La Junta de Andalucía ha acordado este jueves con los juzgados de Sevilla el depósito de las actas del Consejo de Gobierno desde 2001, en sobre lacrado, que había solicitado la titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya -que investiga presuntas irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE)-, en un lugar de la sede judicial que cuente con vigilancia tanto material -cámaras de videovigilancia- como presencial "durante las veinticuatro horas".

Así lo ha indicado el juez decano, Federico Jiménez Ballester, que ha participado en estas conversaciones y que ha desvelado que los contactos con la administración autonómica para gestionar este extremo se vienen dando desde mediados de la presente semana, si bien este jueves se ha concretado todo en un encuentro. En concreto, Jiménez Ballester ha señalado que las actas se depositarán en una caja fuerte de seguridad de un lugar "seguro" del propio edificio de los juzgados, y que contará de manera continua con presencia de la Guardia Civil y con medios técnicos de videovigilancia.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico, personal de la Junta depositará a última hora de la mañana los documentos reclamados por Alaya, que dictó un nuevo auto el pasado 30 de marzo en el que volvía a solicitar a la administración todas las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, todo ello dentro de las diligencias incoadas sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo incentivados por la Junta de Andalucía.

La Junta, satisfecha

La Junta de Andalucía ha expresado su "satisfacción" por el hecho de que la Guardia Civil se encargue de la custodia de las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001 que ha entregado en 11 sobres lacrados en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde está abierto el procedimiento sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), como habían solicitado los servicios jurídicos de la administración autonómica.

Fuentes del Ejecutivo andaluz han destacado que, "por iniciativa de la Junta, se han establecido medidas especiales de seguridad en la custodia permanente de los documentos por parte de la Guardia Civil" y han subrayado que el objetivo de la administración autonómica en todo momento no ha sido otro que "reforzar la seguridad del juzgado solicitando medidas especiales que han sido atendidas". Por último, las mismas fuentes han recordado que la propia Junta ya había acordado medidas de refuerzo de la seguridad para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ya que las competencias sobre medios materiales de la administración de Justicia corresponden a la comunidad autónoma.