Dos furgones de Policía velaron por la seguridad

 

El ambiente de crispación que se vive en el zaragocismo hizo que la Junta General de Accionistas, por primera vez, estuviera rodeada de medidas de seguridad. Dos furgones de la Policía Nacional estuvieron al principio de la misma, aunque solo uno se quedó hasta el final. Además, había varios miembros de seguridad privada dentro de la sala. Con todo, el ambiente fue de absoluta tranquilidad.

El acto será presidido por Claret y el comisario general de Seguridad Ciudadana.

El delegado del Gobierno en Melilla, Antonio María Claret, junto con el comisario general de Seguridad Ciudadana, José Marín Manzaneda, y el jefe superior de la Policía Nacional en Melilla, Juan Manuel Calleja, presidirán hoy el acto de entrega de menciones honoríficas al personal de cuatro empresas de Seguridad Privada de la ciudad.
Estas menciones de honor recaerán en el personal de las empresas melillenes Eulen, Serramar, Prosegur y Esabe.
Previamente al acto, el delegado del Gobierno en la ciudad recibirá en su despacho al comisario general de Seguridad Ciudadana y al comisario de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gándara Trueba, con quienes mantendrá un breve encuentro.
Esta recepción está prevista a partir de las 12:15 horas del día de hoy en el despacho del delegado del Gobierno en Melilla y la entrega de las menciones honoríficas para estas cuatro empresas melillenses del sector de la seguridad privada de la ciudad se celebrará en las mismas dependencias de la Delegación del Gobierno a partir de las 12:30 horas, según informaron ayer a través de una nota de prensa.
Las mañanas y tardes de días laborables

El Ayuntamiento retirará la seguridad privada que vigila sedes municipales

El Gobierno municipal de Madrid retirará los efectivos de seguridad privada que actualmente vigilan algunas sedes las mañanas y tardes de los días laborables en una medida que permitirá ahorrar 8,3 millones de euros, según ha informado este martes el director general de Seguridad del Ayuntamiento, Pablo Escudero, en la comisión ordinaria del ramo.

Ante una pregunta formulada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Escudero ha señalado que el próximo ejercicio se adjudicarán nuevos contratos de seguridad privada, tras haber vencido o haber sido modificados los actuales, lo que afectará a dependencias tanto de las Juntas de Distrito como de las áreas de Gobierno y los organismos autónomos.

Así, se "suprimirá la vigilancia privada en horario laboral diurno (mañanas y tardes)" de lunes a viernes, servicio que actualmente prestan tanto agentes de la Policía Municipal como agentes privados que actúan de refuerzo. "Cuando se elimine ese refuerzo se irá realizando el servicio con policías que no patrullan actualmente y que prestan otro tipo de servicios", ha precisado el responsable municipal.

Por su parte, la seguridad privada se mantendrá tanto en las noches de lunes a viernes como los fines de semana y festivos las 24 horas, tras su introducción hace ocho años con el objetivo de liberar agentes municipales que hasta ese momento se ocupaban de ese menester.

"No pretendemos volver a detraer patrullas sino continuar con la vigilancia de edificios (las noches de fines de semana y festivos) con seguridad privada, porque la medida tuvo una gran incidencia en la mejora de la calidad de vida en Madrid. Por ejemplo, frente al 31 por ciento de los madrileños que en 2006 se sentían 'muy seguros' o 'bastante seguros' por la noche, en 2009 ya eran un 63 por ciento de los ciudadanos, sobre todo por el incremento de las patrullas", ha insistido Escudero.

En cualquier caso, la retirada de servicios privados durante las noches de lunes a viernes permitirá al Consistorio un ahorro del 34,5 por ciento, al pasar los contratos de los 24,3 millones de euros que costaron en 2011 a los 16 millones de euros que se espera pagar el próximo año. "Esta reducción de 8,3 millones de euros se añade además al 15 por ciento de reducción de 2010", ha zanjado Escudero

Realizado por el Instituto de la No Violencia Activa

Las fuerzas privadas de seguridad han superado a los militares en Irak, según un estudio

 

El número de empleados de las empresas militares y de seguridad privada presentes en Irak se ha ido multiplicando a lo largo de los años que ha durado el conflicto llegando a superar en número a los militares del ejército regular, según revela un estudio elaborado por el Instituto por la No violencia Activa, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

El estudio, elaborado durante 2011 por los abogados Leticia Armendáriz y Jordi Palou-Loverdos, junto con dos investigadores iraquíes K.D. y E.A., que prefieren mantener el anonimato, contabiliza que 105 de estas empresas han estado trabajando en el país, 89 extranjeras --la mayoría de Estados Unidos, aunque también de Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, Sudáfrica y Kuwait, entre otros-- y 16 iraquíes, además de otras 11 dedicadas a la extracción de materias primas que tienen vínculos con la seguridad.

En rueda de prensa para presentar la investigación, Armendáriz ha explicado que han podido documentar una cincuentena de incidentes relacionados con estas empresas, que podrían denominarse como 'nuevos mercenarios', que atentan contra los Derechos Humanos y los derechos de sus propios trabajadores.

Entre los incidentes, "tortura de prisioneros, disparar indiscriminadamente a civiles, agresiones sexuales dentro de la misma empresa, tráfico de seres humanos, condiciones inseguras de trabajo", aunque Palou-Loverdos ha puntualizado que no se han producido en todas estas empresas.

Estas compañías principalmente se dedican a la protección de personas, empresas y edificios, logística, recabar información, seguridad en los 'checkpoint', pero según Palou-Loverdos, han comprobado que cada vez más hacen tareas de inteligencia militar e intervienen en choques violentos, provisión de material militar e interrogatorios.

TENDENCIA A LA IMPUNIDAD

Según han podido constatar, en Estados Unidos, donde están la mayoría de estas empresas, en la mayoría de casos las denuncias y otros procesos legales "no han llegado a buen puerto", lo que para la experta demuestra una clara tendencia a la impunidad.

El estudio constata que la normativa internacional que regula el uso de estas empresas es "deficiente e inadecuada", ya que no existe una instancia internacional que pueda juzgarlas.

"No existe voluntad política de los estados de donde proceden estas empresas de regular su actividad", lamentan.

Además, la legalidad iraquí encuentra serias dificultades a la hora de juzgar a estas empresas en casos en que presuntamente se han cometido crímenes contra la población civil.

Estas empresas, que cuentan con contratos millonarios, de decenas de millones de dólares, tienen como único objetivo "obtener lucro", y pueden llegar a pagar en algunos casos 2.000 euros al día, ha explicado Palou-Loverdos.

Según el codirector del instituto, Felip Daza, la tendencia a privatizar la guerra es un "fenómeno rentable, incontrolable y con afectación a los Derechos Humanos", además de que no forzosamente se traduce en aumento de la seguridad, ya que según él en Irak estas empresas han creado inseguridad.


En siete años creció más de un 30 % la demanda de empleados de seguridad privada en el país

Según un informe realizado para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 111 mil empleados trabajan en las empresas de seguridad. A lo largo de siete años la cantidad guardias de seguridad se incrementó un 31%. El 70% de la demanda del servicio se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

La seguridad privada en el país sigue creciendo día a día. Según datos oficiales existen más de 1.400 empresas que cuentan con 111 mil empleados, prácticamente el doble de personal que posee la Policía bonaerense. 

Los datos surgieron de un estudio realizado para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, dentro del marco de un proyecto respaldado por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)

En el trabajo, al que tuvo acceso Online-911, se señala que entre el año 2003  y 2010 la cantidad de personas ocupadas en tareas de seguridad privada se habría incrementado un 31%.  Y también que sólo en el año 2009 la Administración Pública Nacional habría efectuado contrataciones de servicios de vigilancia por el valor de $ 429 millones (aproximadamente U$ 107 millones).

Diego Fleitas, director de Asociación para Políticas Públicas (APP) fue quien realizó este trabajo, con la colaboración de María Victoria Quevedo, licenciada en Ciencias políticas e investigadora de APP, en el que se da cuenta del  crecimiento a nivel país y a nivel mundial de la gran preocupación por la seguridad y el crecimiento exponencial de la seguridad privada.

“En Sud África, Filipinas, Rusia, los Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Alemania la seguridad privada supera a las policías (OECD, 20007) y en Latinoamérica habría 2,5 millones de agentes privados (Arias, 2009). En el caso de la Argentina ha ocurrido un fenómeno similar, por lo que en el año 2010 de acuerdo a cifras oficiales había 1.434 empresas de seguridad privada con 111 mil empleados (Ministerio de Trabajo, 2011). Esto ocurre en un contexto de aumento de hechos delictivos y de violencia que comenzó en la década 90, lo cual está acompañado por un incremento de tráfico y consumo de drogas, y de la violencia asociada a ello. Así, en el año 2009 el 77% de la población consideraba a la delincuencia el principal problema del país”, se señala en el informe. 

El trabajo, presentado recientemente, analiza el fenómeno de la industria de la seguridad privada como una parte del sector de seguridad y los problemas de definición de esta actividad, proponiendo que tanto a efectos del análisis como de la regulación se deben tener también en cuenta los “servicios adicionales” que prestan las policías, y las actividades de seguridad internos que desarrollan las empresas, ya que además de tener algún carácter privado también tienen efectos o externalidades sobre la seguridad general.

“La relación entre las empresas de seguridad con la policía resulta particularmente importante y problemática al mismo tiempo, ya que es la institución con la que por antonomasia deben coordinar sus actividades, en algunos casos es su organismo de monitoreo sino de regulación”, explica Fleitas en el informe, en el que dice que “sin embargo tienden a existir una larga serie de zonas grises, relaciones complejas y conflicto de intereses que desdibujan dicha relación. 

Por ejemplo, es común que los gerentes o agentes de seguridad privada sean agentes retirados de policías o fuerzas de seguridad, e incluso en ocasiones también en actividad. A su vez, las policías suelen vender en forma más o menos orgánica servicios “adicionales” y privados de seguridad, compitiendo en forma directa con las empresas “puramente” privadas”.

A mediados de la década del 90 comenzó un importante incremento de hechos delictivos y de violencia. Entre el 2006 y el 2009 los homicidios se incrementaron un 12%; lo cual en parte podría explicarse por el incremento de los homicidios en ocasión de robo y por enfrentamientos por el control del narcotráfico y de barrios carenciados. Así en total, entre 1997 y el 2009 se habrían producido 40.318 homicidios y la cifra de 2.912 casos del 2009 equivale a una tasa de 7 homicidios cada 100.000 habitantes.

Dicho aumento del incremento del delito ha estado también acompañado por una mayor preocupación de la sociedad por el problema de la seguridad, de forma tal que en los años 2008 y 2009 para la opinión pública la delincuencia se convirtió en el principal problema del país.

Otro dato relevante que se menciona en el trabajo es que el 70% de la demanda del servicio de seguridad privada se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores (Gran Buenos Aires) mientras que las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba concentran el 15% de la porción restante

Fleitas concluye que en el trabajo que “ante esta realidad, que puede agravarse ante el creciente incremento de la violencia y el crimen en Argentina, resulta imperioso poder desarrollar capacidades institucionales, y los mecanismos de regulación, monitoreo y coordinación de formal tal que por un lado se eviten o minimicen los problemas asociados a la seguridad privada, y que al mismo tiempo ésta puede ser un factor que contribuya al fortalecimiento del bienestar y seguridad pública general”.(Online-911).