El auge y proliferación de gasolineras desatendidas en España irá a más en los próximos meses.
El Gobierno ha traslado a la Comisión Europea su voluntad de impulsar este tipo de establecimientos -conocidos coloquialmente como low cost o fantasmas- ante las barreras impuestas por algunas Comunidades Autónomas a su instalación.
La respuesta se ha llevado a cabo a través de una carta consensuada entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que dirige Luis de Guindos, y el de Energía, Turismo y Agenda Digital, coordinado por Álvaro Nadal. En la respuesta, "el Gobierno ha alegado que este tipo de gasolineras tiene suficientes garantías de seguridad y generan competencia, beneficiando al consumidor final", según explican a EL MUNDO fuentes próximas al Ejecutivo.
La respuesta del Gobierno supone un enorme aval para estas instalaciones, impulsadas en España en la Ley de Hidrocarburos del año 2013 que profundiza en la liberalización del sector. La Comisión Europea había requerido previamente a España que se pronunciara sobre este asunto tras la denuncia interpuesta por la patronal de gasolineras desatendidas (AESAE) contra el país por las restricciones al libre mercado que supone la normativa de autonomías como Navarra, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia.
Bruselas admitió a trámite la demanda el pasado mes de marzo y el país tenía hasta el pasado viernes para pronunciarse. El aval a la instalación de estos puntos de suministro automáticos -en los que es obligatorio pagar con tarjeta de crédito por la falta de personal- ha ido acompañado de una modificación técnica que unifica a nivel nacional los requisitos de seguridad que debe cumplir una estación de servicio, ya sea atendida o desatendida.
"Así, las autonomías ya no podrán alegar que estas gasolineras son inseguras si cumplen con los criterios fijados por el Gobierno", explica Manuel Jiménez Perona, presidente de AESAE.
Cambio normativo
La modificación reglamentaria aprobada a través de real decreto en el Consejo de Ministros dedica un capítulo exclusivo a las "estaciones desatendidas". Estas instalaciones están en plena expansión ofreciendo una rebaja de entre el 5% y el 10% frente a las estaciones de servicio de grandes petroleras como Repsol o Cepsa. El año pasado se abrieron en el país un total de 241 nuevos puntos de suministro, lo que equivale a una apertura cada 36 horas. Sólo entre las cuatro grandes cadenas de este tipo de gasolineras -Ballenoil, GasExpress, Bonarea y Petroprix- suman ya más de 200 establecimientos.
El cambio refuerza los requisitos de seguridad de estas instalaciones. "En el campo de las estaciones desatendidas, este Real Decreto es continuista con el anterior, no regula la actividad, sino que define de manera más precisa los requisitos necesarios de seguridad aplicables a las estaciones desatendidas", explican en el Gobierno.
Entre los requisitos que se exigirán a este tipo de estaciones de servicio figuran, por ejemplo, instalar interruptores de paro de emergencia que permitan el corte de corriente, además de la conexión a una central receptora de alarma y cámaras de seguridad que registren las 24 horas la actividad de la estación. Los depósitos deberán ser sometidos a revisiones periódicas de detección de fugas.
La nueva norma también afecta a las gasolineras tradicionales en lo que se refiere a reformas medioambientales para evitar la contaminación del subsuelo. Estos cambios implicarán inversiones globales próximas a los 450 millones de euros, según los cálculos del sector....LEER NOTICIA COMPLETA.