El Ayuntamiento de Málaga ha decidido presentar un recurso de reposición a la resolución emitida recientemente por la Delegación del Gobierno en Andalucía sobre la solicitud de autorización para la instalación de videovigilancia en los parques empresariales de la ciudad, ya que sólo se autorizan videocámaras en tres polígonos, de 19.00 a 07.00 horas, cuando la petición era para un total de 13.

En concreto, el documento recoge el preceptivo informe de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía y resuelve que se autoriza la instalación de las videocámaras en los parques comerciales Azucarera, Guadalhorce y Santa Bárbara, en dicho horario, así como durante las 24 horas los días festivos, sábados y domingos, según informó el Ayuntamiento ayer en un comunicado.

La concejala de Promoción Empresarial y del Empleo, Ana Navarro, informó de la decisión de presentar este recurso, que fue adoptada en una reunión mantenida ayer entre el equipo técnico del área y la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma).

En este encuentro se consideró positiva la autorización otorgada a tres de los parques empresariales, pero se puso sobre la mesa la necesidad de que el proyecto tenga un alcance global y se implante en los 13 polígonos solicitados para evitar «un efecto llamada para la comisión de hechos delictivos en aquellos que no dispongan de videocámaras».

El recurso se basará en la necesidad de que la videovigilancia no se circunscriba únicamente a tres de los parques empresariales solicitados y recordará que, debido a su configuración espacial y a la concentración que presentan, no debe analizarse cada uno de ellos como una realidad individual. En cuanto al límite horario, tanto Ayuntamiento como empresarios manifestaron su conformidad con el establecido en la resolución y argumentaron que, «precisamente por quedar despoblados los parques empresariales en esa franja horaria y no tratarse de zonas residenciales, la implantación de la videovigilancia en la totalidad de polígonos sería compatible con la defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos».

El informe recibido por el Ayuntamiento constata que existe «consenso social» en cuanto a la necesidad de videovigilancia y recuerda el apoyo tanto del pleno municipal como de las asociaciones de empresarios. No obstante, argumenta que «no parece razonable autorizar en bloque la petición –105 cámaras para 13 parques empresariales–, máxime cuando entran en conflicto con derechos fundamentales». En cuanto al horario, establece que «parecería más acorde con el principio de proporcionalidad que se limitaran las grabaciones a las horas en las que, atendiendo a la propia solicitud, quedan despobladas las zonas».

Fuente: La Opinión de Málaga