Madrid:Sindicatos de seguridad privada inician acciones contra la Policía por no sancionar a las empresas
La primera denuncia es contra un inspector jefe que no expedientó a las empresas que gestionan el centro de control de La Moraleja, a pesar de no estar bien instalados los sistemas de alarma. La multa habría llegado a los 30 millones de euros, según los denunciantes.
MADRID- Los trabajadores de Seguridad Privada llevan desde 2011, cuando el PSOE cambió la legislación denunciando la instalación de sistemas no homologados de alarma y viodevigilancia, sin que la Policía, encargada de inspeccionar y abrir expedientes a las empresas, haya obligado a cumplir la normativa. Por eso la Intersindical que los reúne ha decidido comenzar a interponer denuncias caso por caso, como el ahora denunciado, que afecta a 961 usuarios de La Moraleja (Madrid).
La denuncia interpuesta va dirigida contra el inspector jefe de la Sección de Inspecciones que, desde que se implantó la nueva normativa, debió abrir distintos expedientes contra Seguridad La Moraleja S.L y Prosegur, encargados de instalar sistemas de alarma que no estaban homologados. Los denunciantes aseguran que “sólo por los sistemas de alarma en La Moraleja los expedientes sancionadores debían haber sido por una falta grave o muy grave y la multa ascendería a 30 millones de euros”. También le atribuyen a este funcionario concreto por su “inacción y la falta de incoación de expedientes sancionadores por faltas graves (3) y muy graves (10.000)” a esta empresa en toda España “casi 300 millones de euros que la Administración ha dejado de recaudar”.
Fue ese año cuando presentaron los primeros escritos ante la Unidad Central de Seguridad Privada (UCPS) de la Policía Nacional, dirigida por el comisario Esteban Gándara, “que nunca ha hecho caso a nuestras denuncias que ponen en peligro, como en este caso, no ya a los trabajadores, sino a los usuarios de estos servicios que son carísimos y que en la mayoría de las ocasiones no están homologados”, según la responsable sindical.
Sumando los expedientes a todas las empresas de seguridad que podrían conllevar multa por instalar sistemas no homologados en centros comerciales, bancos, universidades o urbanizaciones de todo el territorio español, los sindicatos elevan la cuantía no recaudada por Hacienda en 15.000 millones de euros.
“Vista la pasividad del comisario Gándara y de la Unidad Central decidimos poner las denuncias directamente en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, ante el comisario Eugenio Pino, que no sólo ha seguido el mismo camino de no abrir expedientes si no que ha mantenido al comisario en su puesto. Aquí habría que pensar dónde acaban muchos de los policías cuando se van a segunda actividad o se jubilan, porque la puerta giratoria con las empresas de seguridad que deberían ser sancionadas es muy habitual”, asegura la portavoz de los denunciantes.
El caso Moraleja
En la lujosa zona de La Moraleja, en Madrid, -donde vivió por ejemplo la cantante Isabel Pantoja, que sufrió un robo- en 2011 el inspector avisó a Seguridad La Moraleja de que no cumplía los requisitos de una central receptora de alarmas, lo que suponía la apertura de un expediente por una infracción muy grave. No se abrió dicho expediente y se decidió subcontratar a Prosegur para esa parte del trabajo.
Sin embargo, “un año después tuvimos que volver a denunciar a ambas empresas ante la Policía debido a que los sistemas seguían infringiendo las leyes de seguridad. Pero nunca nos contestaron”, asegura la portavoz de la Intersindical que añade: “Los 961 sistemas de seguridad de los vecinos de La Moraleja no eran bidireccionales como decía la ley. Es decir, cuando saltaba la alarma, era imposible saber qué zonas se habían activado, la ubicación concreta de las mismas, ni los datos del titular”.
Las multas por infracción grave o muy grave ascienden a unos 30.000 euros por casa sistema de alarma no homologada. En el caso de los sistemas no bidireccionales, que no identifican claramente a los usuarios sino que lo hacen con las siglas “BB”, el problema está en que además “Prosegur llegó a reconocer ante las quejas de los trabajadores que carecía de los teléfono válidos para localizar a clientes, las incidencias no se pueden gestionar directamente con los afectados”.
La situación llegó a ser “tan grotesca”, aseguran en su escrito, que con fecha 30 de octubre de 2012, “se produjo una situación de incomunicación en la receptora de SEGURIDAD LA MORALEJA por ‘caída de servicio’, de manera que ni en PROSEGUR ni en el centro de control de SEGURIDAD LA MORALEJA se recibían señales de los cientos de sistemas de seguridad no homologados de la FASE I (BB). La UCSP siguió sin intervenir, poniendo en peligro los bienes de los usuarios de esta urbanización”.
Finalmente y después de años de quejas, en 2014 la Unidad Central de Seguridad Privada contestó a los sindicatos que la inspección de productos sin homologar “no es competencia” de la Policía....LEER NOTICIA COMPLETA.
El Gobierno saca pecho del clima de seguridad en Elche y de que los delitos cayeron un 2,6%
El nuevo comisario, Javier Pérez Castillo, toma posesión de su cargo con intención de emprender un proyecto a largo plazo
La Comisaría de la Policía Nacional de Elche inició ayer una nueva etapa, con la toma de posesión del nuevo comisario, Javier Pérez Castillo. Una etapa marcada por una mejora en el clima de seguridad de la ciudad, según dijo ayer el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, que sacó pecho de los datos, y expuso que durante el año 2015 los delitos y faltas cometidos en Elche bajaron un 2,6%, anotándose el mejor nivel de seguridad de la tercera ciudad, en volumen de población, de la Comunidad. Moragues también destacó que en la última década los delitos y faltas se han reducido en un 20%.
No obstante, el nuevo comisario aseguró durante su discurso que hay que seguir trabajando para mantener y mejorar el clima de seguridad. Javier Pérez Castillo se comprometió a desarrollar planes estratégicos sobre seguridad ciudadana, potenciar los servicios humanitarios, colaborar con la seguridad privada, así como la aplicación de planes de participación.
Como asuntos importantes a los que dedicar un esfuerzo extra, Javier Pérez Castillo dijo que «desde Elche lucharemos contra las nuevas formas de delinquir a través de las nuevas tecnologías, y aplicaremos tolerancia cero a la violencia de género». Sobre este último asunto, el comisario aseguró que «hay que ser constante, y trabajar día a día, para acabar con la violencia de género».
El nuevo comisario juró el cargo ante un buen número de compañeros, y arropado por las palabras del alcalde de Elche, Carlos González; del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues; y del jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana, José Javier Cuasante.
El primer edil ilicitano destacó durante el acto que el nuevo comisario es una persona que conoce Elche a la perfección, ya que vive en la ciudad desde hace 24 años, y 20 de ellos ha desempeñando su actividad profesional en la comisaría ilicitana, donde vuelve como máximo responsable.
Por su parte, José Javier Cuasante recordó a Pérez Castillo que «toma el mando de una Comisaría que en los últimos años ha pasado de tener 160 agentes a más de 400». Cuasante también destacó que «Elche es una localidad con un gran núcleo urbano, playa y campo».
Finalmente, Juan Carlos Moragues indicó que «el año pasado, la Comunidad Valenciana fue la segunda autonomía donde más bajó la criminalidad en España. En la provincia de Alicante, la reducción de los delitos y faltas ha sido de 4,8%, y en Elche la reducción ha sido del 2,6%».
El delegado del Gobierno aseveró que «Elche es hoy más segura que nunca. Con la tasa de criminalidad más baja de toda la serie histórica, pero aun así no bajamos la guardia. Las cifras son buenas pero intensificamos nuestro trabajo con más formación de los agentes»....LEER NOTICIA COMPLETA.
La fiscal del ‘Madrid Arena’: “No fue un mero accidente, sino una imprudencia”
Habla de conductas “descuidadas” y “negligentes” por parte de los acusados
La Fiscalía defendió ayer en el juicio del Madrid Arena que la muerte de las cinco jóvenes en la fiesta del 1 de noviembre de 2012 “no fue un mero accidente ni una fatalidad, sino que fue una imprudencia”, provocada por una cadena de fallos debido a las conductas “descuidadas y negligentes” de los acusados.
Durante más de cuatro horas y media, los dos representantes del Ministerio Público detallaron las responsabilidades de trece de los quince acusados en la vista oral, toda vez que la Fiscalía no acusa al exjefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo y retiró los cargos al técnico de operaciones de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec), José Ruiz Ayuso.
Frente a ellos, los procesados no perdieron detalle de sus explicaciones, algunos mostrando evidentes gestos de preocupación, otros moviendo la cabeza en un signo de disconformidad con los hechos que narraban los fiscales e, incluso, se vio cómo algunos acusados pronunciaban en voz baja insultos durante la vista.
Sus gestos cambiaron en cuanto la fiscal Ana Muñoz comenzó con sus calificaciones finales afirmando de manera rotunda que la tragedia “no fue un mero accidente, ni una fatalidad sino que fue una imprudencia”, provocada por la acción u omisión en las conductas de los procesados. Todos ellos son responsables porque “crearon un peligro para la vida de los asistentes y no neutralizaron el riesgo” que causó la muerte de las cinco jóvenes que “eran evitables”, especificó la fiscal, que a continuación narró la cadena de fallos y errores que condujeron al fatal desenlace.
El cierre de vomitorios, la “indebida” apertura de puertas como el portón de cota 0 y el muelle mónico por el que se colaron cientos de personas, la ausencia de vigilantes en el cuarto de cámaras y el “precario e insuficiente” control en el acceso del pabellón. Pero también la “desidia y pasividad” del equipo médico, el manifiesto incumplimiento en el deber de vigilancia, la ausencia de coordinación entre todas las partes y, sobre todo, el sobreaforo del Madrid Arena.
Fue aquí cuando señaló al promotor Miguel Ángel Flores como el “causante del sobreaforo que lleva a una masificación que se hace insoportable para los asistentes” al vender más entradas de las permitidas “antes de tener firmado el contrato” con Madridec. Pese a reconocer que “no se puede saber con exactitud” cuál fue el número de asistentes, la fiscal consideró que Flores vendió un mínimo de 16.661 entradas para un evento que tenía un aforo máximo de 10.620 personas, aunque la cifra fue mucho mayor. “Queda claro su intención de llenar el pabellón más allá de lo permitido por Madridec” y de “sobrepasar claramente” el aforo del pabellón para, sobre todo, “masificar” la pista central con el “claro interés” de realizar el “número de la barca” del dj Steve Aoki, de forma que el artista pudiera tirar sobre el público una barca para subirse a ella, como así figuraba en su contrato.
Tampoco se escapó Flores de su responsabilidad en la seguridad del evento, ya que la fiscal recordó que, según la normativa vigente, la seguridad privada es competencia exclusiva del organizador, pese a lo negado por el empresario. Flores apuntó a Seguriber, que destinó 38 vigilantes, 32 en el exterior y 6 en el interior del pabellón; y reiteró que Kontrol 34 dispuso de auxiliares que no se ocupaban de la seguridad interior, por lo que se quitaba toda responsabilidad en este asunto. “¿Pensaba cubrir una macrofiesta de gente joven, nocturna, con un aforo de 10.620 personas solo con 6 vigilantes de seguridad?”,...LEER NOTICIA COMPLETA.
«En el Daesh son maestros en la utilización de las tecnologías»
El experto de la Benemérita participó en el IV Congreso sobre Seguridad Privada de Castilla y León que se celebró en Santa Marta
En la creación y fortalecimiento del Daesh las tecnologías de la información y la comunicación han jugado un papel clave. Tan importante que fueron una de las razones de su origen, como ayer explicó Jorge Juan Pérez Rodríguez, comandante jefe de la sercción de Información de Castilla y León de la Guardia Civil. Se celebraba en el auditorio Enrique de Sena de Santa Marta de Tormes el IV Congreso de Seguridad Privada de Castilla y León y el comandante de la Benemérita quiso evidenciar ante su audiencia la importancia de ponerse al día, todo lo que se pueda, con el mundo cibernético, porque es ahí donde residen hoy las principales amenazas.
Y es que tras la muerte de Bin Laden, explicó Jorge Juan Pérez, se produjo un cisma entre sus sucesores, Al-Zawahiri y Al-Baghdadi. Ambos pretendían, pretenden, extender lo que denominan «el califato universal», pero Al-Baghdadi propugnaba hacerlo a través de la tecnología, o, al menos, ayudarse de ella. «Además, Al-Baghdadi creía que los atentados no eran suficientes, de ahí que comenzaran a tomar territorio, lo que hoy conocemos como Estado Islámico», señaló el comandante, que remarcó que los integrantes del Daesh son «maestros en la utilización de las nuevas tecnologías, sobre todo en cuanto a propaganda y captación».
Por ello, hoy ese universo cibernético es una «prioridad máxima» para los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, y por ello se reclama que se dispongan de mecanismos de seguridad adecuados para hacer frente a esas amenazas.
De igual modo, Jorge Juan Pérez recomendó a los expertos en seguridad privada que ayuden a «trasladar»a la población de religión islámica (500.000 en España) que «la actividad de los servicios de inteligencia y de seguridad va en contra del terrorismo, no del Islam». Y es que, añadió el benemérito, es funfamental en esta labor contar con «fuentes de información que vengan del interior», ya que «la amenaza es cada vez mayor».
Al-Andalus
Jorge Juan Pérez no obvió recordar, en este sentido, que Al-Andalus, España, es una parte esencial de ese califato universal que el Daesh quiere extender y que, aunque las últimas informaciones indican que el Estado Islámico está perdiendo territorio en sus predios de Siria e Irak, otras fuentes señalan a que, a cambio, está avanzando posiciones en lugares como Libia.
Asimismo, el comandante recomendó a los trabajadores de la seguridad privada que vigilen «las conductas» a la hora de identificar a posibles seguidores del Daesh radicalizados. Cabe señalar que en esta cuestión la captación se realiza sobre todo en la población con «niveles bajos de estudios» o con problemas psicológicos....LEER NOTICIA COMPLETA.
EL JUICIO DE LA TRAGEDIA DE HALLOWEN MADRID ARENA
La fiscal acusa a Flores de abarrotar el Madrid Arena para lanzar una barca sobre los espectadores
El contrato con el 'dj' Steve Aoki establecía que este se subiría a la balsa aupada por los jóvenes
La fiscalía culpa a 13 de los acusados de las imprudencias que causaron las muertes de cinco jóvenes
En un durísimo y pormenorizado escrito de acusación, la fiscal del ‘caso Madrid Arena', Ana Muñoz, ha culpado este martes al promotor Miguel Ángel Flores de haber causado la aglomeración del pabellón para poder lanzar una barca sobre el público a la que subiría el 'dj' Steve Aoki o alguno de sus acompañantes. El estado abarrotado de la sala es el que causó las muertes por asfixia y aplastamiento de cinco jóvenes la noche de Hallowen del 2012.
Junto a Flores, el ministerio público ha culpado también a otros 12 de los 15 acusados de la cadena de conductas "descuidadas y negligentes" que acabaron con la vida de las chicas. "No fue un mero accidente ni una fatalidad, sino que fue una imprudencia", ha afirmado Muñoz.
La fiscal ha presentado su informe dentro de la fase final del juicio que se ha iniciado este lunes y cotinuará esta semana y la próxima con la exposición de las conclusiones de las partes. El 17 de mayo los acusados podrán decir sus últimas palabras y el juicio quedará visto para sentencia.
ENFADO DE LOS ACUSADOS
Los procesados no han perdido detalle de las explicaciones de la fiscal. Algunos han mostrado evidentes gestos de preocupación, otros han movido la cabeza en señal de disconformidad con el relato de los hechos e, incluso, se ha visto cómo algunos acusados mascullaban insultos.
El relato de los hechos más demoledor ha sido para Flores, un hombre con estrechos vínculos con uno de los concejales del Ayuntamiento de Madrid que tuvieron que dimitir. La intención de colocar la barca hinchable encima del público para que el artista subiese estaba, según el fiscal, recogida en el contrato y esta sería la principal razón por la que se llenó “el pabellón más allá de lo permitido" por el ayuntamiento, sobrepasando claramente el aforo.
Como puede comprobarse en un vídeo grabado en la sala Opium de Barcelona en el 2014, se necesita que el público esté muy apretado para que el número salga bien. La sala del pabellón es muy grande y por ello se necesitaba a muchísima gente.
6.000 ENTRADAS DE MÁS
Pese a reconocer que "no se puede saber con exactitud" cuál fue el número de asistentes, la fiscal ha considerado que Flores vendió un mínimo de 16.661 entradas para un evento que tenía un aforo máximo de 10.620 personas, aunque está convencida de que la cifra fue “mucho mayor”.
Tampoco ha escapado Flores de su responsabilidad en la seguridad del evento, ya que la fiscal ha recordado que según la normativa vigente, la seguridad privada es competencia exclusiva del organizador.
Flores apuntó a Seguriber, que destinó 38 vigilantes, 32 en el exterior y 6 en el interior del pabellón; y reiteró que Kontrol 34 dispuso de auxiliares que no se ocupaban de la seguridad interior, por lo que se quitaba toda responsabilidad en este asunto.
"¿Pensaba cubrir una macrofiesta de gente joven, nocturna, con un aforo de 10.620 personas solo con 6 vigilantes de seguridad?", ha dicho la fiscal dirigiéndose a Flores. "Claro que le compete la seguridad privada, era el organizador", ha añadido.
"TENÍAN QUE PARALIZAR LA FIESTA"
La responsabilidad en seguridad también alcanza a Seguriber y Kontrol 34, contratadas por Madridec, la empresa municipal que gestionaba el pabellón, y Diviertt, la prmotora de Flores respectivamente. La conducta de sus mandos fue crucial para entender la masificación que se produjo en la pista central, como también sucedió con los procesados de Madridec. En ese momento tendrían que "haber paralizado el evento", ha subrayado la fiscal.
En cuanto a los médicos Simón y Carlos Viñals, ha señalado que actuaron de manera "negligente", con pocos conocimientos del desfibrilador, y ha acusado al primero de asumir una función que por su edad, 77 años en el momento de los hechos, le sobrepasaba: "Dada su edad asumió una función que sobrepasaba su capacidad", ha concluido....LEER NOTICIA COMPLETA.