Una funcionaria muestra una de las plantas que se vigilan en un secadero antes de limpiarlas para pesar los cogollos y remitir los datos al juzgado

Una fuga accidental de agua en el sistema de riego de una plantación de marihuana, mimada en la clandestinidad de una nave industrial de Gamarra, y el penetrante olor herbal que desprendía pusieron al descubierto, el pasado mes de diciembre, una auténtica jungla de cannabis. Nada menos que 692 plantas, el mayor decomiso de "maría" efectuado por la Policía Local en la ciudad. Y, también, el mayor varapalo al narcotráfico en Álava desde la Nochebuena de 2010, cuando un carguero repleto de flores rellenas con dos toneladas de cocaína cultivada en Colombia tomó pista en Foronda.

¿A dónde va a parar toda esa mercancía? ¿Quién la custodia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es su destino final? Obviamente, de aquel arsenal blanco que llegó del cielo ya no queda ni rastro. Se encuentran en un secadero que depende del área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno central en Álava, el departamento que se encarga de pesar, analizar, custodiar y destruir todas las sustancias estupefacientes que se incautan en la provincia.

El cáñamo criado en Gamarra no está solo. Comparte suelo con los frutos de otros cuatro decomisos "verdes". En total, en torno a un millar de plantas. Extendidas sobre una superficie de unos cien metros cuadrados, agotan su fase final de deshidratación. En los próximos días, funcionarios y policías se enfundarán unos guantes de crin para "descogollarlas". Esto es, limpiarlas de tallos, ramas y hojas, y rescatar las bolitas que encierran el tetrahidrocannabinol (THC), el principal constituyente psicoactivo en las plantas del género cannabis, la sustancia ilegal. ¿La razón de tan trabajosa tarea? «Pesar la sustancia fiscalizada, que son los cogollos, y remitir un informe al correspondiente juzgado con el peso neto de la droga», explica la responsable del área de Sanidad, quien prefiere no hacer pública su identidad por razones de seguridad. Con esa información, el fiscal podrá determinar la gravedad del correspondiente delito penal.

En las mismas dependencias donde se seca la marihuana, en un paradero que se mantiene celosamente en secreto, una cámara acorazada de veinte metros cuadrados guarda las pruebas de cuatro meses de incautaciones policiales: 60 kilos de hachís, 10 de menudeo de speed, anfetaminas, heroína o ketamina y 400 gramos de cocaína. Están almacenadas en cajas de cartón, escrupulosamente identificadas por sus correspondientes expedientes y controladas de forma permanente por cámaras de videovigilancia.

La habitación blindada, que dispone también de sensores de movimiento, tiene dos cerraduras. Dos funcionarios de Sanidad se reparten las llaves. «Cada uno poseemos solo una. De esta manera, únicamente podemos acceder al interior los dos a la vez. Una vez dentro, cada uno de nuestros movimientos es seguido en directo por agentes de la Guardia Civil. Las imágenes quedan, además, grabadas», detalla la responsable.

Todos esos estupefacientes han llegado hasta allí después de un largo proceso que comienza en la tercera planta de la sede de la subdelegación del Gobierno central, en la calle Olaguíbel. Allí, los dos funcionarios recepcionan todas las sustancias que las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado aprehenden en la provincia. Desde el hachís que un agente urbano incauta a un menor a la salida del colegio, hasta alijos decomisados a bandas organizadas de narcotraficantes. Únicamente quedan fueran de su jurisdicción las actuaciones que lleva a cabo la Ertzaintza y que derivan en sanciones administrativas. Es decir, que no son constitutivas de un delito. Desde el verano pasado son asunto exclusivo del Gobierno vasco.

En el último año, las distintas policías efectuaron 1.462 decomisos en 916 actuaciones. De ellas, solo 120 tuvieron consecuencias judiciales. En todas esas operaciones se interceptaron 238 kilos de distintas sustancias. El 80% de ellas, hachís y marihuana.

Control en local de alterne

Esta mañana, dos policías nacionales de paisano han acudido a la subdelegación para hacer entrega a la funcionaria de una bolsita con polvo blanco. La acaban de incautar a una mujer durante un control rutinario de extranjería efectuado en un local de alterne del municipio. Acceden a la sala de pesaje, bloqueada también con doble cerradura y vigilada por cámaras desde el techo. La responsable del área pesa la mercancía en una balanza de extrema precisión y sensibilidad. Tanto, que tiene que estar a salvo de la luz solar y de las corrientes de aire para que no alteren un miligramo el resultado final, esta vez de apenas medio gramo.

A continuación, la funcionaria extrae una mínima cantidad, la pesa y la introduce en una bolsita transparente. Es la muestra que se remitirá a un laboratorio ubicado en Gipuzkoa para su análisis. Allí se determinará la identidad de la sustancia y el corte. Es decir, si la droga ha sido mezclada con algún tipo de producto adulterante, como glucosa, yeso o anestésicos locales. Los agentes no abandonarán la sala ni quitarán ojo al proceso hasta que les hagan entrega del acta de recepción.

La prueba "magenta"

En el caso de que la sustancia que llegue a sus manos sea «vegetal seco» -así es como denominan a la marihuana hasta que un análisis lo certifique-, la primera prueba se hará allí mismo. Para ello, colocan un pequeño papel de filtro sobre otro. En el de arriba pone una muestra "verde" y, mediante una pipeta, vierten unas gotas de ciclohexano, un disolvente. Después retiran la capa de arriba y, sobre la de abajo, añaden polvo revelador. Si la superficie se tiñe de color magenta, como así ocurre, no hay duda. El «vegetal seco» es marihuana. Aun así, el laboratorio guipuzcoano se ocupará de efectuar un segundo análisis y confirmarlo.

El gran alijo de Álava que tutela el Gobierno central a través de la Subdelegación solo tiene un destino certero, su destrucción. Se lleva a cabo en una planta incineradora de residuos urbanos e industriales situada en el Valle de la Zoreda, en Asturias. Hasta allí está previsto que, este mismo mes, se desplace un discreto convoy blindado para proceder a la eliminación de la mercancía almacenada en la cámara acorazada de Álava.

Antes de que la droga emprenda el último viaje, los funcionarios pesarán de nuevo las sustancias y redactarán una especie de albarán. La operación se repetirá a la llegada a las instalaciones asturianas, antes de que las sustancias se introduzcan en un horno crematorio. La incineración será presenciada, mediante un sistemas de cámaras, por funcionarios de la subdelegación, policías y en ocasiones también secretarios judiciales.

Fuente: El Correo