La Delegación del Gobierno en Aragón ha recibido veintiún informes de propuesta de sanción por incumplimientos en materia de seguridad, fruto de las 847 inspecciones realizadas por efectivos de la Policía Nacional en Zaragoza. Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión de la Comisión provincial de Seguridad Privada que ha presidido este el subdelegado del Gobierno de Aragón en Zaragoza, José Abadía, y que no se convocaba desde 2009.
Esta reunión ha contado con la asistencia de representes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado y la Unidad Policial Adscrita del Gobierno de Aragón, de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y de expertos de diversos sectores de la seguridad privada, informan fuentes de la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.
El sector de la Seguridad Privada en Zaragoza, donde trabajan más de 2.500 personas, está integrado por 47 empresas de seguridad (trece de vigilancia y protección de bienes, dos de protección de personas, tres centrales receptoras de alarmas, una de transporte de explosivos, dos de transporte de fondos y veinticinco de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad), trece centros de formación y veinticinco despachos de detectives.
Uno de los aspectos que preocupan en el sector es el intrusismo de personal no cualificado y acreditado por el Ministerio del Interior, si bien, en la reunión se ha puesto de manifiesto la disminución del número de casos que se ha detectado en los últimos años. En Zaragoza hay actualmente 2.059 establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad: 1.089 entidades de crédito, 207 joyerías, 183 estaciones de servicio, 481 farmacias y 99 administraciones de lotería.
En este encuentro también se ha dado cuenta de las inspecciones llevadas a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía cuyos efectivos levantaron cuatro actas por infracciones en espacios de ocio y conciertos durante las pasadas fiestas del Pilar.
Asimismo se ha informado de que de los 1.161 avisos de señales de alarma en establecimientos recibidos, solo 78 fueron reales y 1.083 falsas alarmas, una cifra menor que en 2017. La Guardia Civil, por su parte, ha presentado los datos de actividades realizadas en materia de seguridad privada en 2018, entre las que figura la relación con armeros, explosivos y habilitación de guardas particulares y de campo.
Hasta noviembre han informado de veinticuatro inspecciones a puntos de consumo de explosivos, cinco a armeros de guardas particulares de campo; una a una fábrica de armas con componente explosivo y otra a depósito comercial de explosivos que derivaron en seis infracciones y que se suman a las cuatro detectadas en las 128 inspecciones realizadas en armeros.Respecto a control de vigilantes de explosivos, el instituto armado realizó 38 inspecciones en fábricas de armas, transportes o depósitos sin detectar ninguna infracción.
Fuente: heraldo