La polémica sobre la contratación de seguridad privada para vigilar dependencias y comisarías de la Ertzaintza continúa a pesar de que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, intentará dar carpetazo al asunto con una nota filtrada a los medios en la que al mismo tiempo que negaba que la vigilancia de las ertzainetxeas vaya a quedar en manos privadas, dejaba la puerta abierta a esa posibilidad que, por otra parte, es refutada por los hechos y las decisiones adoptadas en esa dirección a lo largo de este año. La penúltima expresión crítica contra la utilización de seguridad privada ha llegado desde el PNV que acusa a Ares de "faltar a la verdad y mentir al Parlamento Vasco".
En una nota de prensa, recuerda que el pasado 24 de junio presentó una iniciativa en la que, entre otras cuestiones, le preguntaba al consejero si confirmaba lo que había aparecido publicado en los medios de comunicación sobre la contratación de servicios de seguridad privados. La respuesta de Ares ha llegado esta semana y en la misma asegura que "el Departamento de Interior no ha adoptado a fecha de hoy ninguna decisión sobre la incorporación de vigilantes privados a los centros policiales, de forma que se amplíe el número de los que tienen implantado este sistema ya desde legislaturas anteriores".
La parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga argumenta la reprobación de su partido a la actuación de Ares esgrimiendo el expediente de contratación publicado en el BOPV del 2 de mayo de este año en el que se detalla que "el objeto del contrato es el servicio de seguridad y guarda de las dependencias del Departamento de Interior".
El Boletín Oficial del País Vasco refleja el presupuesto de la licitación que asciende a 6.400.000 euros, IVA incluido. También constata que el servicio a contratar cubrirá la vigilancia de tres dependencias de Interior en Araba, diez en Bizkaia y ocho en Gipuzkoa y, además, añade que en el mismo expediente "se advierte que se intentará ampliar a otras instalaciones del Departamento de Interior". A juicio de Arrizabalaga, "este último dato también entra en contradicción" con la respuesta dada por el consejero, ya que asegura que "la vigilancia de los centros policiales y el número de profesionales asignados a tareas de protección de personas no están relacionados en ningún caso".
A la vista de estos hechos, Arrizabalaga ha registrado una iniciativa en el Parlamento en la que se formulan varias preguntas a Ares con el objeto de que explique las "evidentes contradicciones entre lo que remitió a la Cámara y lo publicado en los boletines oficiales".
FUENTE: www.deia.com