Seguridad.
Las comunidades de vecinos recurren a vigilantes privados para evitar robos
Hacen rondas por los bloques de edificios que les han contratado al quedar desiertas localidades del interior de la Región
"Si los japoneses hubieran sabido lo que iba a pasar en Hiroshima y Nagasaki, jamás hubieran bombardeado Pearl Harbo". Así explica Simón Campillo, administrador de la empresa murciana Lexortus Seguridad, la importancia de prevenir, que como dice el refrán, siempre es mejor que curar. Así lo entienden también las comunidades de vecinos de la Región, sobre todo de Murcia y Cartagena, que recurren cada vez más a contratar seguridad privada para que vigilen sus edificios durante los meses de verano, cuando las ciudades se quedan vacías porque sus habitantes se marchan de vacaciones y, por tanto, los solitarios inmuebles se convierten en un blanco perfecto para los delincuentes, que no suelen tomarse descansos.
Desde la Asociación Regional de Empresas de Seguridad (Aresmur), cuya presidenta es Encarna Ortiz (de Vigilant S. L.), confirman esta tendencia, aunque señalan que no disponen de datos exactos sobre su incidencia en la Región. También lo ratifica Simón Campillo, de Lexortus Seguridad, que asegura que una veintena de comunidades de propietarios de la capital murciana han contratado para este verano este servicio con su empresa. El coste económico varía según lo que cada cual quiera para su edificio.
CCOO insta al Gobierno a hacer cumplir a Seguridad Canaria el convenio
CCOO ha instado hoy al Gobierno regional a rescindir el contrato por el que se adjudicó el servicio de vigilancia de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria a Seguridad Integral Canaria si esta empresa no se aviene a cumplir el convenio colectivo nacional de empresas de seguridad privada.
En un comunicado, el sindicato denuncia que Seguridad Integral Canaria funciona con un convenio colectivo propio, con sueldos inferiores a los establecidos en convenio nacional del sector.
CCOO recuerda a la Consejería de Presidencia y Justicia que el pliego de condiciones por el que se adjudicó ese servicio de vigilancia en los juzgados le permite rescindir el contrato si el concesionario no cumple el convenio nacional del sector.
Fuente: agencias.abc.es
Los vigilantes de los edificios de Titsa denuncian que llevan tres meses sin cobrar
Los trabajadores se concentran en el Intercambiador de Santa Cruz para exigir a la empresa que se ponga al día con los pagos y les proporcione el uniforme necesario
Los trabajadores de Proseda, la empresa encargada de la seguridad en varios centros de Titsa, denunciaron ayer que la compañía les debe varios meses de salario y que la empresa no está cumpliendo con el Convenio Nacional de Seguridad Privada.
La responsable de seguridad privada de la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (UGT), Dolores Fuentes, expuso ayer que los trabajadores llevan sin cobrar desde finales de mayo. "La empresa se justifica diciendo que no puede pagarles porque sus clientes retrasan los pagos", apuntó Fuentes. Sin embargo, esta sindicalista aseguró que los clientes les han manifestado que "están al día".
Por esta razón, los trabajadores se concentraron ayer en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife para reclamar a la empresa que abone ya sus salarios.
Proseda es la compañía que se encarga de la gestión de la seguridad en varios edificios pertenecientes a Titsa. "Este es su cliente más importante, por eso hemos decidido llevar a cabo la concentración en el Intercambiador para que los clientes hagan presión y se pague el servicio", consideró Fuentes.
Los representantes de los empleados denunciaron que el problema no radica en el impago de los clientes de la empresa, sino en que la compañía se presenta a los concursos de concesiones con ofertas que no cubren los gastos mínimos. "Se postulan sabiendo que su oferta no da para pagar a todos los trabajadores", explicó Fuentes. Por este motivo, la empresa no paga las horas extra a sus empleados ni las dobles pagas, detalló la representante de los trabajadores.
Además, los empleados denuncian que Proseda no está cumpliendo el Convenio Nacional de Seguridad Privada, ya que no proporciona a su trabajadores el uniforme completo para el ejercicio de sus funciones, tal y como específica este acuerdo colectivo. "Los vigilantes se tienen que comprar ellos mismos las botas, porque el material que les dan no es el adecuado", denunció Fuentes.
UGT afirma que la Inspección de Trabajo ya le ha requerido a la empresa que cumpla con su obligación de suministrar el uniforme completo a sus trabajadores, pero que la compañía sigue sin llevarlo a cabo.
En total son 50 los trabajadores de seguridad los que están afectados por este problema. "Están al límite, la mayoría tienen hipoteca y familias, con todo lo que esto conlleva", aseguró Fuentes.
Además, mantienen que los empleados han recibido amenazas por parte de la compañía, cuando decidieron poner en marcha la protesta. "Esperamos que no haya represalias, porque han tenido muy en cuenta quién viene a la concentración y quién no", explicó la representante de los trabajadores.
Los vigilantes mantienen que nunca habían tenido problemas de impago anteriormente, pero tras varios meses sin percibir el salario reclaman que la empresa se ponga al día en el pago. Sin embargo, los representantes sindicales aseguran que todavía no han podido sentarse con la empresa para expresarle sus denuncias.
A pesar de que los empleados no han concretado ninguna actuación más contundente si la empresa no cede a sus requerimientos, la representante de los trabajadores mantuvo que si no consiguen lo que reclaman proseguirán con las protestas.
Proseda ofrece sus servicios para la vigilancia y protección de bienes inmuebles, informar de hechos delictivos a las fuerzas de seguridad, realizar controles de identidad y ser el servicio de respuesta de las centrales de alarma. La empresa tiene presencia en once municipios de la Isla. Este periódico ha intentado ponerse en contacto la compañía, pero no ha conseguido ninguna respuesta de los responsables.
Fuente: laopinion.es
Los vigilantes de seguridad presentan una querella contra la gerencia del HUCA
La empresa encargada del mantenimiento del centro, Gispasa, centro de las críticas
La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) depositará a las once de la mañana de hoy, ante la Fiscalía Superior de Justicia de Asturias, una denuncia contra varios de los responsables de la gestión del servicio de seguridad del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Los denunciantes hacen hincapié en que, por un centro en el que, de manera diaria, pasan "más de 10.000 personas", resulta imprescindible "extremar las medidas de seguridad", especialmente si se atiende a la imposibilidad de una eventual evacuación de emergencia. Critican también que las personas al cargo de los servicios de seguridad del hospital, gestionados por la empresa pública Gispasa, no estén "lo suficientemente cualificadas" para desarrollar la tarea que se les encomienda.
Otro de los puntos centrales de sus quejas es la estructuración de la jornada laboral a la que están sujetos. Se trata de tres turnos, de ocho horas cada uno, y de lunes a viernes, que según AVISPA, son "todo un disparate". Con esta organización, llegan a darse situaciones como que pasen 15 minutos desde que un vigilante es requerido, por ejemplo, en el servicio de urgencias, hasta que llega. Las órdenes, además, las reciben de un ingeniero "sin habilitación" como director o jefe de seguridad.
La denuncia se dirige contra Alfonso Vicente Ramírez Payer, ingeniero técnico industrial del HUCA y responsable de seguridad de Gispasa en el HUCA; María Dolores Carcedo García, consejera de Hacienda y presidenta del consejo de administración de Gispasa; Manuel Matallanas, gerente del HUCA; y Mario José Alonso Fernández, gerente delegado de Prosetecnisa Seguridad Asturias, por "irregularidades, negligencias, infracciones y supuesta responsabilidad penal en materia de Seguridad", según informa AVISPA.
La querella añade un capitulo más a la sucesión de quejas contra Gispasa (empresa que impulsó la construcción del HUCA y que ahora gestiona servicios no sanitarios) que los trabajadores del complejo de La Cadellada vienen haciendo públicas desde hace meses. Los vigilantes recalcan los defectos en "ejecución y operatividad" de las medidas de seguridad física que el hospital debería tener, las cuáles califican de "inexistentes".
Fuente: lne.es
El sector de la seguridad se encomienda a las alarmas para intentar superar la crisis
Ese apartado es el único que creció el año pasado y por segundo año consecutivo, mientras que la vigilancia sigue cayendo
La seguridad privada sufre todavía los rigores de la crisis que desde 2009 ha precipitado al sector a una caída acumulada del 24,08% pero tiende a estabilizarse. Así lo constata el informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) de 2014 al que ha tenido acceso El Confidencial, un documento que deja entrever las primeras esperanzas de recuperación con el apartado de sistemas y alarmas como motor.
De acuerdo con esta asociación, que aglutina a 12 empresas que representan el 70% del negocio y funciona como patronal, la seguridad privada española facturó el año pasado 3.384 millones de euros, lo que supuso un descenso del 0,24% con respecto al año anterior, cuando entraron en caja 3.392 millones de euros. Aunque aún está lejos de los niveles de 2006 y 2007, cuando el sector crecía a ritmos cercanos al 7%, el descenso es mucho más tenue que el registrado entre 2012 y 2013, cuando cayó en un 6,87 %. La perspectiva de crecimiento para 2015 es del 1,25%, que sería la primera mejora en cinco años.
Estabilización y primeros brotes
En su resumen ejecutivo, Aproser observa que “el conjunto del sector podría estabilizarse e incluso comenzar una tímida recuperación”, aunque de las tres áreas que lo componen –transporte de fondos, sistemas y alarmas y vigilancia- esta última, que es la que más factura, parece estar destinada a pagar la peor parte dentro del sector.
Aunque sigue siendo el área que más negocio genera, pues factura 2.121 millones de euros, la vigilancia presenta el mayor nivel de contracción y tiene previsiones de cierre negativas de cara a 2015. En 2014, la vigilancia cedió un 1,77% con respecto a 2013, cuando con 2.159 millones de euros había caído un 7,99% desde 2012. La mayor demanda de vigilancia proviene del comercio y representa un 19% de los servicios, seguida por la industria y la energía (17%), entidades financieras (16%), edificios e instalaciones públicas (12%) e infraestructuras de transporte (11%). Completan el total menores porcentajes que se reparten entre el sector servicios, residencial, salud y educación.
Mientras, el área de transporte de fondos facturó 290 millones de euros, con un descenso del -1,11%, y los sistemas y alarmas alcanzaron 973 millones y sube un 3,56% en comparación con el anterior ejercicio, en el que este apartado comenzó a despegar con otro ascenso del 1,23%.
Menos vigilantes en activo
En 2014 se registraron 1.539 empresas de seguridad privada, de las que 1.304 fueron habilitadas por el Ministerio del Interior, 200 por la Generalitat de Catalunya y 35 por el Gobierno Vasco. Pero según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay una tendencia a la atomización, pues el 83% de estas empresas tienen menos de 50 trabajadores.
Además, el personal en activo bajó de los 77.100 en 2013 a los 75.650 en 2014, con una presencia masculina prioritaria. El nivel de rotación de personal se mantiene en un 14% y el 84% de los trabajos son indefinidos. El país sigue por debajo de la media europea en el ratio de fuerzas de seguridad privada, pues la proporción comunitaria es de 1 vigilante por cada 264 personas y en España es de 1 por cada 614 habitantes.
En 2014 entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, que tenía entre otros fines reducir el intrusismo y ampliar las competencias de los vigilantes privados, no ha impedido que Aproser siga detectando como un problema la incursión de agentes externos en el sector. Otros desafíos que identifica son “la competencia desleal, los bajos precios de licitación, la escasa rentabilidad y la inseguridad jurídica”.
Fuente: elconfidencial.com