El Ayuntamiento de Teruel intentó el pasado año instalar una cámara de vigilancia para controlar la ladera y la explanada de la estación de autobuses y el ascensor de San Julián, entonces aún en construcción, pero la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón denegó la autorización por considerar que podía suponer una invasión de la intimidad por la proximidad de viviendas.
El consistorio reiterará ahora la solicitud, tras los daños causados por actos vandálicos en el ascensor en la madrugada del pasado miércoles. Además, el alcalde de Teruel, Manuel Blasco (PP), ha dado orden a la Policía Local para que intensifique la vigilancia en las laderas bajo la estación de autobuses y en otras zonas donde es habitual la práctica del botellón, al igual que ya se ha hecho con otras conductas penalizadas en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana que ya han generado la apertura de 14 expedientes sancionadores en los seis primeros meses de aplicación de la norma.
Estas medidas fueron anunciadas ayer por Blasco y por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Miguel Hernando (PP), que se desplazaron al ascensor para comprobar los desperfectos causados por los gamberros, que rompieron sendos cristales de la barandilla de la rampa de acceso al ascensor desde la ronda Ambeles y de la caja que alberga los elevadores en el nivel de la calle Rosario.
Hernando mostró su confianza en conseguir en este segundo intento el informe favorable para la instalación de una cámara de videovigilancia en este punto. Se trata de una demanda vecinal, no sólo por lo ocurrido en el ascensor sino por los daños reiterados que han sufrido las viviendas ubicadas bajo la ladera por el lanzamiento de piedras o botellas desde la zona de botellón, que además “acaba llena de suciedad”.
El concejal matizó que el equipo de gobierno “no pretende crear un estado policial”, pero sí debe “hacerse eco de las demandas vecinales” de mayor control sobre el botellón.
El alcalde, por su parte, recalcó que los últimos actos vandálicos no deben generar “alarmismo”, ya que Teruel “es la ciudad más tranquila de España”. Blasco indicó que el caso del ascensor ha generado una gran indignación porque se trata de una inversión estrenada hace sólo 15 días, que el barrio de San Julián llevaba más de veinte años esperando y que los vecinos han valorado de forma muy favorable.
La reparación de los daños se realizará hoy y su coste superará los mil euros. Blasco admitió que será “difícil” localizar a los responsables de los desperfectos y pidió colaboración ciudadana para su identificación. Si se determina la autoría, se aplicará a los causantes la Ordenanza de Convivencia, que para una infracción “grave”, como el alcalde calificó lo ocurrido en el ascensor, contempla multas de entre 750 y 1.500 euros.
FUENTE: www.diariodeteruel.es