SUP y AUGC piden la dimisión del subdelegado del Gobierno · Ambas organizaciones insisten en que policías, guardias civiles y la empresa de seguridad alertaron de los fallos
Ayer, al cumplirse una semana de que se destapara el robo de al menos 300 kilos de cocaína del depósito judicial de estupefacientes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclamaron el cese de, entre otros, el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna. La petición se hacía en el mismo comunicado en el que ambas organizaciones denunciaban que ya con anterioridad una banda del Este planteó robar la nave, un golpe que se abortó gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad. "¿Por qué la vigilancia de un edificio tan sensible siguió recayendo en una empresa privada?", se preguntan SUP y AUGC.
Ambas organizaciones insisten en que Policía Nacional, Guardia Civil e incluso la propia empresa de seguridad "dejaron constancia por escrito" de las deficiencias en el sistema de seguridad del depósito. Además, recuerdan la nota de la junta de personal de la Administración General del Estado del viernes pasado en el que se informó de que sus miembros se reunieron con el subdelegado el pasado 10 de junio para informarle de las deficiencias.
Las dos organizaciones consideran "una irresponsabilidad" que López Luna no hiciera "nada", sobre todo cuando "es el responsable directo de las instalaciones asaltadas" y, en cambio, siembre "dudas sobre la forma de actuar del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad". El subdelegado aseguró el pasado viernes que la droga no se había destruido porque "a pesar de que se había pedido a los jueces autorización para destruirla, esa autorización no había llegado". Afirmación a la que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, replicó que como norma general, las partidas de estupefacientes se destruyen y solo se guardan muestras.
Por su parte, SUP y AUGC denuncian que debido al "caos administrativo" hay más de 20.000 kilos de droga almacenados en las comisarías y cuarteles de la provincia esperando a poder ser entregados en el depósito de Sanidad Exterior para su análisis y posterior destrucción. Las organizaciones insinúan además que la Subdelegación había autorizado una partida económica para iniciar mejoras en las medidas de seguridad de la nave en enero de 2011 y que no llegaron a ejecutarse.
También piden que se aclare quién dispuso la conexión del sistema de seguridad de la nave asaltada con el cuartel de la Guardia Civil del puerto "contraviniendo lo dispuesto en la legislación de seguridad privada". Por otra parte, ya se ha confirmado que la furgoneta hallada calcinada al día siguiente del robo es en la que se perpetró el golpe. En su interior se encontraron las cámaras de videovigilancia que fueron sustraídas del depósito judicial de Sanidad Exterior.
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Manzanares, José Sánchez-Maroto, defendió la legalidad de la contratación de seguridad privada en la plaza del Gran Teatro, una actuación que se hizo de manera «puntual y específica», según dijo el pasado sábado en el pleno extraordinario que se celebró a petición del Grupo Socialista.
Un pleno en la que los socialistas solicitaban su dimisión, acusándole de contratar a su propia empresa y de vulnerar la ley, y que comenzó con una explicación del alcalde del motivo por el que este pleno se celebraba durante la jornada de reflexión, a pesar de que los socialistas intentaron que la Junta Electoral de Zona lo suspendiera. La tensión se vivió desde el primer momento, ya que en los primeros minutos el alcalde acusó al portavoz socialista, Julián Nieva, de venir con ganas de «montar espectáculo». Éste sin embargo, con el apoyo de IU, mantenía que la contratación no era legal y que no existe acuerdo de Junta de Gobierno Local sobre la misma. Además, apuntó que los agentes de seguridad privada pidieron documentación a las personas que estaban en los alrededores del Gran Teatro supliendo las funciones de la Policía Local.
Por su parte, José Sánchez-Maroto insistió en que fueron los policías locales los que pidieron documentación y que el servicio se contrató para proteger el edificio del Gran Teatro, así como su maquinaria. Dijo que él mismo propuso a la Junta Local la contratación del servicio y que al costar menos de 600 euros se realizó sin acuerdo, tal y como permite la ley. Por este motivo, el edil explicó que no presentará su dimisión.
El pleno acabó con una intervención del alcalde que acusó a los socialistas de proponer la celebración de este pleno para hacer ruido y embarrar y también para hacer caja. Por eso, dijo que los concejales del PP renunciarán a cobrar, lo que supondrá un ahorro a las arcas municipales de unos 2.000 euros. Fue en este momento cuando fueron expulsados primero el portavoz de la oposición, Julián Nieva, y después dos ediles más del PSOE. Finalmente, toda la bancada de la oposición, incluido el edil de IU abandonaron el salón de plenos
Multan con 6.000 euros al Ayuntamiento por una contrata de seguridad privada
El SPPLB sostiene que se contrató a una mercantil "a sabiendas de que no reunía los requisitos legales"
El sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de la Comunidad Valenciana asegura que, a raíz de una denuncia suya, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil ha impuesto una sanción de 6.000? al Ayuntamiento de Alicante por la contrata de una empresa para realizar labores de seguridad privada en dependencias municipales. Según explican desde el sindicato, la mercantil carecía "de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada" y afirman que el Consistorio la contrató "a sabiendas de que no reunía los requisitos legales".
Desde el sindicato explican que se realizó un contrato inicial en 2009, sin embargo apuntan que meses después el actual jefe del Cuerpo de la Policía Local, José María Conesa, rubricó "una memoria plagada de errores técnicos para justificar la ampliación de la contrata y dar cobertura dentro del contrato a la figura del auxiliar de servicios como nuevo tipo de vigilante de seguridad". Sobre esto último, desde el SPPLB sostienen que se hizo "a sabiendas de que un auxiliar de servicios no podía ni debía realizar funciones de seguridad en dependencias del Ayuntamiento de Alicante" porque, indican, las funciones están reguladas por la ley de Seguridad Privada "en la cual no caben figuras que a través del intrusismo laboral suplanten el ejercicio profesional de los cometidos de un vigilante de seguridad privada".
El sindicato critica que durante más de un año y hasta que se denunciaron los hechos, el jefe de la Policía "no se diera cuenta" de que la empresa "estaba incumpliendo una obligación esencial, dado que la delegación y centro de operaciones se encontraba fuera del término municipal de Alicante". El SPPLB afirma que ese podría haber sido motivo para resolver el contrato, puesto que "por obligación contractual debía estar, por razones de operatividad, dentro de la ciudad, y abierta las 24 horas".
Desde el sindicato señalan que también se ha impuesto una sanción a la empresa de 60.000 euros. Tanto el Ayuntamiento como la mercantil han recurrido las multas y todavía está pendiente de que se resuelvan sus recursos.
Según informó el sindicato mediante un comunicado de prensa, en la Comisaría Provincial se han convocado varias plazas que había vacantes, "pero se ha omitido la de jefe de grupo de seguridad privada".
"Esta plaza -continúa la nota- lleva desierta más de un año, estando en la actualidad dicho grupo compuesto por un oficial de policía y cuatro policías, sin que haya sido ocupada por ningún funcionario de la escala ejecutiva desde que lo dejó vacante el anterior titular hace un año".
La Unión Federal de Policía explica que ha obtenido informaciones de "la intención que, presuntamente, tiene la Jefatura de la Comisaría de no convocar dicha plaza, la cual estaría adjudicada con nombre y apellidos a una persona concreta que además no reúne los requisitos necesarios si participara en la convocatoria del concurso".
La plaza sería adjudicada en comisión de servicio sin que los demás funcionarios pudan participar como es preceptivo para que la ocupe el funcionario que más méritos tenga, según el sindicato.
Esta actitud de los responsables de la Comisaría Provincial, destaca la Unión Federal de Policía, "deja en total indefensión a todos los funcionarios en el ámbito nacional que pudieran optar a dicha plaza, lo que nos parece muy grave, dejando en entredicho la imparcialidad que debe primar en la elección en este sistema de provisión de puestos de trabajo".
Se eleva una queja
Por este motivo, la Unión Federal de Policía eleva una queja para que sea tratada en el Consejo de la Policía, órgano máximo de representación en el Cuerpo Nacional de Policía entre Sindicatos y el Ministerio del Interior, el cual es consultivo y no vinculante, en el que se expone esta situación de la no convocatoria de esta plaza desierta.
"Desconocemos qué intereses puede tener la Comisaría Provincial para no convocar y cumplir con su obligación de convocarlas plazas vacantes para que todos los funcionarios de la categoría puedan optar a dicha plaza", concluye.
"El Alakrana es ahora un auténtico fortín"
"El Alakrana es ahora un auténtico fortín"Cuando se cumplen dos años desde que fue liberado por los piratas, tras su secuestro durante 47 dias, hemos hablado con el jefe de seguridad del barco
Hace ya dos años que el armador del Alakrana, Kepa Etxebarria, decia aquello de "por fin acabó el secuestro y con final feliz".
Un secuestro que duró 47 dias y que supuso automáticamente la incorporación de la seguridad privada en los buques. Ya no hay ninguno de bandera española que no lleve algún vigilante. En el caso del Alakrana, su jefe de seguridad desde entonces, Javier Cerezo (con quien hemos conversado en la SER), hay una cosa muy clara: "El Alakrana es especial" y como tal, aseguraba, han mejorado los dispositivos de seguridad también en este barco.
Y prueba de estas mejoras son las medidas que ahora toman, por ejemplo, los arrantzales. Empezando por el patrón, decia, "que diferencia perfectamente una baliza de otra" y de esa forma somos capaces de prevenir cualquier asalto y "romper el contacto" cuanto antes.
Y es que, aunque la seguridad ha mejorado mucho, los piratas persisten. Ahora bien, si antes en dos intentos de asalto "te ponian contra las cuerdas", ahora necesitan ocho o diez.
El Alakrana, como el resto de atuneros de bandera española, lleva una media de cuatro vigilantes a bordo, armamento considerable y está a la espera de las armas pesadas. El acuerdo para contar con ellas ya está cerrado, pero, segun Cerezo, no cree que lleguen para esta campaña.
Cabe recordar que el Alakrana sufrió un intento de asalto hace menos de un mes