La delegada del Gobierno en el Archipiélago, la popular María del Carmen Hernández Bento, pidió ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presente una solicitud "claramente fundamentada" en su futura solicitud de activación de las cámaras instaladas en el Parque García Sanabria. Pese a las anteriores negativas por parte de la comisión de videovigilancia de Canarias a la puesta en marcha de estos dispositivos en el mayor espacio verde de la ciudad, la representante del Gobierno central en las Islas invitó a la corporación chicharrera a cursar una nueva petición si consideran necesario su uso. 
Las declaraciones de la delegada se producen 24 horas después de que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, pidiese "el mismo trato" en materia de seguridad para ambas capitales canarias tras la puesta en marcha de nuevas cámaras en Las Palmas de Gran Canaria. El dirigente nacionalista preguntó el martes por qué Las Palmas recibió el visto bueno para las cámaras en un espacio con bajos índices de delincuencia, mientras que se rechaza la activación de estas herramientas en el García Sanabria aduciendo estos mismos motivos. 
Como respuesta, Hernández Bento negó que fuese la Delegación del Gobierno la que impide la activación de los 24 dispositivos de seguridad instalados en 2007 en el García Sanabria. 
En este sentido, afirmó que esta competencia corresponde a la citada comisión, un órgano formado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, un Abogado del Estado, un representante de la Administración General del Estado y un alcalde designado por la Federación Canaria de Municipios. La propia Delegación informó igualmente que los miembros dependientes de la administración central no constituyen una mayoría en el seno del organismo. 
La delegada rechazó igualmente las palabras del regidor chicharrero en las que manifestó que "a Las Palmas se le concedieron no solo las cámaras que pidieron, sino más". Hernández Bento aseguró que estas declaraciones no se ajustan a la verdad. Según señaló, en su momento el Ayuntamiento de Las Palmas solicitó la instalación de ocho de estos dispositivos en tres zonas de la ciudad, de las que solo cuatro recibieron el visto bueno de la comisión.
Del mismo modo, Hernández Bento subrayó que la colocación y activación de estos mecanismos de seguridad no se autorizan de manera arbitraria, sino ajustándose a la legalidad vigente. Hasta la fecha, todas las peticiones de activación por parte de la administración santacrucera fueron rechazadas al entender que el índice de delitos en este espacio verde no justificaba la intromisión en el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen de los vecinos y de las personas que pasean por el parque. 
Las reiteradas negativas por parte de la comisión de videovigilancia de Canarias a la activación de las cámaras del García Sanabria se han convertido desde 2007, fecha en la que fueron instaladas en el marco de la rehabilitación de este espacio, en objeto de enfrentamiento y debate entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en las Islas. 
En la actualidad, la corporación santacrucera prepara una nueva solicitud para poner en funcionamiento por vez primera las cámaras del recinto verde cinco años después de su instalación. La intención del área de Seguridad Ciudadana también es solicitar nuevos sistemas de seguridad en el interior del Parque de La Granja. 
Además, está prevista la petición de reactivación de las tres cámaras situadas en Añaza, la Calle Castillo y la Avenida de los Príncipes. La autorización para su uso, aprobada durante el año 2006 por la comisión, caducó durante la primavera del año pasado.

Fuente: http://www.laopinion.es

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