Silleda pretende instalar seis cámaras de videovigilancia en el parque empresarial
El Concello solicita una subvención europea para financiar el proyecto, cifrado en 28.800 euros
El Concello de Silleda instalará un sistema de videovigilancia en el polígono Área 33 si obtiene fondos europeos para ello. El proyecto, cuyo coste está cifrado en 28.894,66 euros, contempla la colocación de seis cámaras, un grabador digital y seis kilómetros de cableado. La corporación municipal aprobó, en el pleno extraordinario de ayer, la solicitud de una subvención al Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) por el 90% del proyecto, importe máximo permitido.
La actuación municipal se produce después de que los empresarios de Área 33 manifestasen al gobierno local su preocupación por la seguridad de sus naves durante una reunión que tuvo lugar el lunes. El Concello se ofreció a tramitar la ayuda –el plazo termina el día 18–, al no poder hacerlo la comunidad de propietarios. "En función del importe que nos concedan, veremos si se puede asumir la actuación", aclaró la alcaldesa, Paula Fernández Pena, en el pleno. "El caso caso es que no roben las cámaras", apostilló su socio, Matías Rodríguez da Torre (BNG).
El pleno comenzó a las ocho de la tarde y duró apenas tres cuartos de hora. Además de la subvención para la seguridad del polígono, que fue incluída a mayores en el orden del día, la sesión incluía los cambios urbanísticos para ampliar los usos de Área 33 y de la feria y la concertación de un préstamo por 1,1 millones de euros para asumir el pago de facturas pendientes a proveedores.
La modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en el ámbito del parque empresarial permite dotarlo de usos administrativos, sociales y deportivos. Su aprobación definitiva, que salió adelante por unanimidad, también levanta la suspensión de la concesión de licencias, aplicada desde diciembre del año pasado.
También recibió el voto unánime de la corporación la modificación del PXOM en el ámbito del recinto ferial de la Semana Verde, que legalizará la actividad de la peletera Agapel Pelting SL y abrirá las puertas a la instalación de otras industrias terciarias. El expediente será remitido a la Xunta de Galicia, administración a la cual compete en este caso la aprobación definitiva, en un plazo máximo de tres meses. "Esperemos que todo lo que allí se instale cumpla ambientalmente", advirtió Da Torre.
La alcaldesa justificó la premura en la convocatoria del pleno –muy criticada por el PP– por ser ayer el último día para concertar el préstamo por 1.117.396,62 euros para abonar facturas de proveedores. El plazo para formalizarlo concluye el 25. El portavoz del PP, José Carlos Pin, señaló que el decreto estatal marcará "un hito histórico", al permitir a muchos ayuntamientos pagar a sus proveedores. En cambio, el concejal del BNG lo tildó de "engañabobos" por obligar a los concellos a tramitar los créditos con la banca privada y darle a esta "la posibilidad de lucrarse".
Aplausos al estilo de Pin en su última sesión
El pleno de ayer fue el último como edil de José Carlos Pin, que registrará hoy en el Concello su anunciada dimisión. Será relevado por Manuel Asorey, si bien las funciones de portavoz recaerán en el ya concejal José Luis Espiño. En su despedida, Pin tuvo palabras de agradecimiento para sus rivales políticos por el trato dispensado, y citó expresamente la "amistad" trabada con Matías Rodríguez da Torre, el primero que se levantó a abrazarlo, una vez finalizado el pleno y el aplauso brindado por toda la corporación al edil saliente. También Pena agradeció su "labor" y su estilo como líder de la oposición: "Supiste anteponer el interés local a cualquier otra consideración".
FUENTE:Faro de Vigo