Las empresas del sector de la seguridad privada que más facturan
El negocio de la seguridad privada mueve en España un total de 3.200 millones de euros cada año, y da empleo a casi 90.000 personas de manera directa. Sin embargo, las grandes empresas de esta industria no han sido inmunes a la crisis económica, obligadas a recortar sueldos y despedir trabajadores. Consulte el ranking completo
Así, la principal empresa del sector de la seguridad privada fue Securitas, tras facturar 362 millones en 2013, un 9% menos que el ejercicio precedente.
Le sigue en la clasificación Prosegur, con ingresos de 183 millones, lejos de los 861 millones generados en 2012.
En tercera posición se ubica Eulen Seguridad, que generó ventas por valor de 175 millones, un 5% menos que el año anterior.
En cuarta plaza se encuentra Segur Ibérica, tras facturar un total de 159 millones, un 6% más que en 2012.
Aparece en quinto lugar Castellana de Seguridad, tras generar ventas por valor de 134 millones.
A continuación aparece Vigilancia Integrada (VINSA), con ingresos por 121 millones, un 2% más.
Sube tres escalones, hasta la séptima posición, Ombuds, tras facturar 68 millones.
En octavo lugar se encuentra Seguridad Integral Canaria, tras generar ventas por valor de 62 millones, un 8% más que el año anterior.
Cae hasta la novena plaza Seguriber, después de ingresar 61 millones, un 27% menos que el año anterior.
Cierra la clasificación Segurisa, con una facturación de 43 millones.
La información proviene de la base de datos de empresas de eInforma, marca de INFORMA D&B, compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing. Cabe destacar que el ranking se ha realizado con empresas con balance individual normalizado. No figuran, por tanto, las empresas que presentan sus estados financieros en el Registro Mercantil con formatos específicos de presentación diferentes a los formatos normalizados del Plan General Contable 2007, que suelen ser aquellos pertenecientes a sectores como los siguientes: actividades financieras, seguros, administración pública y actividades asociativas.
Son empresas con fecha de cierre de balance individual comprendido entre julio de 2013 y junio de 2014 y cuya duración sea de 12 meses.
La Asociación de Vigilantes de Soria interpone una denuncia por intrusismo
Podría traducirse en sanciones por mas 30.000 euros para el operario y 100.000 para el contratista de un servicio de seguridad prestado por personal no habilitado.
Una denuncia interpuesta por la Asociación de Vigilantes de Soria (A.VI.SO) podría traducirse en sanciones por mas 30.000 euros para el operario y 100.000 para el contratista de un servicio de seguridad prestado por personal no habilitado.
La Asociación presentó ante la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía en Soria una denuncia con prueba fotográfica, donde se observaba a un individuo que realizaba las funciones propias y exclusivas de seguridad privada en la ampliación del polígono Industrial de Almazán, y las nuevas instalaciones de una fábrica de resinas, durante varias noches consecutivas.
Bruselas pone a España como modelo para reforzar la seguridad ferroviaria
La intentona terrorista del pasado 21 de agosto en un tren de alta velocidad, que unía Ámsterdam con París, ha vuelto a poner en jaque a las fuerzas de seguridad europea justo en un momento en el que la libertad de movimientos en la UE es cuestionada desde algunos rincones. Pero antes de que el debate termine por poner el espacio Schengen contra las cuerdas, Europa mira a España para buscar soluciones.
Los ministros de Interior y de Transporte de nueve países de la UE, entre ellos España, acordaron el pasado sábado en París una serie de medidas similares a las que hasta ahora solo son aplicadas por nuestro país y Reino Unido, al no pertenecer Londres a Schengen. Los ministros decidieron establecer controles de identidad y equipajes en medios de transporte "que se considere necesario", entre ellos las líneas de alta velocidad.
Tras años de inmovilismo en el reforzamiento de la seguridad en la red ferroviaria, el intento de ataque de Ayoub El-Kahzzani, frustrado por la intervención de tres pasajeros, dos de ellos soldados estadounidenses de vacaciones, ha colocado el tema entre las prioridades en este arranque de curso en Europa.
Sin disparar el coste
Según cuentan fuentes comunitarias a elEconomista, España ofrece un "modelo" de la respuesta para reforzar la seguridad sin disparar el coste del billete para los pasajeros, y de una manera "proporcional" que no desincentive el uso de este medio de transporte por parte de los ciudadanos, una de las preocupaciones en las capitales. Son herramientas como el escaneo del equipaje de viajeros.
En vísperas de la cita de París, las autoridades comunitarias también contemplaron un abanico más amplio de medidas, que los ministros de Transporte de los 28 socios de la UE discutirán cuando se reúnan en Octubre. Entre ellas se incluyen la introducción de cámaras de seguridad en los vagones, detectores de metales en los accesos, o los polémicos escáneres corporales, cuya introducción en los aeropuertos fue muy contestada por algunas organizaciones.
No obstante, los ministros reunidos en París apuntaron más bien a otras ideas que provocarán el rechazo de Bruselas, como es el endurecimiento del reglamento de Schengen para introducir controles fronterizos permanentes, aunque "solo donde se considere necesario". Hasta ahora, la Comisión ha rechazado reintroducir controles fronterizos que limiten la libertad de movimientos, que ahora solo se permiten en circunstancias excepcionales por un periodo máximo de 30 días.
En paralelo al encuentro de París, un grupo de expertos de los 28 estados miembros de la UE y del sector privado trabaja en propuestas normativas para el conjunto de la Unión, que discutirán de nuevo la próxima semana. Este grupo de trabajo se ha reunido en ocho ocasiones desde que se creara en 2012, hasta ahora con escasos resultados porque las capitales no tenían apetito por acordar unos estándares comunes para reforzar la seguridad de la red ferroviaria europea, comentan fuentes comunitarias. Sin embargo, el aumento del riesgo terrorista por la amenaza que representa el retorno de los combatientes extranjeros en Siria, como el caso de El-Kahzzani, representa un serio recordatorio de la urgencia por avanzar en este campo.
El riesgo de los AVE
Los funcionarios comunitarios llevan tiempo abogando por prestar más atención a las medidas de seguridad en los trenes de alta velocidad, un objetivo que, como sucede con los aviones, resulta "sexy" para los terroristas, señalan fuentes en Bruselas. No obstante, los ataques al transporte ferroviario hasta ahora se ha centrado en otros medios, ya fuera la red de Cercanías en el caso del atentado de Madrid en 2004, o el metro de Londres en 2005.
Las capitales cuentan con una amplia discrecionalidad para aplicar las medidas que deseen. Y aunque la Comisión no quiere imponer una normativa a las autoridades nacionales, si quiere acordar unos parámetros para reforzar la seguridad, manteniendo la apropiada proporcionalidad con el impacto para los pasajeros, y teniendo en cuenta la naturaleza propia de los trenes.
Para las autoridades comunitarias España ofrece un modelo válido. No obstante, nuestro país ya contaba con medidas de seguridad en estaciones de tren, como los escáneres de equipaje, antes de los ataques de 2004, según recuerdan desde Adif. Los ataques de ETA ya habían obligado a reforzar la seguridad en las estaciones. La banda terrorista incluso intentó volar un tren en la estación de Chamartín en la Nochebuena de 2003, aunque la policía logró evitar el atentado tras haber colocado dos etarras dos mochilas bomba.
El aeropuerto de Castellón deja sin Guardia Civil al Pla de l'Arc ocho horas al día
El Senador de Compromís, Carles Mulet, ha llamado la atención acerca de las consecuencias de destinar las dotaciones del puesto de la Guardia Civil de Cabanes a controlar el aeropuerto de Castellón “intuíamos era un despropósito, pero ahora lo tenemos corroborado”.
Así, según Mulet “durante 8 horas al día -de 10 a 18 horas-, que es cuando la ciudadanía más puede necesitar los servicios ordinarios de la Guardia Civil, las patrullas del puesto de Cabanes no están patrullando los municipios de la zona, ni en el cuartel de Cabanes, sino dentro del aeropuerto sin actividad".
En este sentido, apunta Mulet que la zona asignada al puesto de Cabanes es considerable y con grandes zonas de dispersión de población; "abarca, además de Cabanes y todo su litoral (con la N-340 o área de servicio de la A-P7 de la Ribera incluida) a núcleos tan extensos y con tanto asentamiento aislado como el término municipal de la Serra d’En Garcera o les Coves de Vinromà, así como todos los municipios de la subcomarca del Pla de l’Arc”.
Según explica el senador valencianista, los 16 agentes del puesto de Cabanes tuvieron que hacer un cursillo de seguridad aeroportuaria, "cursillo que no se impartió por ejemplo a la Guardias Civiles de Torreblanca, el otro puesto cercano a las instalaciones de Benlloch-Vilanova".
A juicio de Mulet, “lo razonable, en primer lugar, hubiera sido no lanzarse a hacer un aeropuerto sin un estudio real de viabilidad; en segundo lugar, hacerlo en una ubicación óptima y no por intereses del exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez (propietario de parte de los terrenos); y como esto no se ha dado, en tercer lugar, hubiera sido que hecho el empastre, si ahora hacía falta seguridad, en primer término exigir que el grueso de la misma sea privada y a cargo de la empresa explotadora del aeropuerto".
"Y como ninguna de estas tres premisas se han dado -prosigue el representante de Compromís-, la cuarta, que tampoco, hubiera sido crear en caso de ser imprescindible, ampliar la plantilla y tener una patrulla propia el aeropuerto, porque es indecente que se haya de cubrir desmantelando el servicio a los pueblos afectados del puesto de Cabanes".
Sin servicio "óptimo" en Cabanes
Así, si durante el intervalo comprendido entre las 10 a las 18 horas cualquier vecino va a interponer una denuncia a Cabanes, "no tendrá el servicio óptimo al estar la patrulla en el aeropuerto. Si pasa cualquier emergencia, tendrán que recurrir a las patrullas vecinas (Oropesa, Torreblanca, etc.), por lo que también se afecta a estos puestos vecinos. Es decir, para vestir un aeropuerto sin actividad, se desviste a una comarca".
Mulet ha solicitado la documentación al Gobierno que acredite que el jefe de la comandancia de Castellón de la Guardia Civil ha pedido oficialmente un aumento de plantilla, y los argumentos de la Dirección General de la Guardia Civil para desestimar esta petición.
Según el senador de Compromís los aeropuertos tienen tres servicios de seguridad: la Policía Nacional para el control de documentación de pasajeros, pasaportes, vuelos con terceros países; la Seguridad Privada, "que ya hay en el aeropuerto de Castellón", que se dedican al control y seguridad ordinaria del recinto; y la Guardia Civil, que lleva todo el control fiscal y lucha contra el contrabando.
En este sentido, Mulet ha destacado que, "por increíble que pueda parecer, en el aeropuerto de Castellón sin actividad, hay 1 vigilante privado, que corre a cargo de Lavalin (o sea, al final pagado con dinero público) y 2 Guardias Civiles ('quitados' al puesto de Cabanes), imagino que en un estado de aburrimiento considerable ya que el control de la plaga de conejos que es la única actividad que genera el aeropuerto, tampoco corre a su cargo, sino a otro servicio también contratado por Aerocas en su día, mientras, los vecinos sin atención”
Colectivos de vigilantes denuncian que los sucesos de Huelva se repiten en más cárceles
Los incidentes protagonizados en los últimos meses por personal de la vigilancia privada en el centro penitenciario de Huelva también se están produciendo en otras prisiones españolas, según denunciaron ayer a este periódico distintos colectivos de vigilantes del país.
Huelva Información adelantó en la edición de ayer los episodios de agresión y amenazas que mantienen de baja médica a tres trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio privado de seguridad en la prisión.
La asociación Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra, que recoge a ex escoltas de cargos públicos en las dos comunidades, aseguró ayer a este diario que "estas circunstancias de Huelva se están dando en varios centros penitenciarios de España" tras la llegada de la empresa privada a la prisión.