En seguridad privada también hay I+D+I.

Las empresas de seguridad poseen sus propios laboratorios de investigación para dar respuesta al aumento del crimen y el terrorismo

Con pistola y porra. Ésa es la imagen que tenemos de un miembro de las muchas empresas de seguridad privada que existen. Ahora eso ya no es suficiente y se renuevan para aumentar su eficacia a través de sistemas basados en la más avanzada tecnología.

Hoy las empresas de seguridad privada están presentes en infraestructuras críticas: aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias, centrales de energía, depósitos de agua… También ofrecen sus servicios a centros comerciales, tiendas y hogares particulares. Son un refuerzo a las instituciones públicas, privadas y ofrecen protección a los ciudadanos de a pie.

Con una facturación superior a los 3.300 millones de euros en 2014, Prosegur y Securitas, Securitas Direct y Eulen las cuatro empresas de seguridad privada más importantes en España, desarrollan nuevos sistemas para ofrecer protección a todos sus clientes. También ellos cuentan con un laboratorio donde investigan, desarrollan e innovan en sistemas de seguridad. La creciente urbanización y el aumento del crimen y el terrorismo las ha obligado a investigar en sus propios laboratorios nuevas formas de proteger a sus clientes.

La I+D+I va ligada a la crisis. Para paliar el descenso de ingresos durante los años de recesión, las empresas de seguridad se han visto obligadas a reinventarse para no caer en números rojos. La gestión integral de cajeros automáticos, soluciones integrales de control o recaudación, la gestión del efectivo en nuevos sectores o los drones equipados con cámaras de vídeo y fotos han sido sus novedades. También ofrecen formación a vigilantes de seguridad y contratan a ingenieros para sus nuevos productos...LEER NOTICIA COMPLETA

El Ayuntamiento de Figueres actúa para regularizar un edificio ocupado y con la luz y el agua 'pinchadas'

Una quincena de vecinos del inmueble intervenido se manifiestan ante el consistorio para reclamar la recuperación de los servicios

Ocho de la mañana del pasado lunes. Veinte agentes de los Mossos d'Esquadra y dieciséis de la Guardia Urbana establecen un perímetro policial alrededor de un inmueble situado en la calle Mandri del barrio de San Joan (Figueres) para garantizar la seguridad de la cuadrilla de operarios de compañías de luz, agua y gas que se disponen a intervenir. Su misión según un comunicado del Ayuntamiento, legalizar las conexiones a los suministros de agua y luz en el edificio, y garantizar la seguridad de las personas.

Una operación municipal conjunta que se resume en el corte de las conexiones ilegales con las que se abastecían de luz y agua las viviendas, así como en la instalación de diferentes medidas de seguridad -alarmas que detectan intentos de manipulación de contadores, una puerta de seguridad en la entrada del edificio o la contratación de cuatro agentes de seguridad privada- con la que el consistorio figuerense pretende "recuperar la normalidad en el edificio y en el barrio, y destinar estas viviendas a quien más lo necesita".

Construido en 2007 y gestionado inicialmente por una ONG dedicada a atender necesidades sociales, el edifico quedó abandonado tras el fracaso de la iniciativa y paulatinamente fue ocupado por familias venidas de fuera de la ciudad convirtiéndose, según el comunicado consistorial, "en un foco de conflictos del barrio, con actos de vandalismo, incivismo, suciedad y delincuencia hasta el punto

Por su parte, una quincena de vecinos del inmueble intervenido se manifestaron ayer ante el Ayuntamiento de Figueres con pancartas que rezaban "Racismo", "Queremos agua y luz" o "Alcaldesa estafadora", y accedieron al interior del consistorio para hacer entrega de unos documentos con los que reclamar que se les permita de nuevo el uso de las instalaciones, además de la recuperación de los servicios de agua y de luz.....Leer noticia completa.

  Cifuentes eliminará la seguridad de la vivienda de Esperanza Aguirre en diciembre

Hay once guardias civiles destinados a custodiar la residencia de la expresidenta madrileña ◦También ha decidido retirar la protección de la residencia de Ignacio González ◦Aguirre deberá pagar su propia seguridad privada o pedir protección a Interior

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha decidido eliminar el servicio de seguridad en la residencia personal de Esperanza Aguirre a partir del 1 de diciembre. En la actualidad, once agentes de la Guardia Civil vigilan la vivienda de Aguirre en el barrio madrileño de Malasaña en turnos de 24 horas.

Según informa El Confidencial, la Comunidad de Madrid no pagará más este servicio, al considerar que no se ajusta al convenio que firmaron el 1996 el entonces presidente regional Alberto Ruiz Gallardón y el Gobierno central. Este acuerdo asignaba un equipo de agentes de la Guardia Civil a la protección de edificios públicos dependientes del Gobierno regional, por lo que el nuevo Ejecutivo madrileño entiende que no deben destinarse a proteger la residencia de Esperanza Aguirre.

Los agentes que custodian el domicilio de Aguirre dependen de Interior, pero este servicio está financiado por la Comunidad de Madrid

En declaraciones a El Confidencial, un portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha explicado que “no se ha estado aplicando correctamente el convenio”, ya que no se está protegiendo un edificio público. Los agentes que custodian el domicilio de Aguirre dependen del Ministerio del Interior, pero este servicio está financiado por la Comunidad de Madrid.

Tras la retirada de la seguridad pública, Esperanza Aguirre tiene dos opciones: pagar su propia seguridad privada o pedir al Ministerio del Interior que analice su situación y le conceda una protección que en este caso estaría sufragada por el Gobierno Central.

Lea también: La Comunidad de Madrid pagaba la luz de casa de Esperanza Aguirre cuando era presidenta

SEGURIDAD PARA IGNACIO GONZÁLEZ

El expresidente Ignacio González permitió que Aguirre siguiera disfrutando de seguridad pública en su vivienda personal. El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha sido el encargado de comunicar esta decisión a Esperanza Aguirre...Leer Noticia completa

Figueres interviene en un edificio ocupado

Un operativo policial regulariza los suministros de agua y luz e instala alarmas para evitar la manipulación de contadores

El Ayuntamiento de Figueres (Girona) ha activado un operativo conjunto entre Guardia Urbana, Mossos y Brigada Municipal con un total de 36 efectivos policiales, para regularizar el estado de los suministros de un bloque ocupado en la calle Ramón Mandri, 16. Este dispositivo tiene por objeto restablecer el orden y la normalidad en el edificio, garantizar su seguridad para las personas, y legalizar las conexiones a los suministros de agua y luz.

Las actuaciones que se han hecho a lo largo de esta mañana han sido la limpieza del agua y desechos acumulados en el garaje del edificio, el corte de las conexiones ilegales y muy precarias con las que se abastecían de luz y agua las viviendas, y que representaban un peligro para las personas que viven en ellas, la instalación de cuatro alarmas de seguridad independientes para detectar intentos de manipulación de contadores, el tapiado de la entrada del garaje donde se encuentran los contadores, la instalación de una puerta de seguridad en la entrada del edificio y la contratación de cuatro agentes de seguridad privada. Todas estas actuaciones han sido pagadas por la propiedad del edificio, el Banco de Sabadell. y está previsto que la vigilancia policial en el entorno se prolongue toda la semana.

Este bloque, se construyó en 2007, inicialmente para atender necesidades sociales gestionado por una ONG, pero la iniciativa fracasó y el bloque se vandalizó. Desde entonces, ha sufrido una ocupación gradual por parte de gente venida de fuera de la ciudad, y el edificio y su entorno se ha ido degradado convirtiéndose en un foco de conflictos por todo el barrio, con actos de vandalismo, incivismo, suciedad y delincuencia hasta el punto de convertirse en un peligro para las personas. Actualmente, este bloque, que dispone de 24 viviendas, 19 de las cuales ocupadas habitualmente y cinco con indicios de ocupación sin identificación de los ocupantes.

El Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Pere Casellas, ha dejado claro el mensaje del gobierno de la ciudad de tolerancia cero con las ocupaciones ilegales, el vandalismo y el incivismo, especialmente el que se ha generado en el barrio desde de la ocupación de este edificio. "En Figueres, no puede imperar la ley del más fuerte, sino la ley que protege a los más débiles. Y por lo tanto, los recursos y viviendas sociales deben ir e irán destinados a quien más lo necesite y no a quien más violente los espacios y recursos"....Leer noticia completa

por la Junta

CCOO critica las adjudicaciones de Seguridad Privada a una empresa que no cumple con el convenio

CCOO de Extremadura critica que la Junta de Extremadura haya adjudicado las últimas concesiones de seguridad y vigilancia a la empresa Segurex 06, conocida por incumplir con el convenio colectivo estatal y rebajar las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, ya de por sí exiguas.

Desde CCOO de Construcción y Servicios muestra su preocupación por estas adjudicaciones que contradicen los compromisos de la campaña electoral y que cubren servicios significativos de la administración regional como la Academia de Seguridad Pública de Badajoz, los Servicios de Hacienda, la Seguridad del Área del SES de Badajoz o el Servicio del 112 en Mérida.

Desde el sindicato se ha trasladado en repetidas ocasiones a los responsables de la Junta de Extremadura que esta empresa tiene una larga trayectoria de incumplimiento del convenio colectivo y que incluso ha perdido algunas demandas presentadas por CCOO por este motivo en la provincia de Cáceres.

Esta empresa, afirma el sindicato, aplica un convenio propio que no ha sido ni presentado ni registrado ante la Autoridad Laboral y que no tiene vigencia, pero que le sirve a esta compañía para justificar la rebaja en los salarios y en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que subroga

Así, por ejemplo, un trabajador de seguridad privada tiene como salario base en el convenio estatal 901 euros, mientras que en la nómina de esta empresa se recogen 801 euros, cien menos, amparándose en ese supuesto convenio propio.

Por si esto no fuera poco, la empresa en cuestión, cambia conceptos que son salariales, a extrasaliares. Como muestra, se ha presentado a la dirección del SES una nómina de una empresa que sí cumple con el convenio colectivo estatal y otra de la adjudicataria. El resultado es que un trabajador pierde en un primer mes alrededor de 50 euros a lo que hay que sumar el cambio de conceptos de salariales a extra salariales.

GERENCIA DEL SES

El sindicato ya alertó que esta misma empresa cambio las condiciones de trabajo del personal que subrogó como auxiliares de servicio que prestaban sus servicios en el Hospital Perpetuo Socorro y en la Propia gerencia del SES de Badajoz.

No solo les disminuyó su salario de forma unilateral, dejándolo en el salario mínimo interprofesional, sino que además, y pese a que los trabajadores no lo firmaron, cambiaron sus condiciones de trabajo así como su contrato, pasando de un contrato indefinido a otro de exceso de producción.

En ambos casos los trabajadores y CCOO denunciaron y los tribunales de justicia dieron la razón al sindicato. Estos antecedentes hacen más incompresibles la decisión de la Junta de Extremadura en estas nuevas adjudicaciones.

Por otra parte, la Administración regional ha contratado con la empresa Urbisegur el Servicio de seguridad y vigilancia de la Escuela de Administración Pública de Badajoz. Se trata de otro proceso cuestionable, porque esta firma no tiene sede en Extremadura a pesar de que se exige que para concesiones de más de 30 trabajadores, como es el caso....Leer noticia completa.