El 'rey de la seguridad privada' del PP sigue su cuesta abajo

Seguridad Integral Canaria, la compañía de seguridad de Miguel Ángel Ramírez, 'rey de la seguridad privada del PP' y cercano al ministro Soria, sigue viendo cómo le crecen los enanos. En SABEMOS ya habíamos denunciado las precarias condiciones laborales de su plantilla, las investigaciones sobre su entramado o el sistema por el que seguía ganando concursos pese a sus deudas con la Seguridad Social.

Fuentes de Metro de Madrid reconocen a SABEMOS que han sancionado a la empresa por incumplimientos de contrato  

Pues bien, Voz Populi revela hoy que la dirección del suburbano madrileño estuvo a punto de rescindir hace meses el contrato de la empresa de Ramírez debido a los constantes incumplimientos de la compañía, y que la nueva cúpula le ha abierto ya "varios" expedientes por no cumplir con las vigilancias programadas al no contar con personal suficiente como para efectuar las plantillas debido a algunas ausencias de los agentes jurados que estaban previstos.

Fuentes de Metro de Madrid han reiterado a SABEMOS que la compañía está “siempre vigilando” el cumplimiento de los contratos de seguridad.

Asimismo, han reconocido que se han producido “varios descubiertos”, turnos que no se han cumplido, pero que “tal y como se establece en el contrato de seguridad, cada vez que se incumple, se sanciona”.

Basilio Febles, portavoz de USO Canarias, denunciaba recientemente en un diario local canario el "crecimiento y consolidación en el mercado de Seguridad Integral Canaria a costa del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, de un retraso e incluso incumplimiento de las obligaciones salariales y con el fisco y de una actividad continua de socavamiento de la labor sindical".

Según Febles la empresa, a la que Adif adjudicó recientemente un contrato por casi 8 millones de euros para la seguridad de las instalaciones ferroviarias en la zona sur de la península, ha logrado su crecimiento coincidiendo con la llegada al Gobierno del PP y basándose en el "incumplimiento sistemático y deterioro progresivo de las condiciones laborales...LEER NOTICIA COMPLETA.

Córdoba:La AUGC denuncia que la seguridad de la prisión “se privatiza".

La Asociación de Guardias Civiles afirma que el Gobierno prorroga la privatización de la seguridad penitenciaria poco antes de las elecciones generales

La AUGC ha denunciado a través de un comunicado que “apenas dos meses antes de que se celebren las elecciones generales del 20 de diciembre, el Gobierno del Partido Popular ha decidido prorrogar el contrato suscrito con distintas empresas de seguridad privada en todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, incluido el de Córdoba, en el que actualmente trabajan seis vigilantes privados de la empresa Garda”.

Para la Asociación de guardias civiles, “resulta muy revelador que cuando en octubre de 2014 se inició la segunda fase de dicho proceso privatizador, la Secretaría de Estado de Seguridad informó detalladamente sobre las condiciones del contrato, y sin embargo la prórroga del mismo se ha llevado a cabo sin informar a nadie”.

Ante los rumores existentes entre los propios vigilantes privados, la AUGC tramitó un escrito al secretario de Estado de Seguridad preguntándole si se había producido la referida prórroga, así como el coste económico concreto de la misma.

La AUGC afirma que hace unos días la Secretaría de Estado contestó que “efectivamente el contrato ha sido prorrogado durante un año más hasta el 30 de septiembre de 2016”. La AUGC considera “injustificable” que se prorrogue un contrato tan relevante poco antes del proceso electoral, imponiendo a un posible nuevo gobierno un compromiso de varios millones de euros por unos servicios absolutamente innecesarios y duplicados.

En el escrito de la Secretaría de Estado, informa la AUGC, se asegura que “no se han producido modificaciones ni en los aspectos técnicos ni económicos”. Pero para la Asociación, “lo cierto es que en algunos de los centros penitenciarios se ha incrementado el número de vigilantes privados tras el inicio de la prórroga, y obviamente la prolongación durante un año del contrato debe conllevar un considerable incremento del coste económico, teniendo en cuenta que la segunda fase del proceso privatizador conllevaba...LEER NOTICIA COMPLETA.

Andalucía:Más de 5.000 agentes de Policía Nacional integran el dispositivo 'Comercio Seguro' activado para las fiestas navideñas

Más de 5.000 agentes de Policía Nacional integran el dispositivo 'Comercio Seguro' activado para las fiestas navideñas

El jueves 17 comenzará la fase operativa del plan en toda Andalucía

Más de 5.000 efectivos de la Policía Nacional, pertenecientes en su mayoría a las brigadas de Seguridad Ciudadana, integran el dispositivo especial 'Comercio Seguro' activado en las capitales y principales zonas turísticas de Andalucía durante las fechas navideñas, según ha informado este martes el delegado del Gobierno, Antonio Sanz. Sanz ha explicado en una nota de prensa que la finalidad de este plan, que se pone en marcha por tercer año consecutivo, es "reforzar la seguridad y ofrecer tranquilidad a ciudadanos y comerciantes" coincidiendo con el aumento de la afluencia de público y de actividad comercial habitual en estas fechas, "contribuyendo a que las fiestas se desarrollen con toda normalidad en zonas comerciales, establecimientos hoteleros y espacios públicos en las capitales y grandes ciudades de Andalucía". El delegado ha agradecido "el esfuerzo especial" que realizarán los cuerpos de seguridad durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, "trabajando para que otros descansen y ejerzan sus libertades y derechos con normalidad", dado que a este dispositivo hay que sumar el que organiza la DGT en colaboración con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para garantizar la seguridad en los desplazamientos, así como el dispositivo que se prepara de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre.

La operación 'Comercio Seguro' consta de una fase previa, que comenzó el 1 de diciembre y se prolongará hasta este jueves, día 17, a la que seguirá una fase central y operativa que durará hasta el 11 de enero. El objetivo de la primera fase es ofrecer consejos y asesorar a comerciantes y colectivos ciudadanos sobre posibles medidas de prevención para disfrutar de una navidad más segura, mientras que durante la fase operativa la presencia policial estará reforzada con fines preventivos, disuasorios y operativos. En palabras del delegado del Gobierno, se trata de "aumentar la sensación de seguridad de comerciantes y ciudadanos, facilitando pautas de conducta para evitar los riesgos, y mejorar las medidas de prevención contra posibles delitos en los lugares de mayor actividad comercial de la comunidad autónoma". La Dirección General de la Policía, en su línea de sumar fuerzas en beneficio de la seguridad de todos, ha involucrado también en este dispositivo a las policías locales y al personal de seguridad privada. Balance del pasado año Sanz ha destacado "los buenos resultados" que arrojó el dispositivo 'Comercio Seguro' activado durante las pasadas navidades, que incluyó la celebración de 34 juntas de seguridad, además de 110 contactos y 85 operaciones conjuntas con policías locales; 514 contactos y 654 colaboraciones con el sector de la seguridad privada y 1.035 contactos con comerciantes, asociaciones y colectivos....LEER NOTICIA COMPLETA.

UNA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓN

En materia de Interior, cuando llegamos al final de esta legislatura nos encontramos con una situación en la que los datos oficiales parecen contradecir las políticas públicas que pretenden basarse en ellos: tanto las iniciativas legales como las actuaciones gubernamentales han apelado a las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana); sin embargo, cabe dudar que tales seguridad y tranquilidad estén en peligro si nos atenemos a los datos que ofrece el propio Ministerio del Interior a través de su Anuario Estadístico de 2014: la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes) en España no ha dejado de bajar en los últimos cinco años y dicha tasa es de las más reducidas de la Unión Europea, pues únicamente están mejor en Irlanda, Grecia y Portugal.

Por eso no deja de sorprender el gran empeño durante estos años por aprobar una nueva Ley de seguridad ciudadana, de muy dudosa constitucionalidad en varios de sus preceptos, como los que limitan los derechos de manifestación, las libertades de expresión e información o la regulación de los registros corporales. Veremos qué dice el Tribunal Constitucional al respecto.

Esta orientación no puede desvincularse de las modificaciones llevadas a cabo en el Código Penal y confirma la tendencia a una doble expansión sancionadora: la del Derecho penal y la del Derecho administrativo.

También debe reseñarse la apuesta por el desarrollo de modos de colaboración entre instancias públicas y entidades privadas en el gobierno de la seguridad y la lucha contra el delito, tal y como se evidencia en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Otro de los retos pendientes -la gestión de la entrada de personas extranjeras procedentes de África- se ha despachado de forma chapucera e inconstitucional tratando de dar cobertura jurídica a las «expulsiones en caliente». Aquí las censuras es probable que también vengan del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras tanto seguimos sin noticias positivas sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros...LEER NOTICIA COMPLETA.