A las 0.00 horas de ayer sábado se produjo un cambio en la custodia de la casa particular de Paulino Rivero, presidente en funciones del Gobierno de Canarias, donde la Guardia Civil dejó de prestar el servicio y fue sustituida por una empresa de seguridad privada. Sin embargo, durante el día de ayer y a raíz de una manifestación prevista a las puertas del Ayuntamiento de El Sauzal, a apenas unos 200 metros de la casa del político nacionalista, la seguridad de la zona aparecería reforzada por efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Benemérita. Ante los recientes acontecimientos violentos en Barcelona por parte de grupos vinculados al llamado movimiento 15-M, se tomó la decisión de vigilar con mayor empeño la residencia privada de Rivero y su mujer, la también política nacionalista Ángela Mena. Consultadas fuentes cercanas a Rivero acerca de la naturaleza del contrato con la empresa de seguridad privada que desde ahora custodia los fines de semana y festivos la casa de El Sauzal, prefirieron no dar detalles del asunto, escudándose en «motivos de seguridad». Según ha podido saber este periódico, la empresa es Securitas, con delegaciones en toda España, incluyendo no solo la isla de Tenerife, sino también la de Gran Canaria. El detalle no es menor y con seguridad debe haber sido tenido en cuenta por el contratante, toda vez que Rivero cesará en breve de sus funciones en esta legislatura. Si bien la situación política le resulta favorable y se da por descontado el apoyo de los socialistas para extender por otros cuatro años su mandato, aún deben votar los diputados en el Parlamento —que ni siquiera han tomado posesión de sus actas— y los elegidos todavía podrían ser tres grancanarios, como José Manuel Soria (PP), José Miguel Pérez (PSOE) o Román Rodríguez (NC).   FUENTE: www.abc.es
En una nota, esta asociación ha criticado la decisión de la nueva alcaldesa de Andoain (Guipúzcoa), Ane Carrere (Bildu), de prohibir el acceso a los edificios municipales a los guardaespaldas de seguridad privada, así como la retirada el arco de seguridad y el escáner del consistorio de Lasarte-Oria, también gobernado por la coalición abertzale. El comunicado explica que "los escoltas privados no están en condiciones de garantizar la seguridad de sus protegidos" en Andoain, "ni en aquellos pueblos en los que se han retirado las medidas de seguridad", como el Ayuntamiento de Lasarte-Oria. "Bildu -agrega el escrito- mantiene a los escoltas a las puertas de los consistorios haciendo realidad el insulto que más nos ha dedicado la izquierda abertzale desde hace años: "txakurras" (perros), mientras evita condenar la violencia etarra o el rearme de la banda terrorista". "Por responsabilidad -agrega el documento-, los escoltas vascos y navarros, pese al desprecio que también sufrimos por parte de las instituciones, mantenemos nuestro nivel de alerta para que ninguno de nuestros protegidos pueda ser víctima de una agresión". Los guardaespaldas piden "encarecidamente" al Gobierno Vasco, y al Ministerio de Interior que "medite cada decisión que se tome en relación a la seguridad de personas amenazadas y analice en profundidad la realidad que se vive en este momento en el 100 % de localidades vascas y navarras, sumidas bajo el imperio del terrorismo de persecución, la amenaza y la extorsión de ETA y su entorno".   FUENTE: www.abc.es
La necesidad de medidas internacionales coordinadas y el embarque de militares en lugar de seguridad privada, centraron buena parte del debate en la mesa de Foro Atlántico en Los Abetos. El presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza, considera que están indefensos. 'Necesitamos que se actúe con más rapidez' en los ataques, expresó. En este sentido considera que la seguridad a bordo de los buques es 'una medida provisional, porque el barco no está diseñado para ser un buque de guerra y a bordo hay inercias y un espacio muy reducido, con lo que se generan dificultades a bordo'. Tanto Jorge Campos, secretario general de Aetinape, como Concha Ortega, gerente de Espaderos Guardeses, se expresaron partidarios de embarcar militares a bordo de los barcos pesqueros, aunque admitieron que la seguridad privada mejoró la situación con los ataques. Para el sindicalista de CC OO Manuel Bastón no deberían estar a bordo ni militares ni seguridad privada. Bastón fue muy crítico con la Atalanta, porque cree que 'dicen que defienden a los atuneros pero realmente están ahí por los petroleros', aseguró.

Los Gobiernos central y vasco han avisado hoy a los ayuntamientos gobernados por Bildu de que tienen la obligación legal de velar por la seguridad de los concejales. Los dos Ejecutivos han hecho esta advertencia después de que la nueva alcaldesa de Andoain (Guipúzcoa), Ane Carrere, haya firmado una orden en la que establece la prohibición a los escoltas de seguridad privada de acceder a ningún edificio municipal, y de que haya desinstalado el arco de seguridad y un escáner que había a la entrada del consistorio. El Ayuntamiento guipuzcoano de Lasarte, gobernado igualmente por Bildu, también ha retirado el arco de seguridad y el escáner, mientras que el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, de esta misma coalición, ha anunciado que su consistorio estudiará adoptar medidas similares.

Matute ha aplaudido así en un comunicado la orden del consistorio de Andoain de impedir el acceso a los escoltas de seguridad privada a todos los edificios municipales, y la decisión del Ayuntamiento de Lasarte de eliminar el arco de seguridad y el escáner. "Éste es el tiempo de la paz, de la democracia real y participativa y de que los ayuntamientos hagan efectiva la palabra que el pueblo ha depositado en las urnas, para lo cual sobran las armas", ha enfatizado el portavoz de Alternatiba, partido que junto con Eusko Alkartasuna e independientes forman la coalición Bildu. Tras opinar que hay que "avanzar en la desmilitarización de la sociedad", Matute ha querido destacar que decisiones como las de Andoain y Lasarte parten de representantes de una coalición como Bildu en la que, según recuerda, todos los que han concurrido en sus listas "han firmado y asumido un decálogo en defensa de la paz y los derechos humanos, sociales y políticos". Matute ha comentado que ahora existe un alto el fuego por parte de ETA, que hay que "conseguir que se transforme en definitivo", al tiempo que ha recalcado que es "la propia sociedad vasca la que rechaza todo tipo de violencia y vulneraciones" de derechos.   FUENTE: www.abc.es
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