Un interesante informe de la Red de Diarios en Periodismo Social muestra una radiografía de cómo distintas provincias enfrentan al delito.
¿Más policías en las calles y en las comisarías? ¿Más cámaras de seguridad en plazas y zonas inseguras? ¿Más participación vecinal para diseñar planes que ayuden a prevenir el delito y combatir el miedo?
¿Todo eso junto? ¿O nada de eso y mejor pensar nuevos caminos?
En los últimos años, a la par del aumento de la sensación de inseguridad en todo el país, las diferentes provincias fueron diseñando sus propias salidas al problema del delito, atadas al sistema de prueba, error y corrección. Y también, con resultados diversos: mientras jurisdicciones como Córdoba, que tienen más policías que lo que se sugiere, no logran bajar el delito, hay otras como La Rioja donde hubo mejoras. Y otras, como Mendoza, donde se están probando nuevas alternativas a los planes tradicionales.
Este mes, la Red de Diarios en Periodismo Social apostó a armar una radiografía de cómo las provincias están enfrentando la inseguridad, de cuánto se avanzó en los últimos años en el combate del delito y qué es lo que falta todavía.
Si algo queda claro es la fragmentación de las políticas y la necesidad de un diseño de políticas nacionales que ataquen el problema desde un mapa federal contra el crimen organizado.
Es que, tal como afirma, Liliana Pereyra, especialista en Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, “no es de extrañar que, a pesar del aumento en el gasto de seguridad y la incorporación de la tecnología, ningún gobierno es capaz de garantizar la seguridad, y por lo tanto sería necesario redefinir el papel del Estado en esta materia”.
Veamos, entonces, qué pasa más allá de la General Paz con el delito y las políticas para prevenirlo o erradicarlo.
En Córdoba, más policías no significa menos delitos
La experiencia cordobesa puede servir para reflexionar sobre una verdad que parece incuestionable. Córdoba es una de las provincias con más policías por habitante, sin embargo, las tasas de delito son más altas que el promedio nacional, según las últimas estadísticas que publica el Ministerio de Justicia de la Nación, del año 2008. Incluso por encima de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe en el caso de hurtos y robos.
Con 611 policías cada 100.000 habitantes, Córdoba duplica la tasa sugerida como piso por la ONU (280). Además, controla 91 cámaras de seguridad en la ciudad, que le permiten detener 1.200 delincuentes por mes, informa La Voz del Interior.
Estas cifras echan por tierra la ecuación más policías igual a menos delitos.
Por otro lado, estudios también demostraron que tampoco es posible pensar de modo tan lineal la relación entre pobreza y delito.
Un estudio realizado por el Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) detectó que en el país la tasa de delito aumenta entre el 1,65 y 2,34 por ciento, cuando la exclusión social crece el uno por ciento.
La relación varía según la región y fue elaborada con datos de 1990 a 2007. El trabajo relativiza que desempleo y pobreza sean desencadenantes directos del aumento del delito. “Las jurisdicciones más pobres no necesariamente fueron las que arrojaron mayores índices de delitos”, apunta en una publicación Graciela Juárez Jerez, directora del trabajo.
Así, pobreza y desocupación son dos variables más que no alcanzan para explicar la delincuencia. Hay que hablar de exclusión social, un fenómeno multidimensional que, además, incluye factores como precariedad laboral, problemas de vivienda, nivel de instrucción, carencia de vínculos afectivos, desigualdad en el nivel de ingresos, entre otras variables.
El estudio detectó que cada región y cada provincia tienen un componente estructural del delito que trasciende cualquier acción coyuntural para enfrentarlo, como aumentar la cantidad de policías. “El índice delictivo responde a estas medidas hasta un cierto punto. Hay una base que se mantiene inamovible”, concluye.
Y agrega: “Profundizar ‘la mano dura’ afecta el problema en forma momentánea por lo que se impone atacar los problemas estructurales”.
Mendoza: La experiencia de los foros vecinales
Numerosos delitos se previenen gracias al aviso oportuno de vecinos a las líneas de seguridad. Mendoza es una de las provincias que apostó a esta herramienta, y en los últimos años profundizó esta política.
Este vínculo entre policías y ciudadanos se logró luego de una reforma policial ocurrida a fines de los noventa, cuando un caso de gatillo fácil motivó los cambios, según la nota publicada en el diario Los Andes.
El asesinato del joven bonaerense Sebastián Bordón en San Rafael salpicó groseramente a la Policía y ese caso de gatillo fácil fue la gota que colmó el vaso y lo que le dio carácter de urgente a la mencionada reestructuración.
Se cambió toda la cúpula policial, se creó el Ministerio de Justicia y Seguridad que incluyó la obligatoriedad de que los ministros al frente de esa cartera sean civiles y no miembros de la fuerza (en actividad o retirados), se diseñaron dependencias como la de Relaciones con la Comunidad, orientadas a interactuar con los vecinos. De esta dependencia surgió la idea de la creación de los foros vecinales y el sistema de alarmas comunitarias que hoy se ve en distintos barrios mendocinos y que tiene su base en la solidaridad de los habitantes de los barrios.
En La Rioja, en tanto, los funcionarios policiales suenan optimistas. El ministro de Gobierno y Seguridad, Felipe Alvarez comentó al diario La Nueva Rioja, que las políticas que están llevando a cabo desde el 2009 están dando resultados. De hecho, según las cifras provinciales, el delito bajó en forma importante en los últimos tres años.
Sin embargo aclaró que al tener sus límites con la inclusión social "no es bueno hablar puntualmente de las estadísticas, más allá que estos índices dan que se disminuyeron los delitos en general en la Provincia". En este sentido, elogió el trabajo que se viene sosteniendo desde la Policía, sobre todo en la materia de prevención y acción en los arrebatos, un problema que comenzó a inicios del 2010, pero a medida que avanzó el año, se pudo frenar este delito en particular.
Más allá de estos datos alentadores, la Provincia está barajando la idea de incorporar cámaras de seguridad en el micro y macrocentro de la Capital riojana, aunque por su costo y por su estructuración todavía se barajan algunas alternativas. Es por ello que ningún funcionario salió a informar sobre esta posibilidad que se tiene pensado realizar en la Capital.
Salta: El combate al delito con políticas públicas de inclusión
Según la especialista en estudios sociales Liliana Pereyra, “hoy la sociedad percibe el crecimiento del delito a la propiedad como un problema serio y preocupante. Ahora bien, el delito está presente como un concepto genérico, con múltiples manifestaciones que revelan, entre otras cosas, su relación con la desigualdad económica y social”. En ese sentido, asegura Pereyra, “las dificultades de integración social, tales como desempleo, inestabilidad y precariedad laboral, pobreza, indigencia, educación básica incompleta y relaciones inestables en el ámbito familiar y social entrecruzan el delito”.
Algo de eso puede verse cuando se recorren las prisiones salteñas.
Allí, sólo 108 presos alojados en cárceles, sobre un total de 2.000, tienen el secundario completo. La cifra puede ilustrar sobre la situación social de la población acusada o penada por cometer delitos. Además, el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ángel Sarmiento, calculó que el 80% de las personas privadas de la libertad es de clase baja o media baja, según lo que publicó el diario El Tribuno.
El informe también resalta que en lo que va de 2011, se iniciaron 9.200 causas judiciales por robos y hurtos sólo en la capital salteña. El Gobierno anunció a principios de mes la incorporación de 100 cámaras de seguridad además de las 30 ya en funcionamiento
Las cámaras de vigilancia: una apuesta con algunos reparos
Muchas provincias –ya citadas- optaron por la vigilancia a través de cámaras instaladas en plazas y esquinas. Y en casi todos los casos las autoridades policiales están satisfechas con los resultados, aunque en otros sectores hay reparos sobre su éxito en la prevención del delito. Lucía Cid Ferreira, de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Nacional de Tucumán, asegura que “las actuales estrategias de prevención parecen centrarse en el aumento del número de policías y la instalación de cámaras de vigilancia en las calles. Las investigaciones criminológicas realizadas en Estados Unidos e Inglaterra no mostraron evidencias de que tales medidas sean efectivas”, y resaltó otro aspecto del problema: el delito no registrado por las estadísticas.
Cid Ferreira participó recientemente del proyecto de investigación "Delincuencia urbana y sociedad", que se realizó en ocho zonas de San Miguel, donde se constató que, en promedio, el 45% de las personas que habían sufrido un delito en el año anterior no había realizado la denuncia.
“A estos hechos no denunciados se los denomina "cifra oculta" del delito, y su dimensión varía según el tipo de delito que se trate. Se debe, principalmente, al descreimiento sobre la utilidad de efectuar la denuncia.
En Tucumán, la Policía apuesta a un nuevo plan para combatir el delito, y el principal eje de este programa consiste en nutrir a las comisarías de más personal. Ese es el plan impulsado por el comisario general Jorge Herminio Racedo, jefe de la fuerza, y que comenzó a implementarse a fines de junio. "La única obligación de este personal es patrullar", dijo cuando se anunció este proyecto el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera al diario La Gaceta.
En octubre, la Policía incorporó recursos que nunca antes había tenido. El Programa Integral de Protección Ciudadana incluyó la adquisición de cámaras de seguridad, patrulleros y otros elementos. Para esto, se utilizaron $ 30 millones enviados por la Nación de manera escalonada.
Desde la fuerza aseguran que estos recursos sirvieron para disminuir hasta en un 50% el índice delictivo en algunas zonas de la capital. "El Programa está en etapa de desarrollo; por ejemplo, de 190 cámaras, vamos instalando 90", expresó una alta fuente consultada.
Aún no hay estadísticas totalizadoras sobre el impacto de estas medidas. "Dentro de un mes, probablemente tengamos datos más completos", señalaron desde la fuerza.
La regulación de la video-vigilancia: el desafío de Misiones y otras provincias
Por su lado, la provincia de Misiones adhirió a la ley de Hábeas Data para poner en marcha un sistema de cámaras de vigilancia con 60 aparatos A un mes de su implementación, las cámaras se expanden en el interior de la provincia.
Para la Policía de Misiones es un gran aporte, pero no es la solución definitiva y ahora esperan la ley provincial para darle una normativa a la videovigilancia, resalta el diario El Territorio. De todos modos, la evaluación es positiva para la Policía de Misiones, que logró esclarecer varios hechos delictivos.
“Solo este fin de semana hubo cuatro hechos que fueron detectados por las cámaras de seguridad y que permitió realizar allanamientos para esclarecer distintos robos y hechos de delitos contra la propiedad. Pero más allá de las cámaras es el trabajo conjunto entre la patrulla urbana, el comando radioeléctrico y la ayuda de los vecinos que alertan de una situación. El uso de la tecnología es un respaldo más con el que cuenta la policía”, afirmó el Comisario General Benjamín Roa.
Para el comisario las cámaras no son la solución definitiva a los problemas de inseguridad que sufre la capital provincial.
El sistema provincial de video vigilancia se rige por la adhesión que realizó la provincia a la Ley 25326 (Hábeas Data) y ahora la Cámara de Diputados deberá sancionar una ley provincial de seguridad para dar un marco normativo al uso de tecnología en toda la provincia.
“No hay una ley nacional de video vigilancia, por lo que cada provincia, debe sancionar una ley provincial de vídeo vigilancia, que ese es el próximo paso que debe dar el sistema”, indico el comisario Juan Ramón Cáseres, quien es licenciado en comunicación y Director de Comunicaciones de la Policía al diario El Territorio.
La videovigilancia también en una realidad en Santa Cruz. Allí, con puestos de control camineros en los ingresos a las ciudades y con la instalación de cámaras de seguridad, la Policía busca optimizar sus herramientas para combatir la delincuencia.
El diario La Opinión Austral detalla que la Policía combate delitos desde el abigeato hasta el tráfico y Trata de Personas.
La Policía lleva a cabo distintas estrategias con distintos organismos de seguridad y gubernamentales para combatir las diferentes formas de delitos que se presentan en su extenso territorio con una superficie de 243.943 Km².
En los últimos años el Estado provincial y los municipios han tomado la iniciativa de instalar cámaras en las principales calles céntricas, luego de confeccionar el denominado mapa del delito.
FUENTE: www.diarioregistrado.com