En España, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la controvertida reforma de la Constitución por la que el país se asegura un límite al déficit fiscal mediante su más alto rango normativo.
Con los votos favorables a la reforma del partido del Gobierno -el PSOE- y del mayor partido de la oposición -l Partido Popular (PP)- a los que se agregaron algunos partidos más pequeños, sumaron 316 papeletas afirmativas, frente a 5 votos negativos y ninguna abstención.
Varios grupos minoritarios abandonaron el hemiciclo poco antes de iniciarse la votación de las enmiendas, alegando su frontal oposición tanto a las formas como al fondo utilizados para llevarse a cabo esta reforma.
Tras el visto bueno del Congreso, que tiene lugar pocos días después de una reciente recomendación francoalemana, la reforma constitucional continuará su periplo legislativo, trasladándose al Senado, previsiblemente el 06/09.
Con la introducción de esta regla fiscal, el Parlamento español reformará del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, que impedirá, mediante ley orgánica, un déficit superior al 0,4 por ciento del producto interior bruto a partir de 2020 para el conjunto de las administraciones públicas.
Esta reforma, que partió del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encontró eco en la canciller alemana, Angela Merkel, quien el jueves felicitó personalmente al jefe del Ejecutivo español por la iniciativa.
El portavoz del PSOE reiteró que con esta reforma se pretende proteger la estabilidad de la zona de euro y las políticas sociales ante los embates de la crisis económica.
"Necesitamos esta reforma para garantizar el bienestar de los ciudadanos. En España y en el conjunto de la Unión Europea no podemos permitirnos dilación alguna", dijo José Antonio Alonso.
Por su parte, la portavoz del PP defendió la reforma al considerarla urgente e imprescindible ante la gravedad de la situación económica y financiera.
"La reforma que presentamos es imprescindible para la recuperación económica, clave para financiar el estado del bienestar y esencial para respaldar la confianza en nuestro país", dijo Soraya Sáenz de Santamaría.
Los partidos minoritarios en el Congreso, los principales sindicatos por afiliación - Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores - y varias plataformas ciudadanas se han opuesto enérgicamente a esta reforma por considerar que golpea el estado del bienestar además de abordarse al margen del voto ciudadano por no incluir un referéndum.
De hecho, los dos sindicatos mayoritarios han convocado diversas concentraciones y movilizaciones entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre para exigir un referéndum para la modificación de la Constitución.
Hasta ahora, la Carta Magna española solo ha experimentado desde su promulgación en 1978 una reforma por el procedimiento de urgencia cuando en 1992 fue adaptada al Tratado de Maastricht para que pudieran votar los extranjeros en elecciones locales.
FUENTE: www.urgente24.com