Una banda del Este ya planeó robar el depósito judicial de estupefacientes
SUP y AUGC piden la dimisión del subdelegado del Gobierno · Ambas organizaciones insisten en que policías, guardias civiles y la empresa de seguridad alertaron de los fallos



Ayer, al cumplirse una semana de que se destapara el robo de al menos 300 kilos de cocaína del depósito judicial de estupefacientes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclamaron el cese de, entre otros, el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna. La petición se hacía en el mismo comunicado en el que ambas organizaciones denunciaban que ya con anterioridad una banda del Este planteó robar la nave, un golpe que se abortó gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad. "¿Por qué la vigilancia de un edificio tan sensible siguió recayendo en una empresa privada?", se preguntan SUP y AUGC.

Ambas organizaciones insisten en que Policía Nacional, Guardia Civil e incluso la propia empresa de seguridad "dejaron constancia por escrito" de las deficiencias en el sistema de seguridad del depósito. Además, recuerdan la nota de la junta de personal de la Administración General del Estado del viernes pasado en el que se informó de que sus miembros se reunieron con el subdelegado el pasado 10 de junio para informarle de las deficiencias.

Las dos organizaciones consideran "una irresponsabilidad" que López Luna no hiciera "nada", sobre todo cuando "es el responsable directo de las instalaciones asaltadas" y, en cambio, siembre "dudas sobre la forma de actuar del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad". El subdelegado aseguró el pasado viernes que la droga no se había destruido porque "a pesar de que se había pedido a los jueces autorización para destruirla, esa autorización no había llegado". Afirmación a la que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, replicó que como norma general, las partidas de estupefacientes se destruyen y solo se guardan muestras.

Por su parte, SUP y AUGC denuncian que debido al "caos administrativo" hay más de 20.000 kilos de droga almacenados en las comisarías y cuarteles de la provincia esperando a poder ser entregados en el depósito de Sanidad Exterior para su análisis y posterior destrucción. Las organizaciones insinúan además que la Subdelegación había autorizado una partida económica para iniciar mejoras en las medidas de seguridad de la nave en enero de 2011 y que no llegaron a ejecutarse.

También piden que se aclare quién dispuso la conexión del sistema de seguridad de la nave asaltada con el cuartel de la Guardia Civil del puerto "contraviniendo lo dispuesto en la legislación de seguridad privada". Por otra parte, ya se ha confirmado que la furgoneta hallada calcinada al día siguiente del robo es en la que se perpetró el golpe. En su interior se encontraron las cámaras de videovigilancia que fueron sustraídas del depósito judicial de Sanidad Exterior.