gran contrato paa seguridad integral canaria
Defensa otorga la vigilancia de sus cuarteles a una empresa que defrauda a Hacienda
Seguridad Integral Canaria, grupo acusado por la Agencia Tributaria por fraude fiscal, ha ganado un contrato millonario para vigilar las instalaciones de Defensa.
Tras varios intentos fallidos, el Gobierno ha adjudicado los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa a una empresa que está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial. El beneficiario es Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que fue indultado el pasado año por el Gobierno de Mariano Rajoy después de cometer un delito urbanístico.
Según el acuerdo de la Junta de Contratación, la compañía de Ramírez ganó el contrato para dar servicios de seguridad y control a todos los edificios del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos después de realizar un concurso público que se ha alargado durante nueve meses. Tras solicitar varias ofertas, finalmente la Junta resolvió la adjudicación mediante una subasta electrónica en la que factor principal para ganar la puja era el precio ofertado por las empresas. Es decir, el coste por empleado por hora trabajada.
Seguridad Integral Canaria se impuso en la subasta al obtener la mayor puntuación -95,37-, como informó 'Elboenuestrodecadadía', batiendo a competidores como Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece, la filial de ACS. La compañía con origen en las islas afortunadas ofreció 13,70 euros por hora para los vigilantes de seguridad y Proman Servicios Generales, la que ganó el segundo lote, 5,49 euros para los auxiliares de servicios, por lo que el salario que cobrarían los empleados sería sensiblemente inferior. Se estima que en el segundo caso apenas superará los 3 euros por hora trabajada. La mayoría de los interesados se quedó muy lejos de estos ratios.
Ramírez se hizo con el Lote 1 del concurso que asciende a 31,87 millones de euros por dos años, mientras que Proman Servicios Generales ganó el Lote 2, valorado en 11,12 millones por 24 meses. En total, ambas compañías pagaron 43 millones, por un contrato que estaba valorado inicialmente en 72,57 millones, según el pliego de contratación del Ministerio de Defensa.
Fuentes próximas al Gobierno han indicado que el método de adjudicación fue totalmente transparente y que el criterio principal era el económico para ahorrar dinero a los contribuyentes. Pero lo cierto es que, según la Agencia Tributaria, Seguridad Integral Canaria le hace un flaco favor a las arcas del Estado porque Hacienda la ha acusado de defraudar 2,3 millones entre 2008 y 2009 "al pagar fuera de nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas".
Horas extras no declaradas
Así consta en el informe que la Agencia Tributaria remitió este año a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO. El documento subraya que el delito habría consistido en "evitar practicar retención sobre retribuciones satisfechas a trabajadores de Seguridad Integral, mediante el subterfugio de calificarlas como exentas de gravamen". Ramírez, presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, club histórico ahora en Segunda División, siempre ha negado estos cargos. No obstante, el auditor del grupo le puso una salvedad en sus cuentas al no tener provisionada esta posible sanción.
Según consta en el texto, Seguridad Integral Canaria, que desde el pasado mes de agosto asume también la vigilancia de tres zonas de la red de Metro de Madrid, así como varios contratos de seguridad para Patrimonio del Estado, "no sólo eludió su obligación de practicar retención sobre gran parte de los salarios satisfechos a sus trabajadores, sino que dichas rentas quedaron libres de tributación ya que tampoco se incluyeron por los trabajadores en sus declaraciones de IRPF"....LEER NOTICIA COMPLETA.
CECA se queda sin contrato con la Generalitat valenciana por no pagar a sus vigilantes
CECA se queda sin contrato con la Generalitat valenciana por no pagar a sus vigilantes
La empresa de seguridad acumulaba nóminas atrasadas de 80 vigilantes de edificios judiciales. La 'conselleria' encarga de emergencia a CLECE (ACS) que asuma la tarea
La Generalitat valenciana se ha visto obligada a rescindir mediante un procedimiento de emergencia el contrato de vigilancia de edificios judiciales que mantenía con la empresa CECA Seguridad. La firma, con oficinas en Valencia, Madrid, Castellón o Alicante, acumulaba retrasos en el pago de las nóminas a sus empleados, que en el caso de los vigilantes que prestaban servicios a la Conselleria de Justicia, eran unos 80.
La drástica solución se produce como consecuencia del malestar existente entre los profesionales y el impacto que esto podía tener en la prestación de un servicio clave en puntos calientes como son los juzgados de toda la Comunidad Valenciana, incluida la Ciudad de la Justicia de Valencia, una tarea compartida con agentes de la Guardia Civil. El contrato se ha entregado de manera provisional a la firma CLECE, filial de ACS, que se ha subrogado la prestación del servicio de forma interina hasta que se convoque un nuevo concurso y se adjudique al contratista seleccionado.
"Ha habido una reiterada reducción de vigilantes, con el consiguiente riesgo para los edificios y dependencias judiciales", dice Ferran Puchades
El secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, afirmó que la declaración de emergencia firmada el pasado jueves por la 'consellera' Gabriela Bravo responde a "la urgente necesidad de garantizar las condiciones de seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana" ante los "reiterados incumplimientos de la empresa cesante, tanto en cuanto a sus obligaciones con la Administración como con su propio personal".
La Generalitat valenciana se ha visto obligada a rescindir mediante un procedimiento de emergencia el contrato de vigilancia de edificios judiciales que mantenía con la empresa CECA Seguridad. La firma, con oficinas en Valencia, Madrid, Castellón o Alicante, acumulaba retrasos en el pago de las nóminas a sus empleados, que en el caso de los vigilantes que prestaban servicios a la Conselleria de Justicia, eran unos 80.
La drástica solución se produce como consecuencia del malestar existente entre los profesionales y el impacto que esto podía tener en la prestación de un servicio clave en puntos calientes como son los juzgados de toda la Comunidad Valenciana, incluida la Ciudad de la Justicia de Valencia, una tarea compartida con agentes de la Guardia Civil. El contrato se ha entregado de manera provisional a la firma CLECE, filial de ACS, que se ha subrogado la prestación del servicio de forma interina hasta que se convoque un nuevo concurso y se adjudique al contratista seleccionado.
"Ha habido una reiterada reducción de vigilantes, con el consiguiente riesgo para los edificios y dependencias judiciales", dice Ferran Puchades
El secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, afirmó que la declaración de emergencia firmada el pasado jueves por la 'consellera' Gabriela Bravo responde a "la urgente necesidad de garantizar las condiciones de seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana" ante los "reiterados incumplimientos de la empresa cesante, tanto en cuanto a sus obligaciones con la Administración como con su propio personal"....LEER NOTICIA COMPLETA.
Drones gallegos forman en el ámbito de la seguridad en Honduras
Drones gallegos forman en el ámbito de la seguridad en Honduras
La empresa gallega Aerocamaras ha participado junto a la compañía de seguridad de Honduras Spartan en un curso de formación en materia de seguridad con drones en las instalaciones que tiene esta empresa en Tegucigalpa, en Honduras.
El entrenamiento, ha informado la compañía, se ha dividido en cinco partes: seguridad VIP con drones en vehículos; tipos de reacción desde vehículos con drones (armas cortas y largas); y operativo a pie de vigilancia y evacuaciones. También ha estado presente en acciones relacionadas con el control perimetral de edificios y controles terroristas.
Para realizar los entrenamientos, la empresa ha utilizado el modelo de drone 'Predator Spartan'.
Este curso se produce en un momento en el que el Gobierno gallego ha dado luz verde a la instalación de una fábrica de drones en las Rozas (Lugo) como un polo industrial y de desarrollo tecnológico para aeronaves civiles no tripuladas (drones) con las multinacionales Indra e Inaer.
Pese a que ya hay leyes referentes a los RPAS, empresas españolas y gallegas siguen pendientes de la aprobación definitiva de una normativa para la utilización de drones.
En los últimos años, estos aparatos se han popularizado en el ámbito de seguridad ya que se trata de un sistema de vigilancia menos visible que los aviones y pueden permanecer en el aire durante más tiempo que estos últimos.
Entre el marco de funciones que pueden desempeñar estos dispositivos, está la seguridad privada, misiones de rescate y revisión de instalaciones industriales, entre otras, señalan desde la compañía.
La compañía Spartan, una empresa de seguridad privada de Honduras, cuenta con una amplia experiencia y especialización en seguridad pública y privada, tanto en España como en numerosos países, muchos de ellos, en conflicto, como son Afganistán, Israel, Irak, Pakistán, India, Somalia, Kenia, Nigeria, México y Singapur.
Además, ofrece formación continua.....LEER NOTICIA COMPLETA.
¿Cuán seguras son las empresas de seguridad?
Las alarmas a día de hoy son sinónimo de seguridad, pero ¿Cuán seguras pueden serlo?. El mercado de la seguridad está plagado de servicios y sistemas de alarma sobresaturando la información y conocimientos al usuario final, pero a día de hoy el propio usuario que contrata un sistema de seguridad y los servicios no es capaz de entender con exactitud toda la información.
Es muy común que el usuario que contrata este tipo de servicios y dispositivos solo se queda con unos conceptos muy claros, cuánto le va a costar y que ahora estará protegido. Este concepto hace que a día de hoy las empresas puedan tener carta blanca para ofrecer productos “de seguridad” totalmente camuflados por lo que son, “productos financieros”.
Se hace muy evidente que existe una frontera muy difusa entre la Ley de Seguridad Privada, las Órdenes Ministeriales y por supuesto lo que hacen realmente las empresas de seguridad. Es correcto decir que es totalmente lícito que una empresa “privada” de seguridad su finalidad principal sea el lucro pero, ¿cuánto vale la seguridad de las personas?, ¿Quién determina el valor y el nivel de lucro a costa de vivir tranquilos?.
Disertando sobre el concepto personal sobre qué es una empresa de seguridad y lo que ello implica solo me quedan tres cosas claras: la falta de implicación y acatamiento de las leyes por parte de las empresas de seguridad, los objetivos ocultos y por supuesto jugar con el desconocimiento del usuario final.
¿En qué lugar se encuentran los sistemas electrónicos de seguridad?, para ello las empresas solo buscan sistemas que se ajusten mejor al nivel de servicios que quieren ofrecer a sus clientes, no sería lo ideal buscar dentro de ese eufemismo la búsqueda intrínseca de tecnología que realmente sí protejan los ideales de lo que se consideraría que debe ser una empresa de seguridad. Esta búsqueda entre lo que debería ser lo ideal y lo que es se puede resumir con solo una palabra, dinero.
A día de hoy esta tecnología solo está al alcance de unas pocas personas y empresas que puedan salirse de este círculo vicioso, adquiriendo sistemas totalmente seguros donde la finalidad real sea la protección total de las personas, empresas o propiedades. ¿Qué pasa con el resto de los mortales?, nos limitamos a adquirir una seudoseguridad para acallar esa intranquilidad diaria.
Solo faltan 5 años para la finalización de la moratoria de la INT316/11, realmente los usuarios finales no saben lo que va a ocurrir el 12 de agosto del año 2021, si tuviésemos que acatar las leyes, todas las empresas se seguridad tendrían que tener en su receptora de alarmas solo aquellas alarmas que cumplan con la INT316/11 y la famosa EN50131.
Me invade cierto desconcierto sobre lo que puede pasar, entre que las pequeñas empresas de seguridad que no puedan asumir a coste cero la actualización de los sistemas de seguridad de sus clientes y lo que va a pasar con las grandes.
Si las leyes son tajantes con la moratoria solo las empresas más grandes serán las grandes beneficiadas quedándose con todo el parque de sistemas que no cumplan la norma, y con la certeza del cese de numerosas empresas de seguridad debido a la fuga de sus clientes.
En el otro caso en que la moratoria por seguridad privada a la actualización de los sistemas decida posponerla o modificarla eso significará cierto respiro pero del todo, ya que pueden aprovechar las grandes empresas de seguridad en la realización de campañas agresivas ante dicha situación.
La autofinanciación de los sistemas de alarma por parte de las empresas se seguridad creará una desigualdad entre las grandes y pequeñas, reduciendo a la mínima expresión el volumen de clientes entre las pequeñas no autosoportándose su estructura financiera. Supongo que todo el mundo sabe cuál serán las favoritas pero ¿y el resto?....LEER NOTICIA COMPLETA.
CVA-SEGURIDAD PRIVADA
Se presentaron cien denuncias por intrusismo en seguridad privada en 2015
Se presentaron cien denuncias por intrusismo en seguridad privada en 2015
Cerca de un centenar de denuncias por intrusismo en el sector de la seguridad privada, tanto a empresas no autorizada como a personal no habilitado, se presentaron en 2015 en la Comunitat Valenciana.
Estos datos han sido dados a conocer hoy por el delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, durante la reunión de la Comisión mixta de Seguridad privada, a la que se han sumado tres asociaciones más: Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), Asociación Europea de Directores de Seguridad (EADIS) y Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y Servicios (APVSS).
Según Moragues, es importante coordinar y formar el personal de seguridad privada, proponer criterios de homogeneización y fomentar el intercambio de buenas prácticas.
El sector de la seguridad privada tiene una normativa específica que debe ser garantizada y por ello, ha dicho, "no hemos de escatimar esfuerzos en la lucha contra el intrusismo".
Desde la Delegación del Gobierno se promoverán jornadas formativas y reuniones sectoriales en las que se ponga de relieve la importancia de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las instituciones o personal necesario en su reconocimiento e identificación.
Asimismo, se trabaja en hacer publicidad y sensibilización de la Ley de Seguridad Privada en las Juntas Locales de Seguridad así como en los Ayuntamientos y reuniones específicas con el sector para buscar fórmulas para que las contrataciones no se hagan por debajo del precio y se luche contra el intrusismo y las malas prácticas.
El sector de la seguridad privada en la Comunitat está compuesto por 16.723 profesionales y 275 empresas de seguridad. Las compañías privadas de seguridad tienen una facturación de 3.300 millones de euros y suponen más de 7 % del conjunto del Estado.
A la Comisión han asistido los subdelegados del Gobierno en las tres provincias, el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, José Javier Cuasante, el secretario jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada Cuerpo PN Valencia, José Luis Pozo Ruiz, el jefe de la Sexta Zona de la Guardia Civil, Fernando Santafé, y el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Angel.
También han estado presentes representantes de la Federación de Municipios y Provincias, y de las asociaciones de empresas de seguridad como ESA-CV, AVAESE, APROSER, AVADISE, APDPE, ANADPE, EADIS, Asociación Guardas rurales, los sindicatos UGT, CCOO y USO....LEER NOTICIA COMPLETA.