El ocaso de la 'ley Mordaza'
A Eduardo Díaz, un joven agente comercial natural de la localidad de tinerfeña de Güimar, licenciado en Historia y con un máster en Formación del Profesorado, se le ocurrió el pasado mes de julio criticar en la red a la alcaldesa y la Policía Local de su pueblo. Los llamó «escaqueados» y «cracks», suficiente para recibir una denuncia por haber cometido una falta leve. Fue el primer afectado por la llamada ley Mordaza.
La Ley de Seguridad Ciudadana, que varios partidos quieren derogar -antes, incluso, de que el Gobierno tome posesión-, fue uno de los dictámenes más polémicos de la pasada legislatura. La norma, que entró en vigor el 1 de julio con el único apoyo del Partido Popular, llegó a las Cortes ya más suavizada respecto al borrador inicial propuesto por su equipo de redactores, miembros del Ministerio del Interior, que la defendió a capa y espada frente a quienes vieron en ella una maniobra del Ejecutivo popular para acallar las protestas sociales que llenaban las calles.
El fuego del 15-M, que se prendió en mayo de 2011, poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año, dejó rescoldos que salpicaron los primeros años de la décima legislatura y que se tradujeron en movilizaciones como los Rodea el Congreso o las Marchas por la Dignidad, que muchas veces acabaron en disturbios y, en este último caso, con más de 60 policías heridos.
Precisamente, alterar gravemente el orden público en las proximidades de la Cámara Baja se incluyó en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana como infracción sancionable, así como impedir un desahucio, escalar un monumento, acampar en la vía pública u okupar una entidad bancaria.
Unos supuestos -hasta un total de 44 tipos distintos- para los que la normativa contempla multas de 100 a 600.000 euros, cantidades que no implican subidas respecto a la anterior ley Corcuera. Al menos es lo que el titular de Interior, ahora en funciones, Jorge Fernández- Díaz, quiso dejar claro en sus numerosas intervenciones en las que defendió el carácter más garantista de la normativa que, entre otras cosas, prohibe por primer vez las redadas indiscriminadas o por razones étnicas.
También levantó una importante polémica la disposición adicional que se introdujo en la nueva norma para modificar la Ley de Extranjería y legalizar las denominadas devoluciones en caliente de los inmigrantes irregulares que intentan saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.
La tragedia del Tarajal, ocurrida el 6 de febrero de 2014 y en la que murieron 15 subsaharianos, tuvo mucho que ver en la inclusión de esa disposición, así como en el enfrentamiento entre el ministro y la entonces comisaria europea del Interior, Cecilia Malmström, que pidió a España explicaciones. Fernández Díaz no se cansó de recordar a sus socios comunitarios que las dos ciudades autónomas son frontera europea y que, por tanto, Bruselas debería involucrarse más, lo que se tradujo finalmente en una ayuda económica de unos 10 millones de euros.
EN EL ÁMBITO PRIVADO. Otra norma que podría tener los días contados es la de Seguridad Privada, censurada también por el PSOE, que ve en ella un intento de privatizar la seguridad pública.
Su posible socio en el Gobierno del cambio, Podemos, también ha solicitado ya la eliminación de esta ley. Según el departamento jurídico del Congreso, a pesar de que el Ejecutivo no está formado aún, el hemiciclo puede tener actividad parlamentaria para tramitar proposiciones de ley y no de ley, siempre que no exijan que el Gobierno se extralimite en las funciones que tiene asignadas en este período de transición....LEER NOTICIA COMPLETA.