooperación y colaboración», que «ofrece muy buenos resultados», como muestran los resultados del «trabajo de la sala conjunta de vigilancia nocturna del 091 y 092». «No se trata de competir», recalcó el representante estatal, quien animó también a mantener una política en la que «los ciudadanos son agentes cada vez más de su propia seguridad».

Los análisis políticos del sistema quedaron sustentados por el criterio jurídico del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), José Luis Concepción, que a su vez es el responsable de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que debe velar por el adecuado uso del sistema, pese a que la autorización última depende de la Delegación del Gobierno. El magistrado incidió en que «no sólo se trata de poner a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los medios técnicos para la prevención de los delitos y la constatación de los actos delictivos realizados», sino también «garantizar que las libertades de los ciudadanos se cumplen y se respetan los derechos fundamentales de las personas», dentro de un principio en el que impere la «proporcionalidad».

FUENTE: www.diariodeleon.es