Insólito paro en el subte: 10 trabajadores dejaron a pie a casi 400 mil pasajeros

A cinco días de las elecciones.Personal de seguridad cortó 11 horas las vías de la línea B, por un reclamo salarial. Hubo orden de desalojo, pero no se cumplió. Otra medida de fuerza paralizó dos horas a la línea D.

Fue un lunes complicado para moverse por la Ciudad. Dos protestas afectaron la red de subtes porteños y, en consecuencia, el tránsito en las calles. Sugestivamente, ambas medidas de fuerza se dieron a cinco días de las elecciones. El subte es el único transporte público manejado exclusivamente por la Ciudad: el Gobierno nacional le cedio el control al porteño hace dos años, tras una dura disputa entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Lo insólito es que la línea B estuvo cortada once horas por un reclamo de 10 trabajadores de seguridad privada que de madrugada se sentaron en las vías de la estación Lacroze e impidieron que arrancara el servicio dejando a 400 mil usuarios sin subte.

La protesta arrancó a las 5 y el servicio se restableció recién a las 16 con un precario acuerdo firmado con el Gobierno porteño. En el medio, un fiscal actuó de oficio y ordenó el desalojo que ninguna fuerza de seguridad cumplió.

Llamativamente cuando la línea B volvió a funcionar, se paralizó la D durante dos horas. En este caso trabajadores del subte visibilizaron la agresión de un pasajero a una guarda. Pero más allá de las razones, y a cinco días de las elecciones, durante todo el día circuló la sensación del aprovechamiento político de la situación.

En la línea B, la protesta fue realizada por empleados de una empresa de seguridad que brinda servicios en el subte. Reclamaban salarios adeudados y básicamente que los encuadren en el convenio de trabajadores de subte con una jornada reducida de seis horas.

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Desde el Gobierno porteño calificaron a la medida como “política” y si bien abrieron un canal de diálogo, tardaron once horas en resolver el conflicto de apenas 10 trabajadores. “Existió la connivencia de un pequeño grupo de trabajadores del subte que están alineados con un partido político”, denunció Ezequiel Sabor, subsecretario de Trabajo porteño, en relación al delegado Claudio Dellecarbonara, candidato al Palarsur por el Frente de Izquierda.

El conflicto está relacionado con MCM Security, una empresa contratada para brindar seguridad en la red de subtes. Los trabajadores venían desde hacía varios días intentando llevar a cabo la protesta; sin embargo, luego de realizar gestiones ante los diferentes cuerpos de delegados del subte, no habían recibido apoyo. Hasta que Dellecarbonara les dio la logística y el apoyo necesario para cortar las vías.

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Por su parte, Metrovías, la empresa concesionaria, intentó deslindar toda responsabilidad en el conflicto: “Son empleados de una empresa que en estos momentos no presta servicio alguno en el ámbito del subte”, explicaron y aseguraron que realizarán las denuncias pertinentes; bloquear las vías es considerado un delito penal.

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En tanto, el conflicto de la línea D paralizó el servicio durante dos horas. Los trabajadores denunciaron el brutal ataque a una guarda. Según trascendió, un pasajero indignado por lo que estaba pasando con el servicio en la B, le dio una trompada en la cara y la joven quedó desfigurada, con el ojo y el pómulo izquierdo hinchados. “El nivel de violencia viene en ascenso. Es en estos momentos, en medio de un conflicto, es cuando más seguridad necesitamos. Sin embargo ayer, en la estación 9 de Julio, no había nadie cuidando al personal”, denunció el delagado Daniel Villavicencio. El agresor fue detenido en el lugar. El gremialista contó además que el “sábado pasó algo similar, un pasajero le pegó una trompada a la cabina de la conductora, hizo estallar el vidrio y las astillas le llegaron hasta el rostro”.

Lo cierto es que ambos conflictos se terminaron trasladando a las calles. Corrientes, Córdoba y Santa Fe fueron las avenidas que más sufrieron las consecuencias, porque la gente se vio obligada a usar los colectivos en lugar del subte. Lo mismo ocurrió en las inmediaciones de las estaciones terminales, en Leandro N. Alem y Catedral.......

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El Ayuntamiento realizará mejoras de seguridad en Los Llanos

Fagúndez pide colaboración a los empresarios, que rechazaron contratar seguridad privada en septiembre.

El Ayuntamiento de Zamora trabaja para incluir en los presupuestos del año que viene varias mejoras en el polígono industrial de Los Llanos. Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, que ha subrayado que se intentará "reformar el vallado, mejorar las puertas y la señalización y poner cámaras en las entradas" para que las entradas y salidas estén controladas. "No va a ser todo lo rápido que queríamos porque el anterior equipo de gobierno se olvidó de Los Llanos durante varios años y no hay ninguna partida para este año", apuntó Fagúndez.

El concejal ha realizado estas declaraciones después de reunirse con empresarios y Subdelegación del Gobierno para tratar el tema de la seguridad en el polígono zamorano. El subdelegado, Jerónimo García Bermejo, aseveró que la Policía Nacional y la Policía Local ya han mejorado la vigilancia del entorno con patrullas durante toda la noche.

Por su parte Roberto Rodríguez, representante de los empresarios de Los Llanos, apuntó que la asociación "colaborará" en todo lo relativo a la seguridad....

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Ombuds compra Castellana de Seguridad (Casesa): nace la segunda empresa del sector en España.

La firma de la adquisición, por un precio que no ha trascendido, se realizó la semana pasada, aunque los pasos para la integración comenzaron hace meses. Los trabajadores temen que las sinergias acarreen despidos

Una gran operación empresarial en el sector de la seguridad se acaba de firmar en Madrid. Se trata de la fusión por absorción de Castellana de Seguridad (Casesa) por parte de Ombuds, que da lugar al nacimiento de un gigante sectorial que contará en un principio con más de 9.000 empleados y una facturación aproximada de 260 millones de euros, según las propias compañías. El nuevo gigante se convertirá en la segunda empresa del sector por volumen de negocio, tan sólo detrás de Securitas, según los datos que facilita eInforma, superando a la cotizada Prosegur.

La operación, largamente rumoreada, ha dado el salto definitivo tras la firma del acuerdo la pasada semana y ha sido confirmada a este diario desde distintas fuentes empresariaes y sindicales. Un portavoz oficial de Ombuds, sin embargo, negaba la mayor a Vozpópuli este mismo lunes. Después de reiteradas llamadas, el aludido ha preferido cortar la conversación por lo sano: "No te voy a decir nada, buenas tardes".

La fusión, con algunos flecos aún por concretar, se ha llevado con la máxima discreción por parte de la empresa compradora, Ombuds, que paradójicamente cuenta con un menor tamaño que Casesa tanto en facturación como en número de empleados (3.000 frente a más de 6.000). En 2011, el grupo Ombuds fue adquirido en un 75% por JZI Capital Partners a su entonces dueño, Rodrigo Cortina López, proveniente de una familia muy bien relacionada con el Partido Popular y sus servicios de seguridad. JZI es un grupo británico de capital riesgo que tiene como objetivo impulsar compañías de tamaño medio y que engloba empresas con una facturación conjunta de más de 1.000 millones anuales

Tras adquirir Ombuds por un precio que no se hizo público, el inversor prometió convertirla en "uno de los principales operadores europeos de servicios de seguridad en un plazo de tiempo muy corto". En los últimos ejercicios, el grupo adquiriente ha ido haciendo realidad su promesa al colocar a Ombuds en la parte alta del ranking de las compañías más grandes del sector. La absorción de Casesa le permitirá escalar hasta el segundo puesto de dicho ránking. De acuerdo con las cifras de facturación referidas al ejercicio 2012, tras las tres primeras antes aludidas se situarían ahora Eulen, Segur Ibérica o Vinsa........

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Detenida la jefa de la empresa que vigila los Juzgados y Sograndio

Investigan por fraude fiscal y a la Seguridad Social tanto a la responsable en Asturias como al gerente de la firma lucense

  Agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada han detenido a los responsables de la empresa contratada por el Principado para la vigilancia de los edificios judiciales, del Servicio de Salud del Principado, los centros de menores de Sograndio (Oviedo) y Miraflores (Noreña), el Materno-Infantil de Oviedo o la residencia de Perlora (Carreño), en el marco de una investigación por presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social.

Fuentes cercanas al caso indicaron que tanto el gerente de la empresa, C. S. F., como la responsable en Asturias, B. R., fueron arrestados el pasado viernes, el primero en la sede de la empresa, en Monforte de Lemos (Lugo), donde los agentes practicaron un exhaustivo registro en busca de documentación. La segunda habría recibido la citación en el centro de menores de Sograndio, donde desempeña labores de coordinadora de seguridad, y fue trasladada a Lugo con el fin de prestar declaración en dependencias judiciales. El director del centro de menores se ha hecho cargo ahora de la seguridad.

La empresa sujeta a investigación, con 800 trabajadores, 70 de ellos en Asturias, estaba inmersa en una incómoda situación, con denuncias desde todos los flancos, comenzando por las 17 presentadas ante Trabajo por empleados de la firma, con el respaldo de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada (Avispa), y cuyos actos de conciliación serán el mes que viene.

La empresa se hizo cargo de la seguridad de centros del Principado a finales del año pasado y fue recibida con una huelga por renunciar a la aplicación del convenio colectivo de la Seguridad Privada, lo que le facilitaba bajar los sueldos un treinta por ciento. Los sindicalistas cifran hasta en 6.000 euros las pérdidas anuales de los trabajadores. Al final se llegó a un acuerdo.....leer noticia completa