IHS, especializada en consultoría electrónica y de medios y antes IMS Research, ha señalado en un comunicado que en los próximos cuatro años el mercado global de cámaras de videovigilancia aplicadas a la seguridad urbana se duplicará en 2017, según los datos recabados en estudios y análisis de mercado.
En este sentido, este incremento de sistemas de videovigilancia en las calles de las ciudades se debe no sólo a una política de mayor proyección ciudadana, sino también a los avances tecnológicos en infraestructura de redes inalámbricas y a los sofisticados sistemas de vídeo globales, que la compañía estima que moverán más de 3.200 millones de dólares.
Según las estimaciones de los analistas de mercado, las necesidades de sistemas de videovigilancia se están transformando en ambos aspectos: por una parte la seguridad en instalaciones públicas y privadas se ha incrementado significativamente con la colocación estratégica de este tipo de dispositivos para disminuir robos, incidentes y mejorar la labor de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, los sistemas de videovigilancia instalados en centros comerciales, instituciones públicas, tiendas, hospitales, centros educativos, etc. han pasado de ser en su mayoría fijos a sistemas en red con una mayor cobertura y con visualización en tiempo real a través de dispositivos móviles en cualquier momento y lugar.
Esta videovigilancia móvil se extenderá cada vez más, según IHS, al entorno de seguridad urbana para registrar cualquier incidente, reducir el delito y ofrecer un control más eficaz a las fuerzas de seguridad a nivel mundial, a tenor de los últimos incidentes desarrollados en Turquía, Siria, Egipto o Brasil, y a la amenaza terrorista.
Como señala Paul Bremner, analista de mercado para ciudades seguras y servicios de seguridad de IHS, “los sistemas de videovigilancia urbana deben proveer imágenes claras y utilizables para que los departamentos de policía puedan conducir investigaciones de forma efectiva cuando sea necesario”.
Uno de los retos y debates de todo ello es la privacidad del ciudadano, que quedaría prácticamente relegada a su propio hogar, tal y como señalan otros analistas y también organizaciones a nivel mundial, que denuncian que no se trata de protección sino de control social con fines políticos.
Fuente: Digital AV Magazine