Multan con 30.000 euros a una empresa por instalar alarmas en colegios de Vigo sin estar registrada
-La Policía Nacional inspecciona a diario locales donde hay vigilancia privada
Colocar una cámara de videovigilancia en un recinto o contratar un servicio de seguridad personal no es tan sencillo como firmar la propuesta en un contrato. Tanto la empresa receptora como demandante deben cumplir una serie de requisitos, la primera ceñirse a las obligaciones tipificadas en la Ley de Seguridad Privada y la segunda adecuar el modelo de seguridad a sus necesidades y mantener una control y revisión en el mismo. En caso de no cumplir la normativa el castigo puede ser severo.
La Audiencia Nacional ha condenado a una empresa de seguridad por prestar servicios de instalación, conexión y mantenimiento de sistemas de alarmas de seguridad conectadas a una Central Receptora en dos colegios de Vigo sin estar inscritas en el registro de empresas de seguridad de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil. El Alto Tribunal, tras recurrir en primera instancia la sentencia condenatoria, le impone una multa de 30.001 euros por la comisión " de una infracción muy grave" al prestar "servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria".
La representación de la empresa condenada alegaba que el contrato de prestación de servicios lo suscribieron el Ayuntamiento olívico y la Central Receptora en relación a los dos colegios en cuestión, que por su parte "no prestaba servicio alguno de tal naturaleza" y que entre la entidad y la Central Receptora solo existía un "contrato de colaboración mercantil" que en "ningún caso" implicaba subcontratación de servicios de seguridad y que por lo tanto sus trabajadores no realizaban trabajo alguno de colocación de alarmas.
Sin embargo, los magistrados tumban esta argumentación explicando que "los hechos constatados en el expediente acreditan que trabajadores (de la empresa condenada) suscribieron partes de trabajo en los que se recoge la sustitución del teclado [...] o revisión del sistema de alarma"; cometidos que "no pueden incluirse" en las funciones de mera comercialización derivadas del citado contrato mercantil....LEER NOTICIA COMPLETA.
Ceuta:La fase 2 del Tarajal decidirá si sigue con la seguridad privada.
Se ha convocado una asamblea para esta semana donde se decidirá si aumentan la cuota o eliminan a la empresa contratada
Durante esta semana habrá novedades en relación con la seguridad privada en los polígono del Tarajal. Concretamente, en la fase 2, cuyo máximo responsable es Bilal Dadi, tiene intención de celebrar una asamblea de su comunidad de propietarios para que por parte de los mismos se decida cuál será el futuro.
Recordemos que ésta fue, hasta el momento, el único de los polígonos que siguió las directrices de la Delegación del Gobierno y presentó, en tiempo y forma, un Plan de Seguridad que contó con el visto bueno del servicio de seguridad privada de la Jefatura Superior de Policía.
La idea que mantenían desde un principio era que esta seguridad privada fuera abonada con la tasa impuesta por parte de la dirección de la fase, pero dada la huelga de brazos caídos que realizaron los porteadores, al final no tuvieron más remedio que eliminarla. A partir de entonces, la única fórmula que tenían para sufragar este servicio les ha desaparecido de pronto. Por tanto, en esa reunión, se deberá decidir si eliminan la misma o si incrementan la cuota que abonan todos los meses para el mantenimiento de los gastos de la comunidad. Por tanto, la solución definitiva está en sus manos.
Bilal Dadi, ha declarado a esta redacción, que han tenido que eliminar la tasa “porque Marruecos ha sido la que no ha querido que los porteadores la abonen y no les ha quedado más remedio que eliminarla”.
En relación con la reunión que tuvieron los cuatro presidentes de los polígonos del Tarajal, Dadi ha indicado que sus otros compañeros le preguntaron sobre el funcionamiento de los vigilantes de seguridad y que entendía, desde luego, que si les iban bien a ellos, a lo mejor se sumaban también a la presentación de sus respectivos planes de seguridad. No olvidemos, desde luego, que ahora mismo los otros tres polígonos tienen abierto un expediente por parte de Delegación al incumplir la normativa vigente que llegarían incluso a los 100.000 euros y a cerrar durante varios meses los establecimientos.
También se refirió a que seguía sin entender que por parte de la Ciudad Autónoma se tuviera contratada a la empresa Eulen con un coste muy importante...LEER NOTICIA COMPLETA
Los sindicatos de seguridad privada planean una huelga nacional.
Los sindicatos del sector de la seguridad privada prevén convocar a corto plazo movilizaciones, entre las que no se descartan huelgas a nivel nacional para protestar por la situación para protestar contra la precariedad de sus condiciones laborales.
"Tenemos previstas movilizaciones a nivel nacional. Nos estamos uniendo los tres grandes sindicatos, UGT, CCOO y USO, para determinar las fechas", ha avanzado hoy la portavoz del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria, María Del Valle, tras reunirse con miembros del grupo Socialista.
Los representantes de los trabajadores de empresas de seguridad privada se han reunido con representantes del grupo parlamentario socialista para pedir que se impida que haya compañías que subroguen sus contratos y abaraten las condiciones laborales.
"No se hacen contrataciones socialmente responsables y pedimos que se prime la situación laboral del trabajador", ha explicado.
En esta reunión se ha destacado el caso de Adif, en el que, según el diputado socialista Antonio Pradas, se están produciendo impagos que afectan sobre todo a los servicios relacionados con el AVE en Andalucía.
El conflicto laboral en el que se encuentra este sector afecta a un total de 1.000 trabajadores en toda España, de los que 300 pertenecen a la empresa de seguridad de Adif, Seguridad Integral Canaria, en Andalucía y Extremadura....LEER NOTICIA COMPLETA.
LA GUARDIA CIVIL TRATÓ DE EVITAR LA IMAGEN DE PUIGDEMONT VOTANDO Y ACUDIÓ A SU COLEGIO ELECTORAL 20 MINUTOS ANTES DE LA HORA PREVISTA PARA SU LLEGADA. ARRAMPLÓ CON TODO, PERO LOS CIUDADANOS QUE DEFENDÍAN EL CENTRO DE VOTACIÓN DESPIDIERON AL INSTITUTO ARMADO AL GRITO DE «IREMOS A VOTAR»... Y VOTARON.
Esta iba a ser una crónica sobre un pueblo de menos de 4.000 habitantes en el que vive el president Puigdemont. Iba de una butifarrada y un cine forum nocturno, sobre un tractor que bloqueaba la entrada al colegio electoral y su dueño, Jose María; sobre Xesca y Toni, que pasaron la noche vigilando el exterior, y sobre Meritxell, que acudió para las 5.00 a la puerta del centro de votación para que, entre otros, también el president catalán votará en «el colegio electoral de siempre, donde votamos siempre», tal como remarcó Pere al inicio del encierro nocturno.
Y hasta las 9.10 seguía siéndolo, solo faltaba la última foto, la del president votando. Una hora antes había hecho acto de presencia su seguridad privada, comprobaron los accesos y tomaron posición en el pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis. Entró la prensa y apareció el tesoro, esas cajas que se han convertido en el objetivo número uno de la impotencia de las autoridades españolas. La urna pasó de mano en mano entre Laura y Adriá, dos jóvenes incansables que cuidaron el recinto desde la víspera hasta el fin de la jornada electoral. Tras ellos, el alcalde, Marc Puigtió, tomó el relevo y finalmente Jordi la posó en la mesa de votación entre los aplausos los presentes. La mesa constituida, el reloj ya había superado las 9.00 y solo faltaba que arrancara el sistema informático para que empezara la votación. Y entonces: «¡La Guardia Civil!».
Fuente: naiz
Canarias:Protesta por las condiciones laborales de la seguridad privada.
La manifestación ha sido convocada por los sindicatos, que advierten de reducciones salariales de hasta el 30 % por la llegada de empresas de bajo coste.
Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y Csif han convocado una concentración para protestar por el deterioro de las condiciones laborales en el sector de la seguridad privada.
Ante la sede de presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y en la de Las Palmas de Gran Canaria, los trabajadores han exigido un abono puntual de sus salarios y manifestaron su oposición a las denominadas empresas `Low Cost", pues consideran que perjudican sus nóminas con reducciones salariales de hasta el 30 por ciento.
Según CCOO, es la administración pública, en mayor medida, la responsable directa de gran parte de la realidad padecida, puesto que no muestra sensibilidad a la hora de marcar las condiciones económicas en las licitaciones, abocando a ello a que participen en exclusividad a empresas de bajo coste.
Han lamentado que la administración pública contrate a estas empresas porque son más baratas, lo que repercute en que los negocios que cumplen con el convenio estatal, que en las islas son ocho con unos 2.000 trabajadores, no puedan acceder a los concursos públicos.
Estas ocho empresas, según el portavoz de CCOO, sufren importantes pérdidas de negocio por no poder trabajar con la administración pública, si bien de momento no se han producido despidos ni pérdidas retributivas.
Fuente:http://www.rtvc.es/noticias/protesta-por-las-condiciones-laborales-de-la-seguridad-privada-169485.aspx#.WbPFQmcUncc