El Ayuntamiento de Málaga dispondrá del proyecto para instalar la videovigilancia en los 13 polígonos de la capital antes de final de año, después de que se haya adjudicado este contrato a la unión de empresas formada por la malagueña Netblue y la granadina Daniloga, con un presupuesto de 64.900 euros.
El contrato establece un plazo de dos meses para la elaboración del proyecto, que debe incluir la ubicación, los materiales y dispositivos utilizados, así como el área de barrido de las cámaras, que rondará los 300 metros de radio. El proyecto, además, debe aprovechar la actual infraestructura de canalizaciones existente en los trece polígonos de la ciudad, con idea de reducir al mínimo la obra que se debe acometer.
La instalación de las cámaras se ha pensado para cubrir todos los polígonos de la ciudad a la vez, con unos 12,5 millones de metros cuadrados de superficie y que acogen a unas 6.000 empresas. El centro de control de las imágenes dependerá de la Policía Nacional, tal y como exige la ley, y se situará en un edificio en el polígono Guadalhorce.
Los empresarios llevan tres años demandado este sistema para reducir el riesgo de robos en las naves y la presencia de la prostitución. El estudio previo realizado por el Ayuntamiento calcula que será necesaria la instalación de 120 cámaras, aunque el número exacto dependerá de la capacidad de los equipos de cubrir más espacio con suficiente efectividad. Las cámaras tendrán que ser antivandálicas y con posibilidad de reconocer las matrículas de los vehículos.
El presupuesto inicial de la infraestructura, según calcula el Ayuntamiento, será de 2,2 millones de euros, aunque será el proyecto definitivo de ejecución que se va a elaborar el que concrete el coste de esta actuación. Esta intervención se situará como el segundo gran proyecto de videovigilancia para la ciudad, tras la puesta en marcha del sistema de control en parte del Centro Histórico.
No obstante, el proyecto sólo será un paso más en el proceso para su implantación, ya que la documentación tendrá que ser revisada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que es la instancia que debe autorizar su construcción. Para ello deberá ir acompañada por un informe que justifique la necesidad de su implantación por la falta de seguridad.
Los precedentes, sin embargos, no son halagüeños. El TSJA denegó a comienzos de año al Consistorio el proyecto de ampliación de la videovigilancia en el Centro, con 54 cámaras más.
En el caso de su instalación en los polígonos, el Ayuntamiento de Málaga, en el pliego de condiciones del contrato, adelantaba que este sistema de prevención se justifica por la amplia presencia de la prostitución en los polígonos «prácticamente las 24 horas, de lunes a domingo» y argumenta que su eliminación necesita «del empleo de medios técnicos cada vez más sofisticados» que sirvan de apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Ayuntamiento insiste además en que la propia Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) solicitó la implantación de este sistema el pasado 26 de octubre de 2009 ante los altos índices de delincuencia detectados.
FUENTE: www.laopiniondemalaga.es